Opinando
La impartición de justicia después del 92

De un pasado plagado de autoritarismo manoseador de las instituciones, justicia, policía, salud, etc., el país se mueve hacia la creación de un real sistema democrático.

Sin quererlo o queriéndolo a la par de las razones impuestas por el trabajo diario del litigante cercano a los tribunales de justicia, he conocido y creo conocer con rigor los extremos de nuestra administración de justicia. Y en tal sentido me urge decir el progreso experimentado en el caminar del Órgano respectivo, uno de los tres que conforman nuestro sistema de gobierno democrático.

Por supuesto, habrá profesionales del Derecho que estarán de acuerdo con estas breves apreciaciones y, otros, claro, podrán encontrar diferencias de criterio.
Sin embargo, debemos estar unánimes en un punto: el adelanto profesional de la impartición de justicia y el esfuerzo en adaptarse, el conjunto, en la aplicación de los nuevos códigos Penal, Procesal Penal y Ley Penitenciaria.

Los criterios adversos que podrían empañar lo relativo a la justicia salvadoreña no son idénticos a los que lanzaban a esa rama gubernamental antes de 1992, año de la firma del Acuerdo de Paz. En primer lugar, la independencia del Órgano Judicial es notoria. Podrá alguien o algunos señalar tal o cual procedimiento, no al gusto de los críticos.

Lo que sí estamos de conformidad abogados litigantes con quienes me relaciono, es en el progreso logrado en la nueva administración de justicia, o sea, en la mejor práctica de los tribunales de las jerarquías, y eso sí, los jueces han demostrado el no estar sujetos a sugerencias o presiones de las alturas del Órgano, como para modificar sus decisiones basadas en sus conocimientos y experiencias legales.

Ha sido una costumbre fea el criticar adversamente a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Con el cambio operado después de 1992, y los nuevos códigos, particularmente con la ampliación del Procesal Penal, tales críticas han mermado su virulencia, a tal grado de casi no escucharse ni leerse. Y hay justa razón para ello.

Los abogados que han llegado y llegan al máximo tribunal han sabido responder a sus obligaciones, esto es, han interpretado a cabalidad los signos de los tiempos.
De un pasado plagado de autoritarismo manoseador de las instituciones, justicia, policía, salud, etc., el país se mueve hacia la creación de un real sistema democrático. Y en ello, tanto la presidencia como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, han puesto su enorme contribución.

En septiembre de 1997, el entonces Presidente de la Corte Suprema, Dr. Jorge Eduardo Tenorio, dijo ante la Unión de Dirigentes de Empresas Salvadoreñas —UDES— que el cambio operado del antiguo autoritarismo o síndrome del esquema de fuerza, de un sistema verticalista, excluyente, injusto, provocador de conflicto fratricida, a lo nuevo en base a la suscripción del Acuerdo de Paz, básico, que dicen muy bien del salvadoreño como pueblo sensato y maduro.

En tal situación, que nos pone en alto en el concierto de naciones, debe darse el puesto que merece la administración de justicia, a las cortes supremas de justicia del 92 para acá, y particularmente a la actual presidida por el doctor Agustín García Calderón.
Las dificultades, los errores cometidos, no deben detener los avances, pues, como dijo, el Dr. Tenorio, significan compromisos de nación que habrá que honrar y que sólo pueden, si se cumplen bien, llevarnos a la modernidad y a la construcción de una sociedad más justa, mejor estructurada, participativa y en la que se goce de paz con justicia que es la única y verdadera paz.

Y es que, hago mío aquel criterio, sin verdadera justicia, no dicen nada o mayor cosa términos como economía social de mercado, régimen de libre competencia, modernización de las instituciones, participación ciudadana, en fin, Estado democrático de Derecho.

* Dr. en Derecho.