Seis meses tendrá la Fiscalía para acumular pruebas de la participación de cuatro acusados de matar, el 5 de noviembre, al sindicalista del transporte estadounidense José Gilberto Soto, de 50 años.

Los implicados permanecerán en prisión, según la resolución dada a conocer ayer por el Juzgado Tercero de Paz de Usulután.

Los procesados son Rosa Elba Zelaya de Ortiz, de 59 años, suegra de Soto; Santos Sánchez Ayala, de 26; Mario Jaime Ortiz, de 19, y Herberth Joel Ramírez Góchez. Les capturaron en Puerto Parada el viernes anterior.

Argumentos

Elba de Ortiz es considerada como la autora intelectual del hecho. Los hombres fueron los responsables materiales.

Las autoridades sostienen que la mujer mantenía rencillas contra el sindicalista salvadoreño-estadounidense y que habría contratado a los tres hombres para matarle. Les pagaría dos mil dólares.

Traslado. Santos Ayala, Mario Ortiz y Herberth Ramírez son trasladados al tribunal. Fotos EDH

El Lic. Alan Hernández, fiscal del caso, explicó que la mujer tenía grabados en su teléfono móvil los números para llamar a los implicados.

Al allanar la casa de Rosa, hallaron una foto de tres personas y en la que faltaba la imagen de Soto. Presumen que la entregó a los homicidas para que le identificaran.

Antes de que el sindicalista llegara a El Salvador, la mujer sostuvo conversaciones telefónicas con los hombres en las que se presume que les avisaba del hecho.

Con ello el juez ordenó la detención.

Familiares de la mujer mostraron su inconformidad. Pedro Zelaya, hermano de la acusada, negó que ella tuviera problemas serios con su ex yerno.

Dolores Palma, la abogada defensora, expresó que apelará la resolución.
Fuera del tribunal estaban cerca de 75 personas allegadas a Rosa Elba.

El Gobierno de El Salvador denunció que sindicatos de Estados Unidos tratan de manipular la muerte del transportista salvadoreño estadounidense José Gilberto Soto, como una forma de obstruir las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

Diferentes autoridades han indicado que Soto había venido a El Salvador para visitar a familiares y el 5 de noviembre fue asesinado a balazos en Usulután.

El ministro de Gobernación, René Figueroa, enfatizó que no es justo que haya sectores que quieren matizar el hecho con motivaciones políticas.