Carlos
F. Herrera A.*
El Diario de Hoy
editorial@elsalvador.com
Según estadísticas que con frecuencia se publican, en El
Salvador tenemos la electricidad más barata de Centro América.
La Cel asegura que el próximo año no habrá problemas
de abastecimiento, pues sus embalses están llenos. Se publicitan
por todos lados grandes obras de infraestructura eléctrica. Si
embargo, la oficina de la Comisionada Presidencial para la Defensa del
Consumidor ha manifestado que el 23 por ciento de las quejas recibidas
en lo que va del año proviene del rubro electricidad. Ninguna otra
actividad produce tantas. Algo aquí no cuadra.
La irritación popular sobre el tema eléctrico es evidente.
La energía a precios bajos que se ofreció cuando se privatizó
el sector no aparece por ningún lado. La calidad general del servicio
es mediocre o, en todo caso, no corresponde al nivel al que se cobra.
Alto costo y mal servicio son los causantes de una percepción generalizada
de indefensión, que sofoca las economías ciudadanas y es
lastre para los esfuerzos que otros sectores hacen para mejorar las condiciones
generales del país.
En países en donde se ha privatizado el sector eléctrico,
el sistema funciona y favorece con sus bondades a las grandes mayorías.
Aquí, en cambio, la cosa no va bien, a pesar de que el proceso
implantado es copia mejorada y probada con éxito en esos países.
La causa del pobre desempeño del sistema implantado radica en el
tipo de mercado que se creó, cuya característica más
relevante es su desequilibrio y rigidez.
La competencia, interacción dinámica entre oferta y demanda,
no existe y no se vislumbra esfuerzo alguno por crearla; lo que prevalece
es una suerte de mercado cautivo, servido por un monopolio de facto. En
el área de generación, las empresas participantes venden
la energía que generan a precios de oportunidad no basados en costos
de producción, hecho cierto para el caso del mayor generador del
mercado, el Estado salvadoreño. Lo anterior es así, porque
en esta actividad no han aparecido, por las razones que sean, alternativas
eficientes más baratas y porque el Estado, que genera la energía
más barata del mercado, no utiliza esa condición para inducir
competencia en el sector y producir reducciones en el precio de venta
de la electricidad.
En el sector de transmisión, la Ley General de Electricidad indica
que es la Unidad de Transacciones (UT), que opera la red nacional de transmisión
eléctrica y el llamado mercado mayorista, siendo este último
el que ejecuta el llamado despacho programado de carga a través
de la red de transmisión y se basa en las transacciones de compraventa
entre generadores y comercializadores. La UT se maneja como una empresa
privada, su organismo decisorio reside en manos de participantes de mercado
provenientes del lado de la oferta, establece los cargos por el uso de
la red de transmisión, cuyos montos se suman al valor de la energía
generada y son pagados por el consumidor último.
La ausencia de representación del lado de los consumidores ante
la UT resta credibilidad al proceso y fomenta la distorsión de
precios de comercialización. En el área de distribución,
el panorama es igual, la competencia no existe, el mercado está
copado por dos empresas, una de ellas propietaria de cuatro de las cinco
compañías distribuidoras del país, sus cobros por
el uso de redes y por los otros servicios que prestan, formulados desde
una posición dominante de mercado, son causa frecuente de descontento.
Además, la calidad del servicio que prestan es deficitaria, lo
cual sugiere que no se están efectuando las inversiones para mejorarla,
requeridas por ley.
En cuanto a la comercialización, es decir, la venta al cliente
último, de nuevo las dos empresas que poseen las cinco distribuidoras
comercializan cerca del ochenta y cinco por ciento de la energía
eléctrica ofertada. En teoría, aquí se deberían
dar los mayores niveles de competencia, sin embargo, las prácticas
empresariales e influencia de estas dos empresas son tan fuertes que han
inhibido el desarrollo de competidores de significación.
Por su parte, la Siget es responsable de regular los aspectos operativos
del proceso, incluida la aprobación de cargos por el uso de las
redes de transmisión y distribución y el desarrollo de un
mercado eléctrico competitivo. En retrospectiva podemos afirmar
que la Siget ha cumplido a medias su papel regulador y no ha avanzado
en el desarrollo del mercado. Preocupa su deficiente aplicación
de una regulación incompleta que permite que se castigue a los
consumidores con cobros abusivos y la ausencia en su estructura orgánica
de una gerencia de mercado que cense, investigue, proponga y consense
medidas que dinamicen el mercado energético y promuevan su equilibrio.
También le afecta su tibieza en hacer que algunos participantes
del mercado, en especial las distribuidoras, cumplan sin mayor dilación
con los estándares de calidad de servicio y ejecuten los programas
de inversiones en expansión y mejoras a las redes que operan.
¿Qué hacer entonces? Es urgente la revisión del marco
legal que norma el mercado eléctrico actual. Tal revisión
debería orientarse a crear, por fin, un verdadero mercado o endurecer
la regulación actual para que actúe como competencia y debe
promover el protagonismo de los consumidores en el mercado eléctrico
y el respeto a sus derechos. Cualquiera que sea el resultado de la revisión,
la Siget deberá emerger de ella con suficientes dientes y garras
para cumplir a cabalidad su papel de regulador y promotor de un mercado
eficiente.
Por otra parte, la Cel debe emigrar de su papel como otro participante
más del mercado, a uno en donde sea efectiva contraparte en el
esfuerzo por conseguir un abastecimiento de electricidad confiable y a
precios justos, apoyando los esfuerzos del gobierno central y la sociedad
en general para promover la paz social y la vida productiva en nuestro
país.
*Ingeniero, MAE. cfherrera@ntegra.com.sv
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