Haga click sobre el gráfico. Ilustración EDH

El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com

El dinero que el Estado entrega a las alcaldías como parte del Fondo de Desarrollo Social y Económico de los Municipios (Fodes) debe ser auditado de una forma más estricta, según la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

La recomendación es una de las propuestas que se expone hoy en el V Encuentro Nacional de la Empresa Privada (Enade) que organiza la gremial.

En el documento denominado “El Salvador Solidario. El Compromiso de Todos”, la ANEP sugiere al gobierno que mejore los controles de los recursos, en especial por la “débil situación fiscal que vive el país”.

Con el planteamiento se busca hacer más eficiente la utilización del dinero recogido por el fisco. Menciona particularmente al desembolso de los 9.5 millones de dólares que recibieron este año las alcaldías, como parte del siete por ciento del presupuesto general de la Nación para el desarrollo de obras de interés social.

Según la gremial “las crecientes transferencias de recursos del gobierno central hacia las municipalidades, sin ningún mecanismo de coordinación, evaluación y supervisión, lo que provoca es una ineficiencia de los recursos públicos”.

Sin embargo, más allá de establecer mecanismos de auditorías en el Enade se propone el establecimiento de un sistema que evalúe la rentabilidad económica, social y ambiental de cada proyectos, figura que serviría para establecer los montos de futuras asignaciones.

Los ediles han presionado repetidamente por mayores recursos a través del Fodes, pero el control que se hace de ellos es mínimo y el gobierno central se ha quejado de que buena parte es destinados a gastos administrativos y no de inversión. Alcaldías como la de San Salvador incluso han dado este fondo como garantía para préstamos y lo tienen comprometido hasta el 2011.

Concesiones

Sin embargo, el control de las finanzas públicas es sólo uno de los puntos que propone el documento de la ANEP, la gremial aconseja al Estado buscar nuevas formas de participación conjunta entre el sector público y el privado.

Es este apartado, específicamente, habla del tema de conseciones, que puede ayudar a impulsar proyectos energéticos (pequeñas centrales eléctricas) de transporte, vivienda, infraestructura vial, puertos y aeropuertos, así como en la administración del recurso hídrico.
La gremial también pide la pronta aprobación de la Ley de la Libre Competencia, reglamentación que permitiría un mejor desarrollo de la industria.

Estudio

La ANEP, citando el informe de Desarrollo Humano El Salvador 2003 (Idhes), dice que “la falta de una política de promoción y defensa de la competencia libre y leal constituye uno de los principales escollos institucionales para el desarrollo del país”.

La gremial considera, siempre apoyandose en Idhes, que “aunque el Artículo 110 de la Constitución de la República prohíbe las prácticas monopólicas, El Salvador carece de instrumentos jurídicos al nivel de reglamentación secundaria”, que permitiría la la transparencia del mercado.

Lo anterior pese a que la misma gremial reconoce que la nación es reconocida internacionalmente como una de los países con mayor libertad económica, logro que se pone en peligro por la liberalización de los mercados que han puesto en evidencia prácticas “que debilitan su funcionamiento”.

Lo anterior, detalla el documento de la gremial, sólo se logrará con instituciones fuertes y reglas claras.

El informe no deja de lado la necesidad de implementar programas para la reestructuración de los sistemas de salud y educación, que deberán ser formulados con políticas públicas, que permitan alcanzar objetivos de largo plazo.

Piden límites para la deuda

Una de las principales recomendaciones de la cúpula empresarial habla de la necesidad de contar con una Ley de Responsabilidad Fiscal, que establezca límites al nivel de la deuda pública, y que permita programar presupuestos de gastos flexibles y plurianuales.

En la misma solicitan implantar prácticas mínimas de divulgación y de rendición de cuentas.
Dado que el nivel de endeudamiento roza el 40% del PIB, la Asociación empresarial requiere la definición de una política que asegure mantener el orden de las cuentas fiscales, garantizando que el destino de cualquier nuevo crédito se dirija a proyectos de inversión pública y no a gasto corriente, que no tiene ninguna tasa de retorno.

También sostiene que deben priorizarse las inversiones y mantener el grado de inversión del crédito internacional para que el Estado pueda colocar deuda en plazos y tasas favorables.

Sobre el sector informal indica que éste históricamente se ha escudado en su tamaño para evadir impuestos, en ese sentido, la gremial opina que debe retomarse el proyecto de régimen simplificado de tributo único para incorporar a los informales a la base tributaria.
“Un porcentaje significativo de informales obtienen cuantiosas ganancias, por las cuales el gobierno deja de percibir importantes sumas de impuestos”, reza el informe.

Acceso a crédito

La formalización de ese sector le permitiría tener acceso a financiamiento a través de los intermediarios financieros.

Datos del Ministerio de Hacienda indican que el fisco deja de percibir el 52% de impuesto sobre la renta y 33% de IVA, lo que totaliza alrededor de $450 millones.

En el tema de la transparencia, los empresarios consideran que tiene que reformarse la Corte de Cuentas, para convertirla en el ente contralor de los fondos públicos, mientras se transfieren las atribuciones de juzgar y sancionar a la instancia correspondiente.

“Debe establecerse un sistema de transparencia y rendición de cuentas de todas las entidades del sector público no financiero y de las 262 municipalidades, y fortalecer tanto el sistema de investigación de actos de corrupción, como el proceso judicial sancionatorio”, afirma el documento.

Por otro lado, los emprendedores plantean que el gobierno debe diseñar las políticas necesarias para reactivar la economía, ya que con eso no sólo se generan recursos tributarios para atender las necesidades sociales, sino que se garantiza la sostenibilidad en el pago futuro de la deuda.
Otra petición busca que se castigue a los funcionarios corruptos.

Haga click sobre el gráfico. Ilustración EDH

Apuesta por empleos de primer nivel

El Salvador no puede plantear una estrategia de inserción en los mercados mundiales que esté basada en bajos salarios y mano de obra poco calificada, como lo hacen algunos países asiáticos.

El V Enade postula que la estrategia del país se basa en las ventajas competitivas, el uso de tecnología adecuada, la disponibilidad de infraestructura y menores costos de servicios.
En este sentido, contar con una fuerza laboral de calidad es un elemento fundamental.

El mejoramiento de las habilidades y destrezas de los empleados, la capacitación según los requerimientos del mercado laboral, esquemas flexibles de seguridad social, políticas salariales consecuentes con la productividad, la formación de jóvenes en tecnologías de información y capacidades empresariales son algunas de las propuestas para dicho fin.
En contraparte, las empresas deben apostarle a generar empleos de calidad, pagar salarios de acuerdo con la productividad y cumplir con la legislación laboral.

De esta manera, se emprende la carrera del desarrollo y se afianzan al mismo tiempo las prácticas responsables en las empresas.

“La responsabilidad social empresarial es un imperativo estratégico que descansa fundamentalmente en generar empleos de calidad, pagar salarios de acuerdo con la productividad de los trabajadores, cumplir con la legislación laboral, pagar los impuestos, producir en armonía con el ambiente, cumplir las obligaciones comerciales con los proveedores y ofrecer productivos de calidad a precios competitivos a los consumidores”, reza el texto del V Enade que será presentado hoy.