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| Paralizado. El proyecto de las RTV quedó
inconcluso tras la suspensión de contratos. Foto
EDH |
Katlen Urquilla
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
Mario
Orellana es vital para que el Estado salvadoreño pueda
ganar el litigio por $110 millones que le ha planteado el español
Antonio Martínez Lavado en el Centro Internacional de Arreglos
de Inversiones (CIADI), Estados Unidos, justificó ayer la Fiscalía.
El jefe del Ministerio Público, Belisario Artiga, declaró
ayer que se propone incluso que el ex gerente general de la Administración
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) testifique en el organismo;
que tiene su sede en el Banco Mundial, en Washington.
Pero para esto necesita que la jueza Nora Montoya ratifique al ex funcionario
como testigo. Si la jueza ratifica el criterio (beneficio penal),
no estará lejos la presencia de Orellana como testigo en la sede
del CIADI, afirmó.
Según el funcionario, su declaración servirá para
comprobar el fraude en la adjudicación de las Revisiones Técnicas
Vehiculares (RTV) a las empresas de Alviz y Martínez Lavado.
Artiga recalcó que si el país llegara a perder en Washington,
esto equivaldría a la pérdida del presupuesto asignado al
Órgano Judicial.
Por ello es crucial para el Ministerio Público que Orellana, quien
también habría participado en los hechos, testifique en
ese tribunal.
Lo que sabe
Según la Fiscalía, Mario Orellana escuchó a Alviz
decir que había ganado el concurso de las RTV en octubre de 2002
en la misma forma que obtuvo al menos dos proyectos en Anda.
Martínez Lavado se presentó en el concurso de las revisiones
técnicas como propietario de la empresa Inceysa para ganar el 50%
del negocio cuando el otro español Joaquín Alviz había
obtenido la otra mitad con la firma Icasur.
El Gobierno inició la cancelación de los contratos cuando
descubrió las irregularidades. Ante esto, Martínez Lavado
interpuso la demanda en el Ciadi por daños y perjuicios.
Según el jefe del Ministerio Público, los abogados de El
Salvador en el litigio han concluido que el aporte de Orellana es importante
para el proceso arbitral en el CIADI antes de fin de año.
Por ahora, la Fiscalía no iniciado procesos judiciales por este
caso.
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| Mandatario. Aplaudió confiscación
de bienes mal habidos. Foto EDH |
Saca critica el beneficio para el ex gerente
La concesión de beneficios penales como testigo al ex gerente
de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda),
Mario Orellana, enfrentó ayer al Presidente Antonio Saca con el
Fiscal General, Belisario Artiga.
El mandatario criticó la insistencia de la Fiscalía para
que se le dé el criterio de oportunidad (absolución
o libertad total o parcial) al ex funcionario.
Estoy totalmente en contra de otorgar criterio de oportunidad a
una persona, que, a través del proceso, se ha demostrado claramente
que fue el cerebro de toda la corrupción en Anda, dijo el
mandatario.
Sin embargo, aplaudió el hecho de que se estén recuperando
las propiedades mal habidas en los fraudes.
Afirmó que no se debe esperar hasta que la Corte de Cuentas descubra
los casos de corrupción. Hay que prevenirlos, enfatizó.
Pero el Fiscal General, Belisario Artiga, aseveró que la institución
a su cargo es independiente y se debe a la Constitución y al Estado
de Derecho.
Recalcó que hay muchos políticos que han emitido opiniones
sin conocer un ápice de la investigación. Esto,
agregó, ha tergiversado la actuación de la Fiscalía
en el caso Anda.
La opinión del Presidente la puedo entender y respetar, pero
así como se ha pronunciado de que no debe intervenir en las resoluciones
judiciales, me parece que debería esperar los resultados de este
proceso, reiteró.
Concluyó que es el Ministerio Público el que conoce las
debilidades y fortalezas de la investigación.
Entretanto, el Presidente Saca le dio el beneficio de la duda al jefe
del Ministerio Público.
El Fiscal (Belisario Artiga) sabe lo que hace y a él le corresponderá
dar cuenta sobre este caso, acotó.
Respeta decisión de los franceses
El mandatario se refirió a la estadía temporal que el Gobierno
de Francia ha otorgado la familia de Carlos Perla.
- Es una decisión soberana del Gobierno. Entiendo que se los
han dado mientras dure el proceso, dijo.
- El permiso se les otorgó hace seis meses, mientras las autoridades
resuelven si les dan asilo político.

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