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Mano dura a empleadores

Personas con discapacidad. Las empresas están obligadas a contratar a un miembro de este sector por cada 25 trabajadores. El Ministerio de Trabajo aplicará multas

Publicada 22 de noviembre 2004, El Diario de Hoy


Ronald Jovel
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com

El vivo, a señas, y el tonto, a palos. La etapa de sensibilización de los dueños de empresas en aras de hacer conciencia para que brinden la oportunidad de empleo a personas con discapacidad pasa a segundo plano.

Desde hace dos meses, bajo la administración del nuevo ministro de Trabajo, José Roberto Espinal, esa cartera de Estado ha comenzado a fiscalizar las compañías, una por una, para corroborar que se apeguen a lo legal.

El Artículo 24 de la Ley de Equiparación de Oportunidades establece que todo patrono privado está en la obligación de contar con una persona con discapacidad por cada 25 trabajadores a su servicio.

Con legislación en mano
Al no cumplir con de la Ley de
Equiparación, se puede incurrir en sanciones según el Código de Trabajo
Art. 24.- Todo patrono privado tiene la obligación de contratar como mínimo, por cada 25 trabajadores que tenga a su servicio, a una persona con discapacidad y formación
idónea, apta para desempeñar el
puesto de que se trate.
Art. 627.- Las infracciones a lo dispuesto en los libros I, II y III de este Código y demás leyes laborales que no tuvieren señalada una sanción especial, harán incurrir al infractor
en una multa de hasta 500 colones por cada
violación, sin que deje de cumplir con la norma.

Durante los cuatro años que tiene de vigencia la legislación, sin hacer uso de medidas coercitivas, el Ministerio de Trabajo (Mintrab) ha conseguido que sólo el 35% cumpla.

“Ya estamos puntualizando las inspecciones con mayor seriedad y cumplimiento, no vamos a tener piedad con quienes no cumplan, es la orden del nuevo ministro”, apuntó el jefe del Departamento de Inspecciones del Mintrab, Otto Rodríguez.

En los primeros 60 días han sido fiscalizadas cerca de 40 empresas, de las cuales, según asegura Rodríguez, el 50% ha cumplido, y, pese a ser sólo una muestra, espera que el comportamiento se mantenga en las 800 que falta por revisar.

Esa tarea podría tardar todo el siguiente año, ya que sólo hay 23 inspectores.

“Las que no están cumpliendo nos han pedido un chance y se les ha dado un período de subsanación, pero si al final no se apegan a la ley, las vamos a penalizar”, indicó el funcionario.

Agregó que se les ha dado un mes para arreglar su situación.

El único problema es que la Ley de Equiparación de Oportunidades no establece las multas a aplicar; empero, Rodríguez dice que se basarán en el Artículo 627 del Código de Trabajo.

Dicho apartado indica que las leyes laborales que no especifiquen una sanción especial, harán incurrir al infractor en una multa hasta 500 colones por cada violación.

“Además de tener que pagar la multa, tienen que cumplir con lo que dicta la ley”, asevera Rodríguez.

En tanto, las inspecciones en los centros de trabajo privados no sólo van enfocadas en el cumplimiento del Artículo 24, sino también en que se respete todas las normas del Código de Trabajo.

“Vamos a verificar que las condiciones en las que laboren estas personas sean adecuadas, de lo contrario, también se les multará”, aseveró el jefe de Inspecciones.

La coordinadora de la Unidad de Colocación del Mintrab, Martha de Herrera, asegura que si los empleadores incumplen no es por ignorancia, porque constantemente se han realizado jornadas de sensibilización.

Falta más formación

Uno de los principales obstáculos que dificulta que las personas con discapacidad encuentren un empleo fácilmente son sus bajos niveles académicos, sostiene la coordinadora de la Unidad de Colocación, del Ministerio de Trabajo, Martha de Herrera.

Además, agrega que existe antipatía por parte de ese sector a capacitarse.

“Quiérase o no, las limitantes que existen son los bajos niveles educativos y la baja cualificación”, menciona la funcionaria.

Ante esa situación, el Ministerio de Trabajo ha habilitado tres centros de formación en computación en San Salvador, San Miguel y Santa Ana.

La directora del Consejo Nacional de Atención a la Persona con Discapacidad (Conaipd), Lourdes de Morales, coincide en que la desventaja de esa población es la falta de competitividad. “La ley no se debe cumplir por lástima, sino por condiciones”, apuntó De Morales.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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