La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) advirtió al gobierno de Guatemala que no someterá a votación el Tratado de Libre Comercio (TLC), en el Congreso, en enero, mientras no elimine un decreto que libera la venta de medicamentos genéricos y agroquímicos, en contradicción con el acuerdo firmado.

“Para que podamos presentar al Congreso de EE.UU. el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica para su aprobación, es necesario que todos los participantes cumplan con estas disposiciones”, cita el comunicado divulgado por la embajada estadounidense en Guatemala, al que El Diario de Hoy tuvo acceso.

Las reformas a la Ley de Propiedad Intelectual de Guatemala no anulan la protección de 20 años establecidas para las patentes creadas, pero sí eliminan la posibilidad de proteger con cinco y diez años adicionales los llamados datos de prueba de los medicamentos e insumos agrícolas, respectivamente, explicó Luis Velásquez, presidente de la Asociación de Industriales Farmacéuticos Guatemaltecos.

Añadió que la enmienda impide que las transnacionales prorroguen el monopolio de los productos más allá de los 20 años de protección y permitirá que los laboratorios locales fabriquen sus propias versiones de medicamentos o agroquímicos, con precios más bajos al consumidor.

Pero esta reforma disgustó a Estados Unidos y tiene en vilo al resto de la región. “Estamos muy decepcionados de que Guatemala haya tomado una medida que incumple los compromisos adquiridos bajo el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica”, recalca el comunicado de la embajada.

Presión regional

La decisión estadounidense afecta a toda Centroamérica, cuyas autoridades han comenzado a conversar con el gobierno de Guatemala, para evitar consecuencias negativas.

Robert Zoellick, encargado de la USTR, y su asistente, Regina Vargo, se comunicaron con las autoridades de cada país centroamericano para informarles sobre el caso con Guatemala y las medidas a implementar.

Yolanda de Gavidia, ministra de Economía, confirmó que hubo comunicación con las autoridades estadounidenses al respecto, el pasado 23 de diciembre.

Esa misma fecha, dijo, El Salvador contactó a Marcio Cuevas, ministro de Economía de Guatemala, quien les informó que esperarán a que la Asamblea Legislativa regrese de vacaciones, en enero, para someter el TLC a votación y buscar una alternativa con el decreto mencionado.

“El problema tiene que superarse, porque El Salvador ya ratificó el Tratado y no es justo que uno de los países afecte al resto”, comentó la Ministra salvadoreña.

Antes de que la embajada estadounidense divulgara el comunicado, Enrique Lacs, viceministro de Economía de Guatemala, había dicho a El Diario de Hoy que Estados Unidos no condicionaba el envío del Tratado al Congreso, a eliminar el decreto de las patentes.

“No hay amenazas ni condiciones. A Estados Unidos le preocupa que nuestra ley vaya a generar más oposición en el Congreso estadounidense, adicional a la que ya existe con los azucareros y textileros”, comentó.

Firmes

El funcionario consideró que no debe haber preocupaciones, porque la medida no golpeará a la industria estadounidense, en vista de que Guatemala importa sólo un 1% de medicamentos provenientes de ése país.

El decreto aprobado, que ya es ley nacional, será más claro cuando se elabore el reglamento de aplicación del mismo, el cual respetará las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), advirtió.

El presidente de la asociación de farmacéuticos, Luis Velásquez, explicó que la OMC establece que no debe haber plazos adicionales a los 20 años de protección.

El comunicado, que resume la posición de la USTR, señala que el presidente de Guatemala, Oscar Berger, se comprometió a resolver el caso en enero: “Tenemos entendido de que el presidente Berger se propone corregir este problema en enero, para que Guatemala cumpla con las obligaciones asumidas según el TLC. Uniremos esfuerzos con Guatemala para lograrlo”.

Sin embargo, hasta ayer por la tarde, el gobierno no había informado nada al sector farmacéutico sobre alguna derogación o cambios al decreto. Según Velásquez, el Estado tampoco podrá modificar la ley, mediante el reglamento de aplicación, ya que deberá ajustarse a lo aprobado por los diputados, a petición de la industria.

Mario Ancalmo, presidente de la Asociacion de Industrias Químico Farmaceúticas (Inquifar), de El Salvador, dijo que el TLC firmado por el país contiene plazos de cinco años que protegen los datos de prueba de los medicamentos, pero no se define la aplicación de algún reglamento al respecto.

Mientras no exista el reglamento, dijo, se entiende que el plazo de cinco años de protección no es adicional a los 20 que ya existen.

Una reglamentación ideal para Inquifar sería aquella que defina el concepto de droga nueva en el mercado mundial y crear patentes paralelas, para evitar monopolios.