Sin vida
Ley de Partidos políticos estancada

Paquete. El Tribunal Supremo Electoral propuso cuatro nuevas normativas, pero la que regularía a las agrupaciones ha sido ignorada. El actual Código se queda corto para regular el financiamiento de las campañas proselitistas. Objetan que se quiera uniformar mecanismos.

Publicada 20 de diciembre 2004, El Diario de Hoy

Responsables. La Comisión Política de la Asamblea reúne a los líderes de los partidos políticos, quienes deben avalar el estudio de la nueva normativa. Foto EDH

Regina Miranda
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

En la actualidad, el país no cuenta con una ley que regule el funcionamiento y desarrollo de los partidos políticos dentro del ámbito electoral, mucho menos de una entidad que fiscalice aspectos del gasto público durante los períodos de campaña proselitista.

La necesidad de controlar las actividades de los grupos de diferentes ideologías llevó a los ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a presentar ante la Asamblea Legislativa, en noviembre de 2002, un anteproyecto de Ley de Partidos Políticos.

Esta iniciativa, como algunas otras, integró ese conjunto de expedientes al que los diputados dejan en el olvido, ya que, desde su entrada al Primer Órgano del Estado no ha sido rescatado de las gavetas para su discusión. El documento forma parte de un paquete de cuatro sugerencias de cambios legales.

El organismo colegiado también ha pedido enmiendas al Código Electoral, Ley Órgánica del TSE y Procedimientos Electorales.

“Siempre, después de las elecciones, se ponen de moda las reformas, después pasa el tiempo y ahí quedan”, expresó Julio Hernández, ex magistrado electoral por el FMLN.

Los legisladores de la Comisión de Reformas Electorales, encargados del estudio de estas iniciativas, han retomado ciertos temas de la moción de los magistrados, pero la Ley de Partidos Políticos se ha quedado sin discusión o al menos un estudio superficial.

El anteproyecto cuenta con 80 artículos, que establecen nuevas disposiciones para estructurar el sistema electoral en vigencia.

Fiscalización

Para Hernández, el documento posee dos asuntos controversiales para los políticos: la fiscalización del patrimonio y el régimen interno de las formaciones.

El farabundista considera importante contar con una Ley de Partidos, debido a que el Código Electoral se limita a la creación y cancelación de los grupos, y no a mantener una regulación de éstos.

Sin embargo, a juicio de los diputados, existen ciertas disposiciones en el documento que se hacen necesarias para llegar a fortalecer los procesos electorales del país.

Por ejemplo, después de culminado un período de campaña electoral, los dirigentes de los partidos políticos no rinden informe a la Corte de Cuentas, entidad encargada de velar por la administración del patrimonio del Estado, sobre el uso que las organizaciones hacen del financiamiento gubernamental que les fue entregado, es decir, la deuda política.

Ante esta interrogante, los parlamentarios respondieron con no ejecutar el procedimiento, no porque no lo desean, sino, porque la contraloría simplemente no lo realiza y mucho menos lo exige.

“No hay ninguna fiscalización, sino que queda en la honradez de cada partido de establecer en su contabilidad lo que percibe y cómo hace sus desembolsos y, en esa medida, poder justificar”, expresó Agustín Díaz Saravia, diputado pedecista del grupo de René Aguiluz.

El Artículo 68 del Anteproyecto establece que los “partidos deberán presentar ante la Corte de Cuentas sus estados financieros de la gestión, auditados por firma calificada, en los seis meses siguientes a la declaratoria de firmes de los resultados electorales”.

Es decir que el apartado exige la rendición de cuentas respecto a los ingresos partidarios, finalizado el período electoral.

Otro aspecto importante del escrito es que el Artículo 62 no sólo exige a la entidad fiscalizadora indagar el financiamiento estatal, sino que también permite controlar los recursos recibidos o aportaciones económicas hacia los grupos políticos.

Con esto, los partidos deberán notificar las donaciones o contribuciones que reciban de instituciones o simpatizantes.

Respecto a este apartado, los diputados no mostraron mayor rechazo a dar a conocer el origen los recursos obtenidos de particulares u otras fuentes de ingreso.

“Que yo sepa, nunca se ha hecho público las donaciones privadas que recibe un partido político. Un dinero donado a los partidos es potencialmente público”, indicó el farabundista Arnoldo Bernal.

Pero el documento del TSE no sólo pide inspeccionar a la entidad gubernamental de los gastos estatales, sino también para los aportes o recursos privados que reciban.

“No podemos saber si los fondos que ingresan a los partidos políticos son sanos”, dice Julio Hernández.

Lejos de la realidad

Según Gloria Salguero Gross, comisionada presidencial para la Gobernabilidad, el tema de los aportes privados intimida a los partidos, ya que no les convendría revelar quién o quiénes financian las campañas proselitistas.

“Hay varias instituciones que les dan donaciones a los partidos. No les gustaría que se les nombrara públicamente, eso llegaría a reducir las fuentes de ingresos”, opinó Salguero Gross.

También considera difícil la posibilidad de que el país cuente con una ley de este tipo, ya que la práctica es diferente a las palabras.

Después de dos años, el tema no es motivo de debate para los parlamentarios.

Políticos tienen diferentes posturas

Documento presentado

El anteproyecto tiene disposiciones que no son del agrado de los partidos políticos.

Fiscalización
Corte de cuentas en alerta
Según el Artículo 62 del documento, la entidad gubernamental tiene la competencia para verificar los fondos recibidos por los partidos, sean éstos de origen estatal o privado.

Restricciones
Aportes financieros
El Artículo 53 establece que los dirigentes de los grupos políticos no podrán recibir donaciones de gobiernos o entidades extranjeras, ni de carácter anónimo, excepto las colectas públicas.

Control interno
Régimen de autoridades
Todos los partidos tendrían la obligación, según el proyecto, de comunicar al Tribunal todo cambio de miembros de su máximo organismo, a través de un acta, lo cual determina el Artículo 16.

Límites
No se permite la doble afiliación
El proyecto de decreto prohíbe que un ciudadano inscrito en un partido político pueda militar en otro. La proscripción se amplía hacia los líderes religiosos, militares, policías y presos.

Nueva normativa regirá para todos los inscritos

Para los parlamentarios, debe existir una ley general que regule el régimen de los grupos políticos, sin tener preferencias por un grupo político en particular.

Vinicio Peñate, del CDU, expresó que se debería crear una normativa general que debería contemplar una justicia electoral, ya que, a su juicio, en el país no se han administrado las sanciones pertinentes.

“Por ejemplo, la campaña presidencial pasada de ARENA fue un masivo abuso de la plata que tenía... Yo lo que digo es que todo eso es cierto, pero quienes actuaron evaluaron con total claridad que tienen los vacíos de la actual ley que es el Código Electoral, respecto a las líneas de financiamiento”, ejemplificó Peñate.

Agregó que no existe una autoridad que no es capaz de administrar sanciones para los partidos que infringen la ley.

“Aquí meten y meten denuncias a los tribunales y ahí quedan”, sostuvo.

Sin embargo, Guillermo Gallegos, de ARENA, no comparte la misma idea de su compañero legislador.

Para el tricolor, se tiene que elaborar una ley marco en la que cada partido pueda deducir sus competencias políticas.

“Se deberá conformar una ley de partidos sin entrar a querer uniformar métodos, formas de convicción.

Cada partido político debe tener su autonomía; una ley no puede marcarnos a todos a actuar de una solo manera.

Nos constituimos de una forma diferente, tenemos nuestros mecanismos de elección de formas y maneras diferentes”, sostuvo el diputado arenero.