Al borde del abismo
Nicaragua secuestrada

Los sandinistas lograron el apoyo del PLC para aprobar una serie de reformas que trasladan al Poder Legislativo, controlado por los sandinistas, la atribución de ratificar o destituir a cualquier miembro del gabinete presidencial.

Marvin Galeas
El Diario de Hoy
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“Los fallos en los tribunales civiles o penales en Nicaragua están en el escritorio de Daniel Ortega”, me dijo el general Joaquín Cuadra, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, en una entrevista que pronto saldrá publicada en El Diario De Hoy. Que el Poder Judicial esté absolutamente bajo control del ala más dura de los sandinistas, es una verdadera tragedia para los nicaragüenses.

Por encima de la Constitución, de las leyes secundarias y de las instituciones, lo que reglamenta la vida en la tierra de Rubén Darío son los pactos entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Estos partidos, los más grandes, se han repartido el poder desde que Arnoldo Alemán fue Presidente. La excusa para el pacto y la repartición fue primero la necesidad del ex presidente y ahora convicto de un ambiente de gobernabilidad.

Los sandinistas, pese a haber sido sacados del poder en 1990, mantenían una alta cuota de poder en el Congreso, el Poder Judicial y el Colegio Electoral. Además tenían el partido más grande y mejor organizado del país y una innegable influencia en el Ejército y la policía. Basado en esos hechos es que luego de su derrota, Daniel Ortega afirmó que “gobernaría desde abajo”. La afirmación se ha vuelto una triste realidad. No cabe duda de que Ortega es en la actualidad el hombre más poderoso de Nicaragua.

Gran parte de la culpa la tienen Arnoldo Alemán y sus allegados, quienes mantienen el control del PLC, el partido más grande de la derecha. Aquellos pactos que comenzaron como una necesidad para la gobernabilidad se fueron convirtiendo para el gobernante y sus allegados, en una manera sucia de sacar ventajas políticas y hasta económicas, no para un partido, sino para el grupo que lo controla. Poco a poco, la correlación de fuerzas, favorable al gobierno de Alemán en un primer momento, se fue revirtiendo y los sandinistas comenzaron a tomar el control de los poderes judicial y electoral.

Cuando el Presidente Bolaños asumió la presidencia y Alemán fue enviado a la cárcel condenado por corrupción, el FSLN, que ya tenía una mayoría de magistrados en el Poder Judicial, comenzó a utilizar la cárcel del caudillo liberal como su mejor carta de negociación con sus adversarios políticos. Aunque parezca increíble, Alemán mantuvo un absoluto control de su partido, aun desde la prisión. En el PLC las lealtades del círculo “arnoldista”, según el general Cuadra, se cimientan en un complejo entramado de corrupción.

Para presionar al PLC y arrancarles importantes concesiones, Daniel Ortega, le ordenaba al juez de la causa que endureciera las condiciones carcelarias de Alemán y éste ordenaba a los leales dirigentes del partido complacer a los sandinistas. La reciente salida de la cárcel del ex presidente era desde hace unas semanas un secreto a voces en Nicaragua. A cambio de ello, los sandinistas lograron el apoyo del PLC para aprobar una serie de reformas que trasladan al Poder Legislativo, controlado por los sandinistas, la atribución de ratificar o destituir a cualquier miembro del gabinete presidencial.

La situación se complicó más a raíz de los resultados de las elecciones municipales de noviembre pasado. Tras la debacle del PLC, los sandinistas resultaron los grandes ganadores. Ahora el FSLN, cuyo caudillo indiscutible es Daniel Ortega, controla el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Colegio Electoral, las alcaldías más importantes del país y tendrá una buena tajada del Poder Ejecutivo si las reformas apuntadas son ratificadas en enero próximo.

Con un FSLN poderoso, dominado por lo más radical del sandinismo y una derecha dividida el panorama de cara a las elecciones generales de 2006 es sombrío. Afortunadamente el Ejercito Nacional de Nicaragua, producto de un proceso de institucionalización dirigido por los generales Humberto Ortega (muy distanciado de su hermano Daniel) y Joaquín Cuadra, es la única institución de mucho poder obediente a la Constitución y ajena a las influencias danielistas.

En una situación en la que Nicaragua está prácticamente secuestrada por Daniel Ortega, un caudillo acusado de un gigantesco robo de las arcas del Estado, perpetrado en 1990 y de haber abusado constantemente de su propia hija; en la que el principal partido de oposición, el PLC y su caudillo (Nicaragua es aún tierra de caudillos), están arrodillados frente a los danielistas; una situación en la que todo el Poder Judicial es utilizado a su antojo por un partido y un individuo, no sería raro, como me planteó un influyente periodista en Managua, que el ejército termine, de alguna forma, involucrado para deshacer ese nudo gordiano que mantiene a Nicaragua al borde del abismo.

América Latina no está para golpes de Estado. Sería fatal regresar a los años de los cuartelazos. Cualquier participación del ejército tendría que estar encaminada a apoyar al Presidente de la república y al Estado de Derecho.
*Columnista de El Diario de Hoy. marvingaleas@ yahoo.com.mx