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El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com
Atolondradamente la Asamblea Legislativa
aprobó una serie de impuestos municipales, que además de
absurdos tienen toda la apariencia de inconstitucionales. En adelante,
de no vetarse el proyecto como corresponde, las empresas que se establezcan
en algunas partes del territorio pagarán más de renta, que
las asentadas en otros lugares.
Los nuevos gravámenes se suman a los ya aprobados dentro de la
reforma fiscal, recargando el peso tributario sobre el sector productivo.
Es grave que la Asamblea apruebe tributos que no responden a ningún
análisis sobre las consecuencias que éstos pueden tener,
sino que se fijan al capricho de concejos. ¿Por qué, vale
preguntar, para calcular los impuestos en los cuatro municipios se dividen
las utilidades entre el patrimonio y el producto se multiplica por 1.75
%? ¿En qué país rige semejante criterio? ¿De
dónde sale el 1.75%?
Pero además, ¿qué va a ocurrir si los doscientos
y tantos municipios que hay en El Salvador disponen tener su propia política
fiscal, al lado de la nacional? ¿Quién garantiza que dentro
de cinco años, en vez de multiplicar por 1.75% los cocientes mencionados,
se haga por 3.2% o 7.4356%?
Encima de ello, el mensaje que se envía a inversores y productores,
tanto internos como externos, no puede ser más preocupante: al
calcular los costos de operación de las empresas no sólo
hay que tomar en cuenta al fisco, sino además a las municipalidades.
Y a diferencia de lo que sucede con las autoridades y funcionarios de
Hacienda, que deben mantener un determinado nivel profesional en sus actuaciones,
lo que hagan, decidan y echen a andar alcaldes de pequeñas poblaciones,
cae en lo incierto y con frecuencia lo chapucero. Nadie piensa que en
Nueva Guadalupe, Meanguera, Mercedes Umaña y Tepetitán hay
grandes técnicos tributarios, comenzando porque encontrarles en
San Salvador no es nada fácil.
Piensen mejor las cosas, diputados
¿En qué estaban pensando los honorables diputados a la Asamblea
Legislativa cuando aprobaron tal desafuero?
Hay dos consideraciones adicionales de vital importancia. La primera,
que los impuestos no se fijan, o se deben fijar, al aire de alguien, sino
que obedecen a análisis y estudios serios y fundamentados sobre
las repercusiones que puedan tener. Se compaginan los deseos y necesidades
de los gobiernos, con las posibilidades de una comunidad o país.
Impuestos mal pensados o que no concuerdan con las realidades económicas
de un país o región, pueden tener efectos contrarios a los
que se buscan, comenzando por una baja en las recaudaciones. Sólo
negocios que no tienen otro remedio sentarán sus reales en los
cuatro pueblos con vocación para el desplume.
Lo segundo, que alcaldías que gastan dinero alegremente sin dar
cuenta a nadie, pretenden esquilmar a empresas y ciudadanos que a costa
de esfuerzos, capacidad, organización y perseverancia consiguen
ganar dinero. Es decir, despilfarradores e irresponsables están
cayendo sobre patrimonios de gente trabajadora, visionaria y con frecuencia
sacrificada. Esto ocurre porque para las gentes simples de la cabeza,
el dinero crece en los árboles y tener ganancias es obra de picardías
y extorsiones tanto a las clientelas como a los propios trabajadores.
Es de esperarse que el Ejecutivo vete la ley de marras, pero también
que los diputados analicen las propuestas con sensatez y sentido de la
realidad.

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