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La nota del
día
Si no sueltan el agua, se destruye el país
Lo más condenable es que
un tribunal pretende cargar sobre funcionarios, organismos públicos
y el propio Estado, las consecuencias de catástrofes naturales
Publicada 13 de diciembre 2004, El Diario de Hoy
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El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
Es incalculable el número de muertos, la destrucción de
espanto y los muchos daños que habría causado al país
la rotura de la presa 15 de Septiembre, si los ingenieros no hubieran
abierto las compuertas cuando el Mitch azotó el territorio
en 1998. En el reportaje gráfico que publicamos hoy, nuestros lectores
pueden ver lo que habrían sido los efectos de un colapso de la
presa, y que incluye los siguientes:
Centenares de muertos aguas abajo en los departamentos de Usulután,
San Miguel y San Vicente;
la partida en dos del país, dejando incomunicado al oriente
del resto del territorio;
la destrucción de todos los puentes sobre el Lempa;
la pérdida de la presa, con lo que se habrían provocado
graves déficits en el suministro de energía eléctrica,
obligando a instalar de emergencia generadoras operadas con búnker;
la paralización por meses del aeropuerto internacional de
Comalapa.
Recomponer las zonas agrícolas devastadas por la inundación
habría tomado años, no sólo por la destrucción
de gran parte de la infraestructura agraria, sino principalmente por la
muerte de muchos de los agricultores y campesinos que trabajan esas tierras.
Lo sucedido en Tegucigalpa durante el Mitch (una gran parte
de la ciudad fue destruida por el agua y los aludes de lodo) es un pálido
reflejo de lo que habría causado el colapso de la presa 15 de Septiembre.
Los alcances de la catástrofe se ilustran en el infográfico
que acompaña el reportaje, el que debe servir a funcionarios, jueces,
ecólogos y empresarios para comprender por qué la ley de
las presas obliga a los ingenieros y operadores a abrir las compuertas
cuando los niveles del agua embalsada sobrepasan una determinada altura.
¡Que el Gobierno pague por terremotos!
Durante el huracán las aguas de la cuenca del Lempa fueron
tres veces mayores de lo que son en un invierno normal: el caudal de los
ríos que se vertió sobre el embalse fue de 480 millones
de metros cúbicos, vez y media la capacidad de la presa, que es
de 300 millones de metros cúbicos. Dos días después
del paso del huracán, la presa contenía 730 millones de
metros cúbicos, volumen que crecía minuto a minuto. De no
haberse abierto las compuertas, el agua habría ejercido una presión
literalmente irresistible sobre la presa.
El agua, como es natural, causó daños al correr hacia el
mar, pero sin provocar una sola víctima mortal.
En el reportaje que publicamos se detalla la serie de truculencias que
marcan los juicios iniciados más de un año después
del Mitch y cuando era imposible establecer los daños
real o imaginariamente causados. Y mientras en un tribunal se condenó
a los ingenieros, dejando un precedente horroroso, en otro fueron absueltos.
La diferencia está en juzgar en función política,
y en juzgar ciñéndose a la letra y al espíritu de
la ley. Se llegó al absurdo de que uno de los fallos otorgaba a
los demandantes una indemnización superior a la que pedían.
Lo más condenable es que un tribunal pretende cargar sobre funcionarios,
organismos públicos y el propio Estado, las consecuencias de catástrofes
naturales. Ya antes se quiso responsabilizar al Gobierno de los perjuicios
que causó el terremoto de enero de 2001.

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