José Miguel Cruz
El Diario de Hoy
editoriales@elsalvador.com
No hay duda de que
los planes de mano dura que fueron impulsados por el gobierno de Flores,
hace más de un año, cumplieron los objetivos que motivaron
su implementación. Dichos planes contribuyeron significativamente
a que el partido gobernante ganara las elecciones y que se recuperara
de una profunda crisis de respaldo popular. Sin embargo, en términos
de reducción de la violencia social y de combate de las elevadas
tasas de homicidios, los planes de mano dura han resultado ser un fracaso.
Así lo consignan los registros de homicidios que llevan diversas
instituciones del país, así lo testimonian los expedientes
de las salas de urgencia de los hospitales del país y así
lo confirman en privado todos los jefes policiales con quienes
he hablado en los últimos cuatro meses.
Los planes de mano dura no sólo no han reducido los niveles de
la expresión más aguda de la violencia social salvadoreña,
los homicidios, sino que pareciera más bien que los han aumentado,
y de manera considerable. Hay que reconocer, sin embargo, que otras manifestaciones
del crimen violento han mantenido las tendencias de reducción que
se iniciaron hace algunos años.
Los asaltos, los secuestros, los robos de vehículos y los robos
de los transportes de mercadería son menos frecuentes ahora que
antes.
Pero esas tendencias ya se habían establecido antes de la mano
dura y responden más a un esfuerzo de la policía por reducir
los crímenes que afectaban al clima empresarial que a las particularidades
de los planes de mano dura. Lo que sí parece innegable es que los
planes de mano dura, basados en la persecución publicitada de las
maras, han aumentado la percepción pública de seguridad
aun bajo la agudización de la violencia social homicida.
Ello es producto, en parte, de la idea promocionada por algunas autoridades
de que las pandillas son las principales responsables de los crímenes
y es también producto de las campañas mediáticas
que venden la supuesta efectividad de la mano dura.
La verdad es que, lamentablemente, este país es hoy por hoy más
inseguro de lo que era antes del inicio de los planes de mano dura.
El año 2003 cerró con un incremento notable de homicidios
con respecto a 2002, y ya para octubre de 2004 tenemos más homicidios
que los cometidos en 2003, según la Fiscalía.
Nadie puede negar que las pandillas juveniles son responsables de una
buena parte de la violencia criminal, pero las estadísticas que
ofrece Medicina Legal muestran que ni siquiera la tercera parte de los
homicidios es atribuible a las pandillas.
Otra cosa es que las víctimas de homicidio más comunes sean
jóvenes, sobre todo de escasos recursos. Pero la moda actual es
culpar a los jóvenes de los males y no protegerles.
En los manuales de criminología se dice que el incremento de las
medidas de represión del delito que no están acompañadas
de estrategias serias de prevención, terminan agudizando los problemas
de criminalidad.
Frente al aumento del uso de la fuerza, los grupos sociales organizados
o no suelen reaccionar aumentando la violencia, llevando la espiral
perniciosa de la violencia al siguiente nivel de gravedad.
No es extraño, pues, que los hospitales registren hoy más
homicidios y, al mismo tiempo, menos lesionados. Lo que pasa es que hoy
se tira a matar con más frecuencia. Y no es extraño tampoco
que cuando más capturas hace la policía es cuando más
homicidios hay. Lo que pasa es que en realidad no se está capturando
a los responsables.
Los planes de mano dura han contribuido al aumento de los homicidios por
dos razones: Primero porque en la búsqueda del orden público
a través del aumento de la fuerza se ha validado la tesis de que
la violencia se combate con más violencia.
Y segundo, porque el discurso asociado a dichos planes ha creado tan claramente
un enemigo público que se ha generado la idea en algunos de que
es válido matar a ciertas personas con tal de obtener seguridad.
Muchos homicidios que se están cometiendo en la actualidad son
simplemente limpieza social.
Ese es el problema cuando el combate de la inseguridad y la delincuencia
se define por la vía de hacerle la guerra a alguien y no por el
compromiso de hacer valer los derechos a la vida, la integridad física
y la seguridad de todos los ciudadanos.
El problema de la seguridad pública es un asunto de protección
de derechos para todos, no es un asunto de guerra en contra de unos cuantos.
*Director del IUDOP de la UCA.

|