Artiga. El alto cargo llegó a la comisión financiera para hablar del trabajo ejecutado. Foto EDH

Katlen Urquilla
El Diario de Hoy
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El Fiscal General, Belisario Artiga, fue duramente cuestionado ayer por los diputados de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa con respecto a la investigación del supuesto fraude en la Operadora Bursátil de Centroamérica (OBC).

Los parlamentarios recalcaron los vacíos en las investigaciones que el ente fiscalizador realiza en la casa corredora de bolsa, cuyas operaciones fueron cerradas en julio por varias anomalías.

Un centenar de inversionistas ha denunciado que no les devolvieron su dinero. La Fiscalía estableció que la corredora sacó del país ocho millones de dólares.

Los políticos que más increparon al Fiscal fueron los del FMLN, PCN y el extinto CDU.

“Para mí está claro que la Fiscalía no ha cumplido su papel. En estos casos no ha tenido la capacidad institucional para cumplir y proteger los intereses del Estado y de los afectados”, le criticó Salvador Arias, del partido de izquierda.

Gerson Martínez, también del Frente, afirmó que “parece increíble que el ente fiscalizador diga que no tenga peritos, cuando hay tantos casos de irregularidades en el sistema financiero que resolver”.

“¿Qué hizo y qué hace la Fiscalía para esclarecer estos casos?”, le preguntó el parlamentario a Artiga.

Sin embargo, el diputado Rigoberto Trinidad, de Arena, opinó que el Ministerio Público ha dado pasos positivos en las investigaciones.

A su juicio, es necesario que se refuerce el presupuesto de la institución para que tenga más recursos, como es el caso de los peritos financieros.

Por su parte, Mario Ponce, del PCN, dijo que la Superintendencia de Valores es el ente que tenía que vigilar las operaciones de la casa corredora.

“Hay responsabilidad de las autoridades en responder a los afectados. Ellos invirtieron con la fe que el Estado normaba las operaciones”, le recalcó al superintendente, Omar Rodríguez, quien también compareció ante los diputados.

Responde

Belisario Artiga no pudo exponer los avances ante la comisión especial de OBC, porque la reunión se suspendió debido a la sesión plenaria. Sólo habló de la liquidación del banco Credisa.

Pese a ello, Artiga respondió que la Fiscalía ha estado monitoreando los intereses del Estado en los casos por supuesta defraudación.

“Estamos adelantando información de otros efectivos e inversiones que (Julio Villatoro, propietario de OBC) pueda tener en los Estados Unidos y de las cuales tenemos bastante información. Ese era el trabajo que que íbamos a informar a los diputados de la Asamblea Legislativa”, recalcó el funcionario.

Piden plan de pago a afectados

La Fiscalía pidió ayer que la Superintendencia de Valores elabore un plan para devolver el dinero a los presuntos defraudados por la empresa bursátil.

Víctimas. Solicitan al ente supervisor que les paguen. Foto EDH

“Tenemos la impresión de que algunos de los afectados pueden tener reparación administrativa de su daño”, aseguró el Fiscal General, Belisario Artiga.

Explicó que éste se podría efectuar con la fianza de garantía que tiene la firma, aunque reconoce que no sería suficiente.

Sostuvo que si unos son “rescatables”, con los otros “vamos a ver qué se puede hacer con los fondos congelados por la Fiscalía”, advirtió.

Sin embargo, aclaró que no se puede hacer hasta que haya un fallo condenatorio, por lo menos en la parte civil.

Los afectados declararon que el superintendente, Omar Rodríguez, les explicó que gestionarán con una casa corredora, administre el dinero que invirtieron y que está retenido y recuperarlo.