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José Luis Henríquez
El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com

La reforma fiscal obligarán a las empresas que cuentan con sistemas de facturación electrónica o computarizada a mantener sus operaciones en línea con el Ministerio de Hacienda.

De esa manera, toda transacción, venta o prestación de servicios que realice una compañía quedará registrada en la base de datos de la administración tributaria, en la medida que se vaya realizando, así como la que corresponda a las anotaciones en los registros contables y libros de control del IVA.

Luis Barahona, titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), señaló que aunque la ley no dice de forma expresa que tal disposición aplica a los grandes contribuyentes, eso está implícito porque únicamente ese segmento tiene autorizados sistemas electrónicos.

“La obligación de transmitir los datos en línea todavía no es aplicable a los contribuyentes, y será la administración tributaria la que dictará la fecha de cuándo entrará a regir”, dijo.

En opinión del funcionario, no se puede obligar a todos los empresarios a tener sistemas electrónicos, porque si bien se tienen antecedentes de que un sector de la gran empresa si lo hace, muchos no están preparados o apenas han manifestado su intención de querer incorporarse.

La medida con aparentes buenas intenciones no es del todo vista con agrado por el sector privado. La Cámara de Comercio, por ejemplo, advierte que la información que se solicitará le dará al fisco más atribuciones de las que le corresponden.

“Eso no nos parecía (cuando se formuló el anteproyecto) e incluso fue parte de nuestras observaciones, para que los datos se proporcionaran sólo con una orden dictaminada por un juez”, dijo el gerente técnico de la Cámara, Mario Magaña.

El problema es que al quedar abierta -la base de datos- podría dar lugar a arbitrariedades, y los auditores fiscales tendrían más información de la que realmente necesitan, pues basta con que tengan acceso a los libros contables y demás registros, enfatizó.

De igual manera se pronunció el director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, al manifestar que el temor de las empresas es que puedan darse a conocer informes privados que podrían ser usados por personas que no deberían tener acceso a los mismos.

“Creemos que hay diversas formas de fiscalizar a una empresa sin llegar a ese grado de control de los datos, pero ahora ya es ley y no podemos objetar nada, aunque estos deben manejarse con mucho cuidado”.

Entre las variables que por razones de estrategia no quieren que sean conocidas, los gremios señalan los costos, los precios de compra y de venta de diferentes insumos, quiénes son los clientes de una firma o cualquier aspecto clave que afecte sus operaciones, y que no quieren que sea conocido por la competencia.

“Uno no sabe a quien irá a parar esa información pues aunque nos dijeran que solo el director de impuestos internos la verificará eso es imposible, porque la manejarán cantidad de funcionarios”, sentenció Magaña.

Otro aspecto que generará algún nivel de complicación es la compatibilidad del software y equipos de las empresas y de Hacienda porque implicarán algún grado de inversión, lo que significará mayores costos de operación.

Barahona explicó que los emprendedores que deseen autorización para facturar con equipos electrónicos deben primero ponerse de acuerdo con los técnicos informáticos de Hacienda, para compatibilizar sistemas y programas.

Luego deben realizar pruebas piloto y hasta que ya funcionen los nuevos esquemas, se procedería a concederles el permiso oficial.

El aval de la administración tributaria tarda en promedio 15 días.

Declarantes

Los registros fiscales indican que hay 102,000 declarantes de IVA y 287,000 de renta. De estos 2,700 son grandes contribuyentes y 7,000 son medianos.

Estos parámetros se basan en las operaciones declaradas en el año.

Un gran contribuyente en la zona central es aquel con ingresos iguales o mayores a un millón de dólares, mientras que en oriente y occidente son los que registraron ingresos iguales o mayores a $500,000.

Los medianos contribuyentes en la zona central son quienes tienen ingresos de $50,000 anuales o más con un impuesto generado de $5,000, en el área occidental son aquellos con ingresos de $25,000 o más con impuestos de $3,000, y en la zona oriental los que registran $20,000 o más e impuestos generados de $2,500.

“Hay diversas formas de fiscalizar a una empresa sin llegar a ese control de datos; creemos que esto debe manejarse con cuidado”.
Jorge Arriaza
Director ejecutivo de la ASI