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Otra prórroga a botaderos

Petición. El ministro del Medio Ambiente, Hugo Barrera, pidió a los legisladores un nuevo plazo de dos años para que las alcaldías puedan seguir tirando los desperdicios sólidos a cielo abierto. Según el funcionario, sólo siete comunas no han presentado el estudio de impacto ambiental exigido. Los diputados manifestaron que el tema será discutido posteriormente en la comisión. Nunca se ha obedecido la legislación

Publicada 14 de diciembre 2004, El Diario de Hoy

Ley de medio ambiente
Art.107-

El artículo establece que las municipalidades deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental, donde menciona que están obligados a elaborar un diagnóstico ambiental en un plazo de dos años.
. Foto EDH

Regina Miranda
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com

Hugo Barrera, ministro de Medio Ambiente, solicitó ayer a los diputados dar permiso durante dos años más para que las alcaldías no traten la basura y la depositen a cielo abierto.

El funcionario hizo la petición a la subcomisión de desechos sólidos de la Asamblea Legislativa, a la cual presentó un informe sobre la situación de la disposición final de los desperdicios en El Salvador.

Barrera explicó que el otorgamiento de la extensión del permiso es necesario debido a que varias comunas no cuentan con los recursos para construir un relleno sanitario o para pagar por el tratamiento adecuado de la basura.

“Las dos prórrogas que se han dado no son suficientes para que los municipios puedan solucionar este problema. Hay cosas que son ideales, pero otras son reales. Yo quisiera que la Asamblea lo reconsiderara, porque a mí no me queda más alternativa que darle en la nuca a todos los alcaldes que no han cumplido”, advirtió Barrera.

La Ley del Medio Ambiente, aprobada en 1998, exige la presentación de un diagnóstico ambiental sobre la disposición final de los desechos sólidos. Luego de dos prórrogas, este plazo venció a finales de julio.

El estudio es para verificar el impacto de los basureros a cielo abierto.
Técnicos de Medio Ambiente expresaron que sólo siete comunas, de los 86 municipios señalados, no han presentado el estudio ambiental. Tres son del departamento de Chalatenango y cuatro, de Morazán.

Un estudio de campo que realizó el Ministerio de Medio Ambiente reportó que 211 municipios poseen el servicio de recolección de basura, pero 51 carecen de ello.
Según datos del Ministerio de la Cartera de Estado, existen 147 botaderos a cielo abierto a nivel nacional.

De estos, 129 vertederos funcionan sólo para los habitantes de un municipio, y 19 lo hacen de forma conjunta, es decir, que las comunas se han unidos para tener un lugar común para depositar sus desechos.

En conclusión, de acuerdo con el ente gubernamental, el 90% de los municipios hacen uso de disposición final de la basura de manera inadecuada.
La principal causa de esta anomalía, expresan los técnicos, es la falta de gestión financiera y asesoría técnica.

Desacuerdo

El pecenista Mario Ponce, presidente de la Comisión de Municipalismo, no estuvo de acuerdo con la petición del ministro, ya que argumentó que causará desinterés por hacer un manejo adecuado de la disposición final de la basura.

“El tratamiento de desechos sólidos no está en la agenda de los alcaldes y dar otra prórroga es como que mantuviéramos este tema como que no nos importa”, manifestó Ponce.
Además, dijo que al no conceder el permiso, se estaría haciendo presión a los ediles para que den importancia al medio ambiente.

Norman Quijano, de ARENA, respaldó la iniciativa gubernamental.
Blandino Nerio, del Frente, dijo que su fracción discutirá el tema.
Funcionan ocho rellenos sanitarios, pero el Ministerio reorientará un crédito internacional por $38 millones para construir cuatro vertederos más.

Según Barrera, de ese empréstito (otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID), $22 millones serán destinados para el tratamiento integral de desechos sólidos y el resto para políticas ambientales en los municipios.

Comparece. El alto cargo se explica ante los congresistas. Foto EDH

Lanzan desechos sin tener permiso

La subcomisión de Desechos Sólidos presentó ayer el informe sobre las visitas de campo que realizó durante dos meses.

Las conclusiones de los legisladores indican que los botaderos a cielo abierto en La Espiga, en el departamento de La Paz y en Salinas de Ayacachapa, Sonsonate, no cumplen con su objetivo fundamental para el tratamiento adecuado de la disposición final de la basura.

En el documento, los parlamentarios establecen que en los botaderos no existe un manejo adecuado de los desechos hospitalarios y peligrosos, según lo establece el Artículo 77 del Código de Salud.

Además, apuntan que La Espiga viola el artículo 48 de la Ley Orgánica de Aviación Civil, el cual dice que deberá de haber una distancia de al menos cinco millas para establecer vertederos de desperdicios o basureros.

Respecto a los señalamientos, Hugo Barrera aclaró que su Ministerio no ha dado el aval a las comunas para que depositen sus desperdicios en esos lugares.
“Nosotros no hemos dado permiso para que voten la basura en La Espiga. No está autorizado”, dijo Barrera.

Los diputados también advierten que no hay fiscalización adecuada del gasto que hacen las municipalidades que hacen uso de los botaderos.

Algunos diputados que conforman esta comisión realizaron varias visitas a diferentes partes del país para verificar cuáles comunas dan tratamiento a la basura, antes de lanzarla a un vertedero.

El objetivo de las revisiones era verificar el impacto ambiental de los botaderos y hacer presión para que los munícipes presenten sus estudios ante el Ministerio de Medio Ambiente.

Seis años sin cumplimiento
Las municipalidades siempre han tenido respaldo político para evadir las disposiciones.
Aprobación de la normativa
La Ley del Medio Ambiente fue aprobada el 2 de marzo de 1998. El Artículo 107 de
la normativa daba a los
alcaldes dos años para
que pudieran ajustarse a
las nuevas obligaciones.
El primero de los atrasos
El 27 de abril de 2000, la Asamblea Legislativa
aprobó, hasta el 12 de mayo de 2001, el plazo para que las alcaldías presenten el diagnóstico ambiental, que aprueba los rellenos.
El segundo aplazamiento
Una nueva prórroga,
avalada por los diputados, dio a las comunas hasta el 28 de agosto de este año para que pudieran cumplir los requisitos y evitar las multas que establece la ley.
Las llamadas de atención
Hace una semana, el director ejecutivo del Ministerio de Medio Ambiente reveló que 50 municipalidades
habían sido advertidas de que serían sancionadas si no se ajustaban a las normas.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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