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El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
Sólo Dios sabe la clase de gusanera
que se destaparía, si cada municipio de El Salvador diseña
su propia política fiscal y se mete a cobrar impuestos sobre la
renta a negocios y personas en sus jurisdicciones. El adefesio aprobado
el jueves pasado por la Asamblea Legislativa debe estrangularse en la
cuna, a menos que querramos generar a futuro un caos. Comenzando porque
son pocos los que invierten en países del tercer mundo donde de
la noche a la mañana aparecen impuestos no anticipados.
La sana política tributaria separa lo que son las competencias
de los gobiernos centrales, de las propias de los municipios y gobiernos
locales. Los primeros se ocupan de fijar impuestos de aplicación
general para cubrir sus costos de operación, además de emprender
otra suerte de programas y obras, incluyendo lo que se da en llamar lo
social. Los municipios, por su parte, no deben involucrarse en lo
que rebalsa sus capacidades y sus naturales atribuciones.
El ejemplo más lustroso de lo que ocurre cuando gobiernos municipales
andan en lo que no deben, lo da la Alcaldía de San Salvador. La
entidad no sólo está en bancarrota, sino que ha hecho gran
fiesta con los dineros de sus súbditos, amén de que se sirve
de toda clase de subterfugios para evitar rendir cuentas. Comenzando porque
nadie sabe cómo se clavaron 60 millones de dólares con el
relleno sanitario, la gran obra que antes cacareaban
desde que amanecía hasta que anochecía. La lista de los
negocios fracasados o no explicados incluye los quioscos, los rótulos
luminosos en las aceras, los parquímetros, las empanadas en las
fiestas, el enjambre de activistas políticos que sostienen y, de
mayor gravedad de lo que parece, su ejército privado, el CAM, al
que entrenan cubanos. El CAM, que a la hora de las horas le entra a balazos
a otras turbas.
Esos remedios agravarán al paciente
El país carece de los instrumentos, el personal y la estructura
institucional para fiscalizar los gastos de las 262 alcaldías que
hay, amén de que éstas no disponen, ni de lejos, de la capacidad
de formular proyectos y ejecutarlos con eficiencia. Como además
es muy difícil que se pongan de acuerdo para llevar a cabo obras
de cierta envergadura, el dinero, aun suponiendo que se gaste honestamente,
en gran parte se va a despilfarrar sin verdadero provecho. De allí
que lo primero que hacen los municipios al incrementarse sus ingresos
es aumentar personal, adquirir vehículos e instalar aparatos de
aire acondicionado.
Aclaremos más: por lo general, lo de mayor beneficio a las comunidades
son caminos, sistemas de agua potable, seguridad, etcétera, lo
que no puede hacer cada una de ellas actuando en forma aislada. De allí
que recursos que mejor los emplea el Gobierno central, son disipados en
asuntos menos importantes por los municipios.
Por ahora la Asamblea sólo aprobó ese impuesto sobre
la renta a cuatro municipios, pero ya hay una cola de 35 más
que quieren permiso para desplumar a sus comunidades.
La consideración más importante, sin embargo, es que lo
peor para una economía letárgica, es incrementar impuestos.
Con la reforma fiscal hay un alza en la tributación, a lo que se
sumaría la que discutimos.

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