Capturados. Dos sospechosos de ingresar droga a Mariona. Foto EDH

Wilfredo Salamanca/L. Martínez
El Diario de Hoy
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Diagnóstico reservado tras sufrir una “molestia cardiaca”.

Bajo ese argumento, la División Antinarcóticos de la Policía justificó la estadía del director del penal La Esperanza en el pabellón 104 de la tercera planta del Hospital Militar, en la colonia San Luis de la capital.

El alcaide José Antonio Guzmán Blanco fue detenido el viernes por la noche, supuestamente porque no notificó a las autoridades el hallazgo de una pelota rellena con marihuana seca entre los muros del reclusorio.

En lugar de dar parte a las autoridades, el director incineró lo que podría haber servido como una prueba más en las investigaciones sobre el ingreso de droga, según las autoridades.

Por esto se acusa del delito de omisión de aviso.

Los custodios Walter Atilio Bautista y Lázaro de Jesús Gómez Aguilar, también fueron detenidos y estaban ayer en las bartolinas de la División Antinarcóticos.

El primero trabajaba como custodio en Mariona, y el segundo era supervisor de una proveedora de alimentos.

Estos dos están acusados de tráfico ilícito, actos preparatorios, encubrimiento real (de cosas), encubrimiento personal (de personas), conspiración y asociaciones delictivas.

Afección

Hermetismo. El ingreso al Hospital Militar se restringió a los periodistas. Foto EDH

Un subinspector de la Policía, que se identificó como “Samuel”, explicó que mientras se le leían los derechos a Guzmán Blanco, durante su captura, sufrió una “molestia cardíaca” y se le trasladó al sanatorio.

Un equipo de El Diario de Hoy intentó ingresar al hospital ayer al mediodía, pero el militar a cargo de la entrada dijo que la información es manejada por la Fiscalía y que el mismo Guzmán Blanco había solicitado que no se permitiera el ingreso de periodistas.

El ministro de Gobernación, René Figueroa, declaró que Guzmán cometió “un grave error”, después de mantener una limpia trayectoria. Por ahora será sustituido por el alcaide del penal de Zacatecoluca.

El director de Centros Penales, Astor Escalante, declaró que este tiene que ser un mensaje para los servidores de la administración pública.

“Nuestras actuaciones deben ser apegadas a la ley”, enfatizó.

El delito
La ley de drogas lo establece.
Art. 57.- Define la omisión de denuncia o aviso y la pena con que se le sancionará.
El propietario o encargado de entidades que teniendo conocimiento de actividades ilícitas sobre drogas en los locales bajo su dominio o encargo, las permitiere, no las denunciare o no avisare a cualquiera de los organismos encargados de aplicar esta ley, será sancionado con prisión de uno a tres años.

Reacciones

“Vamos a respetar las actuaciones de la policía y de la Fiscalía”
Ástor Escalante
Director de Centros Penales

“Lo que tenemos ha sido un grave error por omisión de aviso”
René Figueroa
Ministro de Gobernación

Reconocen esfuerzo estatal en cárceles

Mariona. Masacre dejó una treintena de muertos y heridos. Foto EDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió comentarios favorables sobre el trabajo gubernamental en las cárceles salvadoreñas, confirmó ayer el nuevo director de Centros Penales, Ástor Escalante.

El funcionario dijo que la valoración es la respuesta a la denuncia sobre la situación carcelaria presentada ante dicho organismo por el Instituto por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).

Según la acusación, la masacre registrada el 18 de agosto pasado en el penal de Mariona refleja la crisis penitenciaria salvadoreña.

Agrega,que estos hechos obedecen al internamiento de pandilleros y reos llamados comunes. También, menciona condiciones infrahumanas a las que están expuestas la población reclusa y el hacinamiento.

El funcionario dijo que la CIDH “reconoció el esfuerzo del Estado salvadoreño para resolver el problema. Además, porque no hemos ocultado esa realidad”.

La verificación
- Debido a la denuncia, la CIDH envió al brasileño Paulo Gergio Piñeiro, quien aprovechó la visita a El Salvador para verificar el involucramiento de niños en las pandillas y las políticas estatales para prevenir esas agrupaciones violentas.