Contestando editorial
Posición de trabajadores jubilados y pensionados

En El Salvador, señor Director, “nadie extraña la lamentable situación por la que pasan los pensionados”, los patronos se apropian de las cuotas que descuentan a los trabajadores; el Estado no paga la parte alícuota que le corresponde

El Diario de Hoy
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La ley que creó el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), se dictó el 24 de octubre de 1975, publicada en el D.O. No. 198, T. 249, de la misma fecha. Sus propósitos esenciales fueron de manejar e invertir sus recursos económicos para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte de los empleados públicos, con porcentajes aportados por los trabajadores, los patronos y el Estado.

Cierto, como lo afirma el editorial, que los sistemas de pensiones han sufrido reveses y daños profundos en las diferentes latitudes del mundo. Pero cierto, también, señor Director, que allí donde se han producido esos dañosos efectos jamás los estados han evadido la responsabilidad de proteger la invalidez, vejez y muerte de sus trabajadores, porque ellos —los trabajadores— han aportado su fuerza, su creatividad, su sacrificio familiar a forjar estados sólidos, cambiantes y progresivos.

Los países de Europa sufrieron la cruel y devastadora II Guerra Mundial, que dejó en el suelo a ciudades completas e instalaciones industriales de todo tipo; Estados Unidos ha experimentado quiebras profundas en sus sistemas bancarios y económicos; Japón fue víctima de la muerte de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y aún sobreviven generaciones que fallecen lentamente comidas por el cáncer, países en donde se pagan pensiones a millones de lisiados de guerra.

Y, en todas esas y otras naciones del mundo se ha protegido con más vigor a sus trabajadores, protegiendo a los inválidos y viejos, en reconocimiento pleno de los esfuerzos que pusieron para levantar a las naciones progresistas y cuyas muertes son un orgullo.

En El Salvador, señor Director, “nadie extraña la lamentable situación por la que pasan los pensionados”, los patronos se apropian de las cuotas que descuentan a los trabajadores; el Estado no paga la parte alícuota que le corresponde o —si la paga— lo hace con bienes del Estado; el Estado mismo sufre la lacra de la corrupción, en donde millares de millones de dólares desaparecen en quiebras financieras y lavados de dinero, que jamás se investigan o son protegidos con “testigos criteriados”.

Como verá, señor Director, los puntos de vista de la Asociación de Trabajadores Jubilados y Pensionados de El Salvador (Asotrajupdes), también deberán ser tomados en consideración, para concluir con el pensamiento editorial de su periódico: “Que nadie se extrañe de la lamentable situación por la que pasan los pensionados”, concluyendo que este problema hondamente social debe de buscársele pronta solución, para ser consecuentes con los tratados internacionales de los derechos humanos de los cuales El Salvador es signatario.

Mario Roberto Montecino Méndez, presidente.
José Israel Rivas Saravia, secretario.

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