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Guatemala se retracta por TLC

Reforma. El gobierno de Guatemala cambiará decreto de patentes médicas, por advertencia de EE.UU. Economía asegura a farmacéuticos que no hay marcha atrás


Publicada 29 de diciembre 2004, El Diario de Hoy

Impacto. La norma sobre protección a 25 medicamentos causó los roces con EE.UU.Fotos EDH



Guadalupe Trigueros
El Diario de Hoy

negocios@elsalvador.com

El vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, anunció ayer que pedirá a la Asamblea Legislativa modificar la redacción del decreto que libera la venta de medicamentos y agroquímicos genéricos, tras considerar que el mismo contradice el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se firmó con Estados Unidos.

La posición del gobierno guatemalteco se produjo 24 horas después de un severo comunicado enviado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en el que se le advertía al país que no habría TLC para toda Centroamérica, mientras el decreto no fuera enmendado.

Las reformas a la Ley de Propiedad Industrial, vigente desde el 23 de diciembre, eliminan la protección de cinco y diez años otorgada a los datos de prueba de los fármacos y agroquímicos, adicionales a los 20 años permitidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La anulación facilita que los fabricantes guatemaltecos elaboren productos genéricos y más baratos, una vez vencidos los 20 años otorgados a las marcas de los laboratorios transnacionales.

Esta versión, según Estados Unidos, riñe con el TLC, acuerdo en el cual los países se comprometieron a proteger con cinco y diez años más los datos de prueba o fórmulas de las grandes marcas de medicamentos y agroquímicos.

“La manera en que quedó redactado se puede prestar a problemas con el TLC con Estados Unidos y el acuerdo de París (de la Organización Mundial del Comercio)”, declaró el vicepresidente Eduardo Stein al periódico Prensa Libre.

Según el funcionario, el decreto fue sancionado por el presidente Óscar Berger, debido a un compromiso asumido con la industria de los genéricos.

Pero, en enero solicitará a los diputados que lo ayuden a corregir el artículo que se refiere a los cinco y diez años de protección de los datos de prueba, agregó Stein.

Expectativa

Sin embargo, el Ministerio de Economía ha informado a la Asociación de Industriales Farmacéuticos Guatemaltecos que no habrá cambios.

“Tenemos información oficial del Ministerio de Economía de que el gobierno nova a dar marcha atrás”, enfatizó a El Diario de Hoy Luis Velásquez, presidente de la Asociación.

Explicó que la única forma de derogar el decreto es seguir todo el proceso en la Asamblea Legislativa, lo cual podría suceder el 23 de febrero de 2005, ya que para modificar una ley deben transcurrir por lo menos 60 días.

Velásquez sostiene que tal vez el gobierno se refiera a alguna especie de reglamento, pero aún así, dicha vía debe respetar lo que dice el decreto aprobado, ya que de lo contrario debe derogarse, enfatizó el empresario.

En Washington, algunos congresistas a favor y en contra del Tratado enviaron una carta al presidente George Bush, en la que le urgen preservar en los TLC la posibilidad de los países en desarrollo de obtener medicinas más baratas, ya que los plazos de diez y cinco años imposibilitan a estas naciones contar con medicamentos accesibles, en épocas de emergencia.

Entre otros, la misiva es firmada por Sander Levin y Xavier Becerra, dos reacios al TLC, y por Charles Rangel, promotor del mismo.

Lo acordado por la región con EE.UU.

Los negociadores centroamericanos y estadounidenses acordaron que la protección de patentes de las marcas más influyentes demedicamentos quede para 20 años y no para 30.
Inicialmente, Estados Unidos insistía en que en el marco del TLC, los países centroamericanos se limitaran a importar fármacos elaborados en los propios laboratorios dueños de las marcas que dominan el mercado.

Pero, una vez rota la barrera de las patentes, se accedió a que en el TLC los países hagan importaciones paralelas: marcas propias de laboratorios y las de origen genérico, o comprar en los laboratorios locales, según informes de la Oficina de Apoyo al Sector Privado (Odasp), de El Salvador. No hay obligación de proteger la propiedad de segundos usos.





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