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Las reformas fiscales impulsadas por el gobierno aumentarán los gastos administrativos de las empresas entre el 15% a 20%, debido a que deberán incurrir en costos adicionales para su implementación.

Tal aseveración no proviene de un neófito en la materia sino que es la apreciación de Otto Carin Guzmán, gerente de servicios fiscales de la firma de auditoría Price Waterhouse & Cooper/López Salgado y Compañía.

Para el analista, las empresas incurrirán en mayores costos porque deberán contratar nuevo personal (asesores fiscales), implantar nuevos sistemas informáticos y cambiar esquemas de facturación.

Las leyes tributarias en sí tienen varios objetivos generales como mejorar la recaudación tributaria, fortalecer la capacidad de recaudación, control y cobranzas por parte de la administración tributaria, y cerrar las fuentes de evasión y elusión fiscal.

Guzmán considera que está bien que se quiera aumentar la base tributaria, y añade que si bien podrá bloquearse la elusión, será difícil hacer lo mismo con la evasión, “porque el que es evasor siempre seguirá evadiendo y si no, que vayan al mercado central”, señaló.

Intervención

Con estas reformas, la intervención en las actividades empresariales será más obvia, porque cuando el fisco requiera que le envíen información o que las firmas se conecten en línea con el servidor del Estado, el objetivo será controlar a todos los pequeños y medianos contribuyentes que no declaran impuestos.

“Esto significa costos adicionales de entre un 15 ó 20% en el campo administrativo e impositivo para las empresas en general, pero principalmente para las grandes”, dijo.

Así como está la ley, las grandes empresas tales como Freund, Goldtree Liebes y La Constancia, entre otros, ayudarán a controlar a todos los proveedores y clientes que tienen abajo, dijo. Lo grave de esto es que la responsabilidad, agregó, se le asigna a la empresa privada, que no recibe ninguna compensación por prestar ese servicio.

Para el auditor financiero, otro problema de la legislación es que genera un desincentivo a la inversión extranjera lo cual implica fuga de capitales.

“A las empresas extranjeras no les cobra un cinco, quedando el único incentivo de la mano de obra, pero si otra empresa le vende servicios a una maquila, por ejemplo, tiene que cobrarle el impuesto de IVA, porque la ley no es clara sobre las zonas francas”, razonó.
En ese sentido, Guzmán explicó que hay empresas grandes que ya están pensando en sacar sus negocios de El Salvador.

Ese es el caso de los emisores de tarjetas de crédito internacional. Guzmán detalló que esas empresas están buscando liquidar operaciones (emitir tarjetas) desde Panamá con el propósito de no afectar a sus afiliados locales.

Temor

“Mucha gente está pensando en solicitar una tarjeta internacional de Panamá, Estados Unidos o donde sea, pero que no se liquide aquí porque tienen miedo que le controlen su consumo”, dijo.

La modificación de ley plantea que los contribuyentes que reciban pagos con tarjeta de crédito, sea por compra de un bien o prestación de un servicio, deberán enterar en concepto de adelanto de IVA el 2% del valor del bien o del servicio.

Control. Las empresas ayudarán a controlar a contribuyentes.Foto EDH

Dicho anticipo será percibido por los emisores o administradores de tarjetas de crédito, quienes se convierten en agentes de percepción, y se realizará cuando paguen a sus afiliados las sumas por las transferencias de bienes o prestación de servicios realizadas por dichos afiliados a los tarjetahabientes del país.

El Diario de Hoy trató de localizar al director general de impuestos internos, Luis Barahona, para que ofreciera la versión de Hacienda sobre los puntos criticados por Carin Guzmán, pero fue imposible localizarlo.

Igual se quiso conocer la opinión del director de fiscalización, José David Avelar, pero tampoco se le pudo contactar.

Más temores en el sector privado

La reforma fiscal traerá cambios radicales para las grandes empresas y para los inversionistas extranjeros, que podrían desincentivar su presencia en el país.

Una normativa que no ha sido del agrado del sector privado es la obligación de estar conectados con el fisco, es decir, mantener en línea sus operaciones con Hacienda, para que esta pueda monitorear todas las ventas y transacciones que se registren.

Otra disposición señala que las empresas no radicadas que presten servicios en el país serán gravadas con el 20%, aunque no se encuentren físicamente en nuestra nación.
También se establece la obligación para los grandes contribuyentes de convertirse en agentes de percepción y de retención.

Serán agentes de retención cuando por cada compra que realicen retengan a su proveedor el 1% de IVA anticipado. El problema es que la compañía pasa a financiar al fisco con ese gravamen adelantado.