Diligencia. Nora Montoya entregó la documentación a Ema Dinora Bonilla de Avelar, en la Secretaría General de la Corte. Foto EDH

Jaime García
El Diario de Hoy
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La Jueza 9a. de Instrucción, Nora Montoya, entregó ayer por la mañana un escrito a la Corte Suprema de Justicia en el que responde a los tribunales de Francia que el monto de los fraudes en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) es de 37 millones de dólares.

El documento, que contiene 20 páginas en castellano y 20 más en francés, expresa que el dinero fue obtenido ilícitamente por Carlos Augusto Perla Parada cuando fungió como presidente de la institución, entre 1994 y 2002.
Francia pidió a El Salvador que le explicara puntos difusos del pedido de extradición del ex funcionario estatal, quien se encuentra preso en esa nación europea.

El documento enviado ayer informa al tribunal francés que la Fiscalía reiteró sus acusaciones contra Perla, cuándo y dónde se cometieron los delitos y cuánto dinero se sustrajo, explicó la juzgadora.

Agregó que además se informa que los delitos atribuidos al ex-funcionario (negociaciones ilícitas, asociaciones ilícitas y peculado o desvío de recursos públicos), no han prescrito, es decir, que todavía pueden ser castigados penalmente.

“Un dictamen financiero estableció que el fraude es de $37 millones de dólares”, recalcó.

Continuados

La funcionaria dijo que en el informe se explica que los delitos atribuidos a Perla son “hechos continuados”, es decir, que se cometieron una y otra vez en ocho años y esto evita su prescripción o cese de persecución por ahora.

Montoya agregó que otro de los reparos de Francia es que se definiera el nombre del encausado, ya que decía llamarse Carlos Alberto, cuando es Carlos Augusto.

El documento fue entregado a la Secretaría General del Palacio de Justicia para que sea discutido por los magistrados en su reunión plenaria semanal.

Si la Corte no le hace reparos, deberá remitirlo al Ministerio de Gobernación, y éste enviarlo al de Relaciones Exteriores. Cancillería puede entregarlo a la embajada de Francia o hacerlo directamente al Ministerio de Justicia francés para que lo haga llegar al tribunal.

La información debe llegar a las autoridades judiciales galas antes del 15 de diciembre.

“Yo no me opongo a dar beneficios a imputados”

La jueza Nora Montoya afirmó que no se opone a que se otorguen beneficios penales a imputados que han colaborado con la justicia, pero consideró que se debe tomar en cuenta que en esos casos se negocia con personas que han cometido delito.
La funcionaria explicó lo anterior al razonar sus objeciones para dar calidad de testigo al ex gerente de Anda, Mario Orellana Andrade.

Sin referirse específicamente al caso, para no adelantar su fallo, Montoya definió el criterio de oportunidad como una “herramienta útil para la justicia”, para romper códigos de silencio en las estructuras del crimen organizado.

“Sin embargo, hay casos en los que no se necesita aplicarlo porque, hay que recordar, el Estado está negociando con una persona que ha cometido delito”, expuso.
Agregó que en la mayoría de casos es necesario imponer condiciones para que un imputado sea considerado para testificar.

Actualmente Montoya tiene en su poder un pedido de la Fiscalía General para que a Orellana Andrade le sea otorgado dicho procedimiento procesal.
Montoya afirmó que la próxima semana podría emitir una resolución al respecto.