 |
Ley de medio ambiente
Art.107-
El artículo establece que las municipalidades deberán
someterse a una evaluación de impacto ambiental, donde menciona
que están obligados a elaborar un diagnóstico ambiental
en un plazo de dos años. . Foto
EDH |
Regina Miranda
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Hugo Barrera, ministro de Medio Ambiente, solicitó ayer a los
diputados dar permiso durante dos años más para que las
alcaldías no traten la basura y la depositen a cielo abierto.
El funcionario hizo la petición a la subcomisión de desechos
sólidos de la Asamblea Legislativa, a la cual presentó un
informe sobre la situación de la disposición final de los
desperdicios en El Salvador.
Barrera explicó que el otorgamiento de la extensión del
permiso es necesario debido a que varias comunas no cuentan con los recursos
para construir un relleno sanitario o para pagar por el tratamiento adecuado
de la basura.
Las dos prórrogas que se han dado no son suficientes para
que los municipios puedan solucionar este problema. Hay cosas que son
ideales, pero otras son reales. Yo quisiera que la Asamblea lo reconsiderara,
porque a mí no me queda más alternativa que darle en la
nuca a todos los alcaldes que no han cumplido, advirtió Barrera.
La Ley del Medio Ambiente, aprobada en 1998, exige la presentación
de un diagnóstico ambiental sobre la disposición final de
los desechos sólidos. Luego de dos prórrogas, este plazo
venció a finales de julio.
El estudio es para verificar el impacto de los basureros a cielo abierto.
Técnicos de Medio Ambiente expresaron que sólo siete comunas,
de los 86 municipios señalados, no han presentado el estudio ambiental.
Tres son del departamento de Chalatenango y cuatro, de Morazán.
Un estudio de campo que realizó el Ministerio de Medio Ambiente
reportó que 211 municipios poseen el servicio de recolección
de basura, pero 51 carecen de ello.
Según datos del Ministerio de la Cartera de Estado, existen 147
botaderos a cielo abierto a nivel nacional.
De estos, 129 vertederos funcionan sólo para los habitantes de
un municipio, y 19 lo hacen de forma conjunta, es decir, que las comunas
se han unidos para tener un lugar común para depositar sus desechos.
En conclusión, de acuerdo con el ente gubernamental, el 90% de
los municipios hacen uso de disposición final de la basura de manera
inadecuada.
La principal causa de esta anomalía, expresan los técnicos,
es la falta de gestión financiera y asesoría técnica.
Desacuerdo
El pecenista Mario Ponce, presidente de la Comisión de Municipalismo,
no estuvo de acuerdo con la petición del ministro, ya que argumentó
que causará desinterés por hacer un manejo adecuado de la
disposición final de la basura.
El tratamiento de desechos sólidos no está en la agenda
de los alcaldes y dar otra prórroga es como que mantuviéramos
este tema como que no nos importa, manifestó Ponce.
Además, dijo que al no conceder el permiso, se estaría haciendo
presión a los ediles para que den importancia al medio ambiente.
Norman Quijano, de ARENA, respaldó la iniciativa gubernamental.
Blandino Nerio, del Frente, dijo que su fracción discutirá
el tema.
Funcionan ocho rellenos sanitarios, pero el Ministerio reorientará
un crédito internacional por $38 millones para construir cuatro
vertederos más.
Según Barrera, de ese empréstito (otorgado por el Banco
Interamericano de Desarrollo, BID), $22 millones serán destinados
para el tratamiento integral de desechos sólidos y el resto para
políticas ambientales en los municipios.
 |
| Comparece. El alto cargo se explica ante los
congresistas. Foto EDH |
Lanzan desechos sin tener permiso
La subcomisión de Desechos Sólidos presentó ayer
el informe sobre las visitas de campo que realizó durante dos meses.
Las conclusiones de los legisladores indican que los botaderos a cielo
abierto en La Espiga, en el departamento de La Paz y en Salinas de Ayacachapa,
Sonsonate, no cumplen con su objetivo fundamental para el tratamiento
adecuado de la disposición final de la basura.
En el documento, los parlamentarios establecen que en los botaderos no
existe un manejo adecuado de los desechos hospitalarios y peligrosos,
según lo establece el Artículo 77 del Código de Salud.
Además, apuntan que La Espiga viola el artículo 48 de la
Ley Orgánica de Aviación Civil, el cual dice que deberá
de haber una distancia de al menos cinco millas para establecer vertederos
de desperdicios o basureros.
Respecto a los señalamientos, Hugo Barrera aclaró que su
Ministerio no ha dado el aval a las comunas para que depositen sus desperdicios
en esos lugares.
Nosotros no hemos dado permiso para que voten la basura en La Espiga.
No está autorizado, dijo Barrera.
Los diputados también advierten que no hay fiscalización
adecuada del gasto que hacen las municipalidades que hacen uso de los
botaderos.
Algunos diputados que conforman esta comisión realizaron varias
visitas a diferentes partes del país para verificar cuáles
comunas dan tratamiento a la basura, antes de lanzarla a un vertedero.
El objetivo de las revisiones era verificar el impacto ambiental de los
botaderos y hacer presión para que los munícipes presenten
sus estudios ante el Ministerio de Medio Ambiente.
Seis
años sin cumplimiento
Las municipalidades siempre han tenido respaldo político para
evadir las disposiciones. |
Aprobación
de la normativa
La Ley del Medio Ambiente fue aprobada el 2 de marzo de 1998. El Artículo
107 de
la normativa daba a los
alcaldes dos años para
que pudieran ajustarse a
las nuevas obligaciones. |
El
primero de los atrasos
El 27 de abril de 2000, la Asamblea Legislativa
aprobó, hasta el 12 de mayo de 2001, el plazo para que las
alcaldías presenten el diagnóstico ambiental, que aprueba
los rellenos. |
El
segundo aplazamiento
Una nueva prórroga,
avalada por los diputados, dio a las comunas hasta el 28 de agosto
de este año para que pudieran cumplir los requisitos y evitar
las multas que establece la ley. |
Las
llamadas de atención
Hace una semana, el director ejecutivo del Ministerio de Medio Ambiente
reveló que 50 municipalidades
habían sido advertidas de que serían sancionadas si
no se ajustaban a las normas. |

|