Cuidad. En la Escuela Santa Eduviges, de Soyapango, se estrechará la seguridad. Foto EDH

Susana Joma
El Diario de Hoy
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Pagar por lo menos un vigilante se ha convertido en asunto obligado para la mayoría de administradores de escuelas públicas, que quieren evitar que sus equipos y materiales sean hurtados durante las vacaciones de este fin de año.

La urgencia en esos centros se explica, debido a los constantes saqueos. De acuerdo a las estadísticas policiales, entre el uno de enero y el 15 de noviembre de este año, recibieron 438 denuncias de hurtos en este tipo de instituciones.

El informe de la policía revela la incidencia en ocho departamentos. Destacan Sonsonate con 44 casos y Cuscatlán con 40. En el norte de La Libertad se reportaron 35 y en Usulután 30.

Para prevenir, el director departamental de Educación, Ubilfredo Panameño, ha llamado a los directores y miembros de los Consejos Directivos Escolares para que dejen bien guardados los bienes de las instituciones.

La sugerencia va en el sentido de que una vez terminen de hacer programaciones y liquidar los asuntos administrativos, refuercen las puertas de las direcciones donde quedan los valores.

Sin embargo, en muchas escuelas han ido más allá y han contratado el servicio de vigilantes, aún a costa de su capacidad económica.

En la comunidad del Centro Escolar Católico Fe y Alegría, en el municipio de Soyapango, que es privado y brinda servicio educativo público, el asedio es tal que en los últimos tres años han tenido que contratar cuatro vigilantes.

Uno es pagado por los padres y según comenta Nora Robles, la hermana carmelita que dirige el lugar, cada uno aporta un dólar al mes.

Están resignados, pues, los delincuentes ya cargaron con máquinas de escribir, televisiones, medicinas, libros y materiales usados en las aulas.

En la Escuela Las Margaritas, del mismo sector, no se quedan atrás. Tienen tres cuidadores a los que deben pagarles salarios que rondan los mil 200 colones.

“Gracias a que nos asignaron dos maestros interinos, hoy con lo que les pagábamos vamos a cubrir la vigilancia de noviembre y diciembre”, subraya José Díaz, director del recinto.
A pocas cuadras, en la escuela Santa Eduviges, el guardián ha llevado un perro de raza para que le ayude a cuidar.

El temor de las comunidades educativas ha aumentado porque han logrado instalar recursos tecnológicos para mejorar la enseñanza. Por lo menos es lo que explicó Olga de Mejía, subdirectora del Centro Escolar Alberto Guerra, de Sonsonate.

“Vamos a dejar vigilancia, pero también contamos con el apoyo de los vecinos. Están bien atentos a cualquier movimiento que ven cuando no hay clases”, explicó por su parte Irsa Araujo, directora del Centro Escolar San José Gualozo, que funciona en Chirilagua, San Miguel.

“Nos robaron por esta época”

La educadora Gloria Esmeralda Fuentes todavía resiente el último saqueo que padecieron en el Centro Escolar Antonio Najarro, porque los bienes que las comunidades pierden difícilmente se vuelven a recuperar.

Vulnerable. La Escuela Fe y Alegría fue asaltada varias veces. Foto EDH

“A nosotros nos robaron el año pasado por esta época... Se llamó a la policía y se interpuso la demanda, pero no se hizo nada aunque encontraron al sujeto con las cosas en la mano. Tampoco hicieron que nos las devolviera”, se quejó.

Ella enumeró los bienes perdidos, desde los libros de primer grado, una colección completa de álgebras de Baldor, las aritméticas y los libros para enseñar Inglés a los estudiantes.

“Hoy vamos a ver qué medidas tomamos antes de que se marchen los compañeros, pero procuramos no dejar muchos bienes”, asegura Fuentes.

Por el momento, el Consejo Directivo Escolar ha mandado podar los árboles que rodean la institución y han colocado alambre en los muros para evitar que los rateros entren otra vez.
La educadora es tajante al señalar que cuando ocurren problemas de esta naturaleza, al final los que resultan afectados son los estudiantes que utilizan esos recursos.

Los directores serán los últimos en abandonar los recintos educativos, y eso ocurrirá una vez hayan liquidado los bonos que el Ministerio de Educación provee.