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La nota del día
Si no sueltan el agua, se destruye el país

Lo más condenable es que un tribunal pretende cargar sobre funcionarios, organismos públicos y el propio Estado, las consecuencias de catástrofes naturales

Publicada 13 de diciembre 2004, El Diario de Hoy

El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

Es incalculable el número de muertos, la destrucción de espanto y los muchos daños que habría causado al país la rotura de la presa 15 de Septiembre, si los ingenieros no hubieran abierto las compuertas cuando el “Mitch” azotó el territorio en 1998. En el reportaje gráfico que publicamos hoy, nuestros lectores pueden ver lo que habrían sido los efectos de un colapso de la presa, y que incluye los siguientes:

–Centenares de muertos aguas abajo en los departamentos de Usulután, San Miguel y San Vicente;
–la partida en dos del país, dejando incomunicado al oriente del resto del territorio;
–la destrucción de todos los puentes sobre el Lempa;
–la pérdida de la presa, con lo que se habrían provocado graves déficits en el suministro de energía eléctrica, obligando a instalar de emergencia generadoras operadas con búnker;
–la paralización por meses del aeropuerto internacional de Comalapa.

Recomponer las zonas agrícolas devastadas por la inundación habría tomado años, no sólo por la destrucción de gran parte de la infraestructura agraria, sino principalmente por la muerte de muchos de los agricultores y campesinos que trabajan esas tierras.

Lo sucedido en Tegucigalpa durante el “Mitch” (una gran parte de la ciudad fue destruida por el agua y los aludes de lodo) es un pálido reflejo de lo que habría causado el colapso de la presa 15 de Septiembre.

Los alcances de la catástrofe se ilustran en el infográfico que acompaña el reportaje, el que debe servir a funcionarios, jueces, ecólogos y empresarios para comprender por qué la ley de las presas obliga a los ingenieros y operadores a abrir las compuertas cuando los niveles del agua embalsada sobrepasan una determinada altura.

¡Que el Gobierno pague por terremotos!

Durante el huracán las aguas de la cuenca del Lempa fueron tres veces mayores de lo que son en un invierno normal: el caudal de los ríos que se vertió sobre el embalse fue de 480 millones de metros cúbicos, vez y media la capacidad de la presa, que es de 300 millones de metros cúbicos. Dos días después del paso del huracán, la presa contenía 730 millones de metros cúbicos, volumen que crecía minuto a minuto. De no haberse abierto las compuertas, el agua habría ejercido una presión literalmente irresistible sobre la presa.

El agua, como es natural, causó daños al correr hacia el mar, pero sin provocar una sola víctima mortal.

En el reportaje que publicamos se detalla la serie de truculencias que marcan los juicios iniciados más de un año después del “Mitch” y cuando era imposible establecer los daños real o imaginariamente causados. Y mientras en un tribunal se condenó a los ingenieros, dejando un precedente horroroso, en otro fueron absueltos. La diferencia está en juzgar en función política, y en juzgar ciñéndose a la letra y al espíritu de la ley. Se llegó al absurdo de que uno de los fallos otorgaba a los demandantes una indemnización superior a la que pedían.

Lo más condenable es que un tribunal pretende cargar sobre funcionarios, organismos públicos y el propio Estado, las consecuencias de catástrofes naturales. Ya antes se quiso responsabilizar al Gobierno de los perjuicios que causó el terremoto de enero de 2001.

 

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