
Armando
Rivera Bolaños
El Diario de Hoy
pablorodas@yahoo.com
Uno de los problemas
más frecuentes de las sentencias judiciales estriba en que los
encargados de administrar justicia se olvidan de las tres dimensiones
del Derecho y se basan, casi exclusivamente, en lo que dice la letra fría
de los códigos, no consideran el área del razonamiento,
los valores, la experiencia, el sentido común y la lógica
que entre sí hacen la llamada sana crítica del juez. Esto
se puede ver en el caso de la injusta multa que se quiere aplicar a la
presidencia de Cel, imputándole responsabilidad penal por una necesaria
descarga técnica de los embalses durante la tormenta Mitch.
Veamos con detenimiento esta situación, que podría sentar
un precedente funesto en el sistema judicial.
Según los tratadistas, todo juzgador debe buscar, siempre por medio
de esa sana crítica, la interpretación adecuada de las leyes
penales abarcando en su criterio los mismos hechos históricos,
que deben darle una mejor visión fáctica del entorno en
que acaecieron los acontecimientos. Esto se vuelve necesario antes de
tomar una decisión que puede resultar no sólo injusta, sino
también dañina. Por ejemplo, el jurista europeo Bobbio se
refería con énfasis a los aspectos espacio-temporales, añadiendo
que, en la formulación de las sentencias, es preciso no sólo
atender a la naturaleza humana, sino también a las condiciones
históricas de los hechos jurídicos.
Quienes vivimos parte de nuestra niñez a las orillas de aquella
límpida y tranquila Bahía de Jiquilisco, que supimos de
sus manglares y llanuras, donde se escuchaba que chillaban los monos araña
y gruñían amenazadores los pumas y tigrillos, mientras alzaban
vuelo escandaloso las garzas y pericos, jamás olvidaremos que con
la llegada de cada invierno aquellos bosques, caminos y senderos eran
inundados por el Río Lempa, convertidos en enormes lagunas lodosas
e intransitables. No fue raro observar, con ojos de espanto, cómo
las correntadas arrastraban a su paso los ranchos, los cultivos, animales
y hasta personas víctimas de aquellas turbulentas aguas.
En aquellos tiempos no había presas hidroeléctricas ni una
Cel a la cual echarle la culpa, mejor dicho, el ojo a sus arcas. Fue hasta
la administración del coronel Óscar Osorio que se inauguró
la presa del Guayabo o Cinco de Noviembre y desde ese tiempo,
como una medida precautoria, técnica y necesaria, comenzaron a
realizarse las descargas de agua cuando el nivel del embalse llegaba a
su máxima capacidad, pues, de lo contrario, una presa se puede
romper con efectos mucho más catastróficos que los ocasionados
por un fuerte temporal de invierno.
En el caso que motiva estas líneas, de no haber actuado los técnicos
de Cel tal como lo hicieron cuando nos azotó la tormenta Mitch,
las presas habrían estallado en torrentes de agua tan enormes que
no sólo el Bajo Lempa se hubiera inundado, sino que tres departamentos
de la República habrían sufrido efectos desastrosos, con
pérdidas multimillonarias en cultivos, bienes y animales, sin mencionar
por obvio, el final de muchísimas vidas humanas. ¿Y cuál
es ahora la actitud que han tomado algunos sectores empeñados en
seguir la destrucción del país?
Pues llevar el caso a los tribunales, donde unos jueces inadvertidos,
que a lo mejor no entraron en consideraciones lógicas, que olvidaron
la tridimensionalidad jurídica y los aspectos espacio-temporales,
sólo vieron en la figura del presidente de la entidad al victimario
propicio, al ajusticiable, al que se le puede condenar de un solo sopapo
legal. Mas no con prisión ni con medidas cautelares sustitutivas,
ni con juicios abreviados, sino imponiéndole una abultada multa,
que significa desembocar millonadas de dólares para satisfacer
la codicia de aquellas personas que se afanan en socavar el erario de
instituciones que, como Cel, tienen un respaldo económico sustentable.
El problema de las inundaciones en el Bajo Lempa es un caso que tiene
antecedentes históricos, derivado de su ubicación geográfica
y su configuración territorial. Es una cuestión delicada
que se debe analizar cuidadosamente y hallarle soluciones viables por
un equipo multidisciplinario que incluya ingenieros, especialistas en
riegos e hidrología, geólogos y otros por el estilo. De
lo contrario, de ejecutarse esta injusta multa, ya se puede ir preparando
Cel, pues con cada invierno, o con cada huracán que se le ocurra
desviarse para nuestro país, seguirán esquilmándole
sus bienes hasta hacerle fallecer. ¡Vaya tonterías de nuestro
sistema jurídico!
*Abogado y psicólogo.

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