Abstención tricolor. El informe que cita las dos indicaciones fue apoyada por los cuatro partidos de oposición. ARENA no lo hizo. Foto EDH

Antonio Soriano / Katlen Urquilla
El Diario de Hoy
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Con 49 votos de la oposición, la Asamblea Legislativa recomendó ayer al Presidente de la República, Antonio Saca, destituir al superintendente de Valores, Omar Ernesto Rodríguez.

El argumento de los legisladores del FMLN, PCN, PDC y el CDU es que el funcionario fue negligente al no percatarse de las irregularidades que estaban pasando en la corredora de bolsa Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC).

“Según las investigaciones hechas hasta la fecha (1 de diciembre de 2004), desde 1997, la OBC viene realizando actividades fuera de la competencia que le ha sido asignada, y es el ente contralor, en ese caso la Superintendencia de Valores, el que está obligado a ejercer un verdadero control sobre los cumplimientos a que estaba obligada la sociedad”, se lee en uno de los párrafos del primer informe de la Comisión Especial del Parlamento que investiga el caso.

La bancada de ARENA no apoyó el acuerdo.

“No es una recomendación vinculante. Al final, es el Presidente el que tiene la decisión. Además, los informes no se votan, se vota cuando son dictámenes, pero en este caso fue al contrario”, alegó Norma Quijano.

De acuerdo con la comisión especial, Rodríguez debió informar sobre las anomalías.
De ahí es que consideran que el funcionario tiene responsabilidad directa en el problema.

Esa teoría, según el documento de los diputados, es respaldada por la Fiscalía General de la República.

“Establece en su informe (el Ministerio Público) que con respecto a la Superintendencia de Valores, también se analiza su actuación supervisora y si ésta pudo advertir las irregularidades”, cita el escrito que conoció ayer el pleno legislativo.

Por la misma posición de la Fiscalía es que en el acuerdo aprobado ayer la Asamblea pidió a la institución agilizar las investigaciones que realiza en torno a la corredora de bolsa, “a fin de deducir responsabilidades, ante la negligencia de las actuaciones del superintendente”, reza el informe respaldado por las bancadas de oposición.

Hasta el momento, el Ministerio Público ha inmovilizado $114.4 millones en cuentas de depósitos abiertas por OBC.

Deducción

La comisión deduce que los dirigentes de OBC cometieron fraude en contra de los inversionistas.

Se basan en que de los más $6.3 millones que se defraudaron, de acuerdo con un informe de la misma Superintendencia de Valores, tal vez sólo se puedan recuperar $475,000, que es el 8% del desfalco, según los diputados.

En la mira. El cuestionado Omar Ernesto Rodríguez, en el centro. Foto EDH

Dagoberto Marroquín, diputado del PCN y presidente de la comisión que realiza las indagaciones sobre la empresa bursátil, sentenció que el equipo que dirige no detendrá la investigación hasta que no se deduzcan responsabilidades.

“Continuaremos con una segunda etapa. La Fiscalía debe seguir investigando, ya que aquí hay tema para largo rato, hasta que caiga todo el peso de la ley sobre esos sinvergüenzas”, manifestó el pecenista.

Salvador Arias, diputado del FMLN, dice que el Ministerio Público debe averiguar si el Gobierno tiene un grado de responsabilidad.

Funcionario no respondió

Omar Ernesto Rodríguez, superintendente de Valores, se negó a dar declaraciones ayer, luego que la Asamblea recomendara al Presidente de la República su destitución debido a la negligencia con que actúo por el fraude cometido por la corredora de bolsa OBC.

El Diario de Hoy intentó hablar por teléfono con el funcionario, pero su asistente de comunicaciones, Celina de Vásquez, informó que se encontraba en una reunión y que era difícil que correspodiera.

La vocera manifestó que Rodríguez dará declaraciones después de conocer las posiciones de los legisladores.

Los parlamentarios se basan en la ineficiencia que tuvo el titular ante el fraude cometido en la corredora de bolsa en 1997.

Sin embargo, en las declaraciones publicadas el martes en este periódico, dijo haber informado a la gente que existían indicios de malversación de fondos.

“En el momento que dimos cuenta de los movimientos ocultos, aplicamos la ley”, declaró en esa ocasión el funcionario.

Añadió que las supervisiones a la empresa eran constantes.

Rodríguez se presentó el 18 de noviembre a la Comisión, donde explicó que el fraude era de $6.3 millones.

De igual manera, indicó que la central de depósitos de valores tenía en custodia títulos por la cantidad de más de $500,000.