
H.
Douglas Barclay*
El Diario de Hoy
editoriales@elsalvador.com
La Declaración Universal de Derechos
Humanos fue un documento revolucionario cuando fue aprobado por la Organización
de las Naciones Unidas en 1948. Lo sigue siendo hoy.
Los estadounidenses se enorgullecen, con razón, del papel fundamental
que desempeñó Eleanor Roosevelt en la redacción y
promulgación del documento, aunque éste surge de la humanidad
entera y a ella se debe.
Al dirigirse a la Asamblea General de la ONU, Roosevelt predijo que el
documento se convertiría en una Magna Carta Internacional,
y así ha ocurrido en gran parte.
Según un cálculo, las estipulaciones que figuran en las
constituciones de 90 países se remontan a la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Las palabras del preámbulo se hacen eco en 2004 de la misma fuerza
que tuvieron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial,
y merecen ser repetidas: Considerando que la libertad, la justicia
y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana.
Los redactores de la declaración se inspiraron en los esfuerzos
heroicos para reafirmar, en el período de la posguerra, la primacía
de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Mahatma Gandi,
quien guió el camino de la India para que se convirtiera en la
democracia más grande del mundo, es un ejemplo vehemente de la
universalidad del ideal democrático.
El movimiento a la libertad que inició Gandi y que completaron
los hindúes acabó la nociva idea de que la gobernabilidad
democrática era un lujo que sólo podía disfrutar
un puñado de países occidentales ricos.
Proteger la libertad y los derechos humanos es parte de lo que el Presidente
Bush ha denominado las demandas no negociables de la humanidad.
La política exterior de Estados Unidos sigue anclada en nuestra
convicción de que la democracia es para todos y que los derechos
humanos son realmente inalienables.
Nuestros ideales encuentran su expresión en políticas que
buscan ampliar la democracia y proteger los derechos de las personas,
como los define la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Recientemente hemos sumado fuerzas con nuestros aliados y amigos para
ser fiel al cumplimiento de nuestra palabra.
En Iraq, Estados Unidos, El Salvador y unos 30 países más
se unieron en una coalición para llevar la libertad a un pueblo
al que durante demasiado tiempo se le negó.
Los iraquíes prevalecerán. Construirán su propia
democracia. Defenderán y consagrarán sus propios derechos
humanos. Estar junto a ellos conforme lo logran es un compromiso acorde
con los valores estadounidenses y universales.
Lo mismo es cierto en Afganistán, donde el esfuerzo de muchos países
individuales, así como de las Naciones Unidas, culminó en
elecciones nacionales exitosas. Como los iraquíes, los afganos
no dan nada por sentado.
Al haber sido privados de libertad durante tanto tiempo, son cualquier
cosa, menos cínicos, cuando se habla del poder y de las virtudes
de la gobernabilidad democrática.
En las recientes elecciones, un grupo de mujeres en Kandahar esperaba
en la cola para votar cuando estalló una bomba cerca del lugar.
Agentes de seguridad aconsejaron a las mujeres que regresaran a sus casas,
pero ellas se negaron a marcharse y votaron.
Al igual que miles de compatriotas suyos, que esperaron durante horas
en la cola, en la nieve, para depositar su voto, esas mujeres afganas
le insuflaban vida a las palabras de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Aquí en El Salvador, un renovado compromiso con los derechos humanos,
en la estela de un trágico conflicto armado, dio a luz a instituciones
como la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos, que han hecho mucho para extender y fortalecer
el respeto a los derechos humanos. El informe anual de Derechos Humanos
del Departamento de Estado ha reconocido este progreso.
A pesar de estos vientos de cambio en algunos países, hay otros
que se niegan a cambiar. Un ejemplo de esto está en nuestro propio
hemisferio. El pueblo de Cuba no tiene libertad de palabra, libertad de
movimiento o derecho a la propiedad privada. No seríamos leales
a nuestros propios ideales si ignorásemos la continua negación
de los derechos humanos básicos que el gobierno cubano impone a
su propio pueblo.
Al reflexionar sobre la Declaración, sería útil recordar
que tenemos más cosas en común que menos.
El legado de Eleanor Roosevelt y de las personas de todo el mundo que
trabajaron en la ONU junto a ella para redactar la Declaración
Universal de Derechos Humanos no sólo sigue intacto, sino que continúa
siendo esencial para todos en Estados Unidos, en El Salvador, y dondequiera
que haya personas que aman la libertad.
Renovemos nuestro compromiso y honremos ese legado no sólo una
vez al año, el 10 de diciembre, sino todos los días.
*Embajador de Estados Unidos.

|