Crédito
Construirían nueve rellenos sanitarios

Préstamo. El Ministerio de Medio Ambiente reorientará un préstamo del BID para financiar los proyectos. El estudio de la cartera indica que se necesitan 12 sitios. El problema es que las alcaldías no se quieren asociar en grupos

Publicada 7 de diciembre 2004, El Diario de Hoy

Antonio Soriano
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales está listo para entrarle al problema de los desechos sólidos.

La cartera de Estado ha finalizado un estudio ambiental que determina que hay 12 sitios ideales para construir rellenos sanitarios y de esa forma terminar con los botaderos al aire libre.

Los lugares serían financiados con un crédito de $38 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que fue aprobado y ratificado por la Asamblea en 2001.

Hernán Romero y Philippe Dewez, representantes del BID, dijeron ayer a los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales que sus investigaciones muestran que nada más se necesita de nueve botaderos especializados.

“Nosotros no somos los ejecutores del préstamo, sino que es (el Ministerio del) Medio Ambiente el encargado. Nuestro rol es que el préstamo se utilice en esa área”, aclaró Dewez a los legisladores.

Se trató de conocer cómo se ha administrado el dinero, pero fue imposible. El equipo de comunicaciones del ministro Hugo Barrera aseguró que los encargados del proyecto estaban en una reunión con el funcionario.

De los $38 millones, $35 millones son para realizar estudios de impacto ambiental, pero el ministerio los podría utilizar, además, para construir los nueve rellenos.

Esa cantidad es un poco más de la mitad de lo que costó el botadero de Nejapa.
Diez alcaldes del FMLN pagaron $62.2 millones a Cintec de Canadá para que les construyeron un lugar dónde enviar los desechos sólidos.

Contrapartida

Para que las alcaldías puedan trabajar en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente deben agruparse varias de ellas.

Sólo bajo esa figura, además, podrán poner una contrapartida para concretar los proyectos.
De acuerdo con los delegados del BID que llegaron a la Asamblea, la construcción de los rellenos sanitarios no se ha ejecutado debido a que algunos municipios no se quieren asociar.

“El nivel de subsidio no es una cosa que nosotros decidimos. Tampoco nos compete decir qué números de regiones se deben unir”, explicó Dewez.
Ernesto Castellanos, diputado de ARENA por el departamento de Usulután, conoce bien ese problema.

El tricolor explicó que en ese departamento cuatro munícipes han puesto en marcha un botadero, pero tiene problemas financieros debido a que no tienen capacidad para mantenerlo.

De acuerdo con Castellanos, los 23 municipios de Usulután podrían usar el depósito, pero no han logrado un acuerdo porque son gobernados por diferentes partidos políticos.
A Marta Elena de Rodríguez, del FMLN, le preocupa que los ediles quieran incrementar las tasas cuando construyan los rellenos.

El pecenista Mario Ponce, presidente del grupo de trabajo legislativo, consideró que si las comunas se asocian sería más fácil resolver el problema de los botaderos ilegales.

Investigación. Hernán Romero y Philippe Dewez (derecha), funcionarios del BID. Foto EDH

No hay multas por basureros ilegales

A pesar de que el Artículo 107 de la Ley de Medio Ambiente prohíbe los basureros al aire libre y está vigente desde el 1 de octubre de este año, la cartera de Estado responsable no ha sancionado a ninguna de las alcaldías infractoras.

“Hasta hoy no se ha hecho ningún proceso. No es que no estemos aplicando la ley, sino que estamos a la espera de un pronunciamiento de la Asamblea”, declaró el jueves pasado Hugo Barrera, ministro de Medio Ambiente, en alusión a que el Parlamento estudia la posibilidad de dar una prórroga para los botaderos.

Es más, el funcionario se inclina por el aplazamiento legal.
“Creo que es conveniente una prórroga. En realidad, no se puede resolver el problema castigando las alcaldías. Debemos buscar una solución en conjunto”, manifestó el alto cargo.

Mientras, su dependencia trabaja en el proyecto de los nuevos rellenos sanitarios financiados por el BID.

Roberto Pinto, director ejecutivo de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures), se opone al posible acuerdo legislativo.

“Eso es prolongar el problema y el inicio de la solución”, interpretó el funcionario.
Mario Ponce, del PCN, y Violeta Menjívar, del FMLN, presidentes de la Comisión de Municipalismo y Medio Ambiente, respectivamente, descartaron que la Asamblea decrete la prórroga.