Emotivo. El presidente de ANEP, Federico Colorado, explica el plan 2024 a la concurrencia. Foto EDH

José Luis Henríquez
El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), consciente de que se necesita definir una visión de largo plazo para el desarrollo del país, propuso ayer al gobierno y a la sociedad la creación de un consejo económico y social.

Dicho consejo sería una instancia de diálogo permanente entre los diferentes sectores nacionales, para discutir iniciativas y propuestas de relevancia nacional que serían elevadas a las instancias superiores del poder político.

El presidente de ANEP, Federico Colorado, puntualizó que no se pueden evadir como sociedad los problemas ni mucho menos las responsabilidades que se tienen, especialmente si está de por medio la democracia.

En ese sentido, comentó, el Quinto Encuentro Nacional de la Empresa Privada gira alrededor de la responsabilidad social empresarial, el diálogo social y las políticas públicas para reactivar la economía.

Esto es así, porque la responsabilidad corporativa aumenta la competitividad de las empresas y agrega valor a los bienes y servicios, y el diálogo social es fundamental para alcanzar consensos que servirán para la construcción de políticas públicas que trasciendan
los períodos presidenciales.

Proyectos

El empresario indicó que en los últimos ocho años han existido numerosas propuestas para el desarrollo nacional, tales como el Manifiesto Salvadoreño, el Plan de Nación, los informes económicos y sociales de Fusades, los informes de desarrollo humano del PNUD y ahora el quinto documento de Enade.

“El país no carece de ideas de desarrollo, sin embargo, debe crearse una estrategia basada en el consenso de la sociedad salvadoreña, que sea aceptada por todos, cuyo horizonte sea el 2024”.

En el evento, Colorado invitó a todos los sectores para que con el apoyo de la clase política ponga en marcha tan ambicioso proyecto.

“El país al que aspiramos en 2024 tiene como base la democracia. En nuestro país no habrá analfabetismo, habrá un alto porcentaje de graduados universitarios”, dijo.

Colorado añadió que la aspiración es “la eliminación de la pobreza extrema, reducir a su mínima expresión la desnutrición y mortalidad infantil, con un sistema de salud universal y un déficit habitacional que habrá descendido sensiblemente, y se habrán creado las bases para un crecimiento sostenido mayor a la tasa de crecimiento de la población”.

Amplio aval a reforma fiscal

La reforma fiscal efectuada por el Gobierno obtuvo una amplia aprobación del empresariado salvadoreño durante el V Enade. El 82% se mostró a favor de las medidas que buscan ampliar la base tributaria, mientras que solamente el 6% manifestó su total desacuerdo.

Sondeo. Los empresarios evaluaron las obras ejecutadas por el Gobierno. Foto EDH

Además, el 63% de los encuestados ayer apoyó el papel de recaudación y fiscalización que realiza el Ministerio de Hacienda, contra el 23% con postura medianamente en desacuerdo.

Más de la mitad de los asistentes al V Enade también enfatizó la aplicación de medidas para aumentar la base tributaria, con miras a incluir al sector informal.

El uso de la recaudación debe estar enfocado a la inversión social. El 73% de los empresarios dijo que los recursos deben servir para desarrollar infraestructura básica. Otras prioridades fueron la ayuda a familias pobres, el equipamiento de las unidades de salud son otras prioridades, la electrificación rural y la construcción de caminos rurales.

La encuesta evaluó además el desempeño de instituciones de gobierno. Las entidades de seguridad como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada recibieron el aval de la gremial.

En contraparte, las instituciones reguladoras del mercado entre las cuales destacaron las superintendencias del Sistema Financiero, de Electricidad y Telecomunicaciones y la Dirección de Protección al Consumidor salieron con bajo perfil.

Con mala nota también se evaluó el trabajo de los gobiernos municipales, los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.