
Marcela Sánchez*
El Diario de Hoy
editorial@elsalvador.com
El mes entrante se cumplen ocho años
desde que Guatemala puso fin a sus 36 años de guerra con la promesa
de superar la profunda desigualdad social que llevó al conflicto.
En importantes aspectos, sin embargo, la situación de la Guatemala
de post guerra parece peor.
El país de 14 millones de habitantes continúa teniendo una
de las mayores disparidades de riqueza del mundo, donde el 20 por ciento
de la población controla el 80 por ciento del producto interno
bruto, mientras que la mayoría, principalmente indígena,
vive en la pobreza. Hasta ahora ningún gobierno ha podido o querido
acercarse a la meta de los acuerdos de paz de 1996 de aumentar la carga
tributaria del país, una de las más bajas del mundo, al
12 por ciento del PIB.
Como consecuencia, el gobierno se ve constantemente en aprietos, dado
que el país más grande de América Central tiene la
carga tributaria más baja de la región y la más baja
inversión pública en salud y educación. Si a ello
se añaden los efectos del pendiente Tratado de Libre Comercio de
Centro América con Estados Unidos una reducción de
ingresos en medio punto porcentual del PIB, según el Banco Interamericano
de Desarrollo, y el inevitable desplazamiento de trabajadores y campesinos
los compromisos del 96 se hacen todavía más urgentes.
A diferencia de la mayoría de los países en América
Latina que ha elegido candidatos de la izquierda para responder a las
crecientes disparidades entre ricos y pobres, hace casi un año
los guatemaltecos fincaron sus esperanzas en un político de derecha.
Habían ensayado con un presidente de izquierda pero el experimento
fracasó después de cuatro años de escándalos
de corrupción. Ahora el Presidente guatemalteco Óscar Berger
debe hacer lo que líderes de izquierda están intentando
a lo largo de la región lograr mayor paridad social a través
de un híbrido de políticas de izquierda y de derecha.
En muchos aspectos, Berger, un antiguo empresario, es un conservador típico.
Ha prometido reducir el tamaño del gobierno y espera llegar al
final de su mandato sin ningún déficit presupuestario y
sin aumentar los impuestos.
Era de esperarse entonces que la Misión de Naciones Unidas en Guatemala,
que está cerrando sus oficinas después de 10 años,
advirtiera en un informe final emitido la semana pasada que la falta de
un drástico cambio en la agenda impositiva de Berger representará
una grave hipoteca sobre el desarrollo futuro de Guatemala.
La ONU prevé que el actual plan reducirá la carga tributaria
a poco menos del 10 por ciento del PIB en 2005. La carga impositiva de
Nicaragua, con la mitad de la riqueza per cápita de Guatemala,
fue de 16 por ciento del PIB el año pasado.
Berger debe también responder a la creencia generalizada de que
el régimen de impuestos favorece a los guatemaltecos ricos. En
la mente de muchos ciudadanos, las familias más ricas y las empresas
más grandes del país no están pagando lo que les
corresponde. Funcionarios que trabajan o han trabajado en instituciones
financieras internacionales coinciden en que una abundancia de deducciones
y exenciones ha hecho normal para algunos no pagar impuestos.
La buena noticia es que Berger ha iniciado significativos recortes en
el presupuesto militar del país, cortes más profundos que
los requeridos por los acuerdos de paz. También se ha comprometido
a acabar con la corrupción, particularmente en la administración
de aduanas del país, una importante fuente de recursos.
Ambas iniciativas deberán elevar los ingresos del Estado un poco.
Pero, más importante aún, ambas deberán ayudar a
debilitar los argumentos usados por líderes empresariales que aseguraban
que sus contribuciones presupuestarias eran robadas o desperdiciadas por
el gobierno.
De todos modos, Berger necesita ser mucho más agresivo. Si alguien
va a tomar en serio su supuesta meta de aumentar gastos en educación
y salud, como el embajador José Guillermo Castillo caracterizó
las intenciones del presidente, Berger debe estar dispuesto a apartarse
de las limitaciones de una estrategia puramente conservadora.
Para empezar, el mandatario guatemalteco necesita distanciarse de sus
promesas de balancear el presupuesto y terminar su período sin
ningún déficit sueño quijotesco si no se aumentan
los impuestos. Incluso Standard & Poors, la agencia de calificación
crediticia a menudo preocupada con líderes de izquierda, parece
pensar lo mismo. Según Sebastián Briozzo, analista de crédito
latinoamericano de S&P, si no ocurren otros cambios durante el gobierno
de Berger y particularmente si los ingresos tributarios no alcanzan
la meta del 12 por ciento la posición del país ante
los ojos de Wall Street no mejorará en absoluto.
En un análisis de S&P a comienzos de mes, Briozzo de hecho
se preguntaba si Latinoamérica ha empezado una tendencia
hacia un mayor consenso en políticas macroeconómicas prudentes.
Si así fuera, arguye, la calificación de los países
de la región mejoraría más rápidamente. Más
importante aún, las instituciones de la región estarían
dando señales de una transformación positiva. Y las discusiones
de política económica ya no serían sobre si un país
como Guatemala realmente necesita aumentar su solvencia, sino cómo
y por cuánto.
* Columnista de The Washington Post.

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