Joaquín
Villalobos*
El Diario de Hoy
editorial@
elsalvador.com
Oxford, Inglaterra. A doce
años de firmada la paz existe una marcada tendencia a condenar
éticamente la guerra. El tema de las responsabilidades y las razones
de la guerra civil que vivió nuestro país seguirá
teniendo visiones opuestas, jamás habrá una interpretación
común, pero lo más importante es que jamás necesitaremos
que así sea.
Las verdades absolutas y únicas sólo existen bajo los absolutismos
y las dictaduras. La existencia de varias verdades sobre el pasado, el
presente y el futuro es normal en las democracias. La tolerancia a la
diversidad es el motor de la paz y el progreso, eso es lo que no teníamos
y eso es lo que ganamos con la guerra. Cuando las generaciones que participamos
en el conflicto dejemos de existir, habrá menos pasión y
más objetividad para entender lo que pasó.
Es totalmente justo reaccionar de forma moral contra la violencia, pero
es absurdo querer borrarla de la historia. La violencia política
es fundacional, todas las libertades que ahora conocemos y disfrutamos
resultaron de luchas violentas; fronteras de naciones, influencia de las
religiones y culturas se definieron de la misma manera. La democracia
de la pacífica Costa Rica descansa sobre los resultados de una
guerra civil ocurrida en 1947. Pero el sentido histórico de la
violencia política no consiste en que siempre sea inevitable; los
conflictos, cuando las naciones maduran, dejan instituciones y reglas
que van cerrándole el paso a la fuerza y a la intolerancia y abriéndole
camino al derecho y a la tolerancia.
Mañana se cumplirán quince años de la ofensiva guerrillera
de 1989, en ella participaron casi 7,000 combatientes. La calidad y cantidad
de hombres y mujeres que intervinieron, el diseño del plan estratégico,
los teatros de operaciones sobre los que se actuó, la coordinación
de la maniobra con toda la fuerza, la experiencia de los mandos para improvisar
y tomar decisiones tácticas y operacionales, el papel de la inteligencia
y la contrainteligencia para preservar el secreto, la movilización
clandestina de grandes volúmenes de armas y municiones, y la capacidad
de convertir el esfuerzo militar en capital político para una negociación
estratégica, hacen de la ofensiva Al tope y punto la
operación guerrillera insurgente más importante, compleja
y audaz en la historia de la insurgencia contemporánea de Latinoamérica.
Esto es así con mucha distancia de lo que hizo la guerrilla de
Fidel Castro en 1959 y de lo que hicieron los sandinistas en Nicaragua
en 1979.
El cuerpo social del FMLN histórico rondaba, en aquella época,
las treinta mil personas y todas ellas jugaron algún papel. La
efervescencia en las filas de la izquierda era el peor enemigo de la preservación
del secreto. Nuestra inteligencia fue por ello vital y actuó desde
dentro del propio Estado Mayor del Ejército. La misión de
nuestros servicios fue acentuar en el Alto Mando la creencia de que estábamos
muy debilitados y garantizar que cualquier movimiento e información
detectada se interpretara como operaciones de menor envergadura.
La Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA), el Gobierno y el Ejército
fueron entonces totalmente sorprendidos, el Presidente se encontraba en
Coatepeque el día de la ofensiva y dos miembros del Alto Mando
y un importante número de jefes militares estuvieron toda la noche
anterior en una fiesta en Rosalinda, en la Colonia Escalón.
La CIA, al no poder explicar lo que estaba ocurriendo, inventó
que tropas nicaragüenses habían entrado a El Salvador. El
principio básico de la acción de inteligencia fue hacerle
creer al enemigo lo que éste quería y necesitaba creer.
El plan contemplaba acciones de diversión, desde dentro de la capital,
que tenían como objetivo confundir al Ejército, para facilitar
la incursión de la fuerza principal a los barrios populares. Una
segunda incursión a gran escala en la ciudad de San Miguel y otras
menores cumplieron la misión de evitar que el Ejército concentrara
todas sus fuerzas sobre San Salvador.
Los dos conceptos esenciales del plan fueron territorio urbano y tiempo
político para provocar debilitamiento del Gobierno; no interesaba
destruir sus fuerzas físicas, sino debilitar su moral estratégica
y mostrar fortaleza propia. El plan asumía la ofensiva, pero a
partir de una maniobra basada en la defensa de terreno y no en el asalto
a posiciones estratégicas. Atacar de forma convencional una instalación
militar urbana hubiera sido suicida.
El objetivo del plan nunca fue lograr una victoria militar ni provocar
una insurrección, ambas cosas eran imposibles después de
nueve años de guerra. La meta era provocar la intervención
de los Cascos Azules de Naciones Unidas y forzar una negociación.
El jueves 16 de enero anunciamos en Zacamil que estábamos dispuestos
a un cese de fuego. Pero una negociación con nuestras fuerzas ocupando
barrios capitalinos era en realidad una derrota militar para el Ejército.
La reacción fue lanzar un feroz contraataque con aviación
y artillería al mismo tiempo que el Batallón Atlacatl asesinaba
a los padres jesuitas. Ignacio Ellacuría se había reunido
varias veces con el Presidente Cristiani y la comandancia del FMLN; el
Ejército sabía que eso había ocurrido. Matar al potencial
mediador y expulsar a nuestras fuerzas a cualquier costo, fue una respuesta
descontrolada, desesperada, errónea y fatal.
Dos años más tarde, Naciones Unidas intervenía el
país, y la Guardia Nacional, la Policía Nacional, la Policía
de Hacienda, el Batallón Atlacatl, los batallones élites
y las fuerzas paramilitares fueron disueltas para siempre. El Ejército
dejó de ser instrumento del poder económico, se convirtió
en una fuerza profesional, respetable y respetada, pero sin poder político.
El Salvador es, después de Costa Rica, el país con mayor
desarrollo institucional en Centro América, y la Policía
Nacional Civil es, sin duda, la mejor de Latinoamérica. Esto no
nos lo regalaron, nos costó muchas vidas y sacrificios; sin embargo,
para los ortodoxos de la izquierda, la democracia no es revolución
y los muertos no valieron la pena.
Para los ortodoxos de la derecha, la guerra fue innecesaria, porque ya
vivíamos en una democracia que, de 1931 a 1982, puso en el gobierno
a seis generales, cuatro coroneles y siete juntas de gobierno presididas
por militares. En ese período hubo siete golpes de Estado y seis
elecciones, de éstas últimas, sólo dos tuvieron pocos
cuestionamientos, otra dijeron haberla ganado con el 95% de los votos,
en una más un coronel compitió solo y, los fraudes de las
dos últimas provocaron la guerra civil.
Es duro decir que la guerra fue necesaria, quizás sea más
prudente decir que fue inevitable. Hubo errores terribles que costaron
la vida a muchos inocentes y es difícil hablar de la guerra sin
provocar reacciones adversas; lo valioso es que ahora se puede hablar
sin temor a ser asesinado y esto se lo debemos a los que murieron.
Algún día, cuando este país esté menos polarizado
por las ortodoxias y los fanatismos, esos hechos y esos sacrificios en
la batalla del 11 de noviembre y en todas las batallas, armadas y no armadas,
tendrán un lugar de honor en nuestra historia y los que murieron
serán inolvidables.
*Columnista de El Diario de Hoy.

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