El equipo. Ricardo Perdomo (PDC) conversa con Romeo Auerbach (PCN) y Vinicio Peñate. Fotos EDH

El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Una distribución alternativa de los parlamentarios y la reforma de los Artículos 208 y 209 de la Constitución, para separar las funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fueron las conclusiones con las que ayer la comisión técnico-electoral concluyó varios meses de trabajo.

Según el proyecto de decreto elaborado por el equipo, el reparto de las curules, tras reformar el artículo 13 del Código Electoral, quedaría de la siguiente manera: San Salvador pasará de las 16 curules actuales a 25; Santa Ana, de cinco a siete; San Miguel, de cinco a seis; La Libertad, de seis a ocho; Sonsonate, de cuatro a seis; Usulután, de cuatro a cinco; Ahuchapán, La Paz y La Unión, de tres a cuatro.

Cuscatlán, Chalatenango, Morazán, San Vicente y Cabañas mantendrán los tres diputados actuales.

“Para hacer esta distribución, nos hemos basado en un modelo de equidad para aumentar la proporcionalidad en beneficio del pluralismo democrático”, explicó el diputado tricolor Guillermo Gallegos.

“Además -añadió el representante de ARENA- hemos tenido especial cuidado en ser respetuosos con la Constitución para que la Corte Suprema de Justicia acepte estas reformas”.

Junto a estos cambios, los representantes también acordaron la idoneidad de reformar la Carta Magna para separar las funciones jurisdiccionales y administrativas del TSE.

Dos entes

“Hemos consultado a diferentes juristas y concluimos que es necesario reformar los Artículos 208 y 209 de la Constitución para crear dos entes estatales diferentes que asuman estas funciones por separado”, analizó Vinicio Peñate, del CDU, ahora llamado Cambio Democrático.

En su documento, el grupo también recomienda al organismo electoral mejorar los procesos de administración de justicia y volver a tipificar tanto las penas como las sanciones correspondientes.

Aunque las reformas se remitirán ahora a la Asamblea Legislativa, para su debate y posterior aprobación, se crearán normas temporales que regularán los procesos hasta entonces.

“La Asamblea no podrá ratificar estos cambios hasta 2009, por lo que deberemos tener normas dentro de esta ley de procedimientos electorales a las que podamos acogernos en ese intervalo”, aclaró el pecenista Romeo Auerbach.

Ahora, los políticos quedan a la espera de que la mesa de diálogo y entendimiento les reoriente sobre los temas de agenda que se pactaron al inicio de las reuniones.