Auditoría. Agente asegura la documentación decomisada en la corredora de bolsa.Foto EDH

Katlen Urquilla
El Diario de Hoy
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La Superintendencia de Valores (SV) impuso ayer una multa por 500 mil colones ($57,142.86) a la Operadora Bursátil de Centroamérica (OBC), después de confirmar que captó fondos del público sin autorización.

El titular de la institución, Omar Rodríguez, explicó que esa es la pena máxima que impone la institución cuando una empresa bursátil viola la ley orgánica.

En el documento que enviaron por la tarde a Jorge Alberto Cárcamo, en calidad de apoderado de OBC, se le informó que la firma violó las disposiciones legales.

La Superintendencia ordenó el cierre de operaciones de la firma, en julio, después de determinar varias irregularidades. Más de un centenar de inversionistas han denunciado a la directiva por no devolverles su dinero.

Aunque se restringió que siguiera funcionando, la empresa aún existe como persona jurídica, dijo la fuente.

Rodríguez afirmó que OBC está obligada a pagar en diez días hábiles, a partir de la notificación, a la Dirección de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, indicó que tendrán tres días para apelar ante el Consejo Directivo de la Superintendencia.

“Si no lo pagan, será la Fiscalía la que les obligue a cancelar el dinero en favor del Estado”, afirmó.

Por otro lado, el funcionario prometió que antes de finalizar el año esperan devolver $829 mil de los 540 mil que la Fiscalía congeló de las cuentas de OBC.
El dinero lo repartirían entre 400 inversionistas.

“Negligencia”

Mientras tanto, los directivos de los ofendidos aseguraron a El Diario de Hoy que “han sentido que la Superintendencia ha sido negligente con el caso”.

“La Superintendencia ha tardado demasiados años para decir que hubo irregularidades. Sabían que las había desde 1997 y no nos informaron”, afirmaron Luis Óscar Mejía y Rossana de Rodríguez, de la directiva.

En tanto, el superintendente sostuvo que “sólo supervisaban las operaciones normales en la bolsa, pero de las irregulares no teníamos conocimiento”.
Concluyó con que quieren colaborar con los afectados.
El funcionario ha sido citado para hoy en la Asamblea Legislativa.

Queja. Las víctimas sólo quieren recuperar sus fondos..Foto EDH

Piden reabrir caso Credisa

Los accionistas minoritarios del Banco de Crédito Inmobiliario (Credisa) exigieron ayer a la Fiscalía General que explique por qué no ha dado respuesta a la demanda interpuesta en contra de las dos últimas directivas de la extinta financiera.

En la demanda, puesta en julio de 2001, se acusa a las directivas de quebrar al banco y de defraudar a los accionistas.

Credisa quebró en 1997, luego de que la Superintendencia Financiera le ordenara elevar el capital.

Juan Rosa, representante de los afectados, dijo que la Fiscalía, lejos de resolver el problema, cada cierto tiempo cambia a los fiscales del caso, por lo que el proceso no avanza, y por último les argumentaron que no existían pruebas de fraude. “Esto es extraño, por qué no se investiga el caso”, sostuvo el dirigente.

Ante esa situación, solicitaron a la Asamblea Legislativa que interpele al Fiscal para que explique qué ha pasado. El funcionario comparecerá hoy ante el Parlamento.
Los que más molesta a los afectados es que los accionistas mayoritarios recuperaron su dinero, mientras que ellos siguen esperando.