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La eterna espera de la cuota alimentaria

En Juzgados de Familia. Un estudio de OEF revela que el dictamen final de las demandas más comunes tardan hasta seis meses. Existe una falta de equipo y exceso de trabajo

Publicada 05 de noviembre 2004, El Diario de Hoy


Ronald Jovel
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com

Poder obtener una cuota alimentaria de 30 dólares para sus dos hijos, por parte del progenitor significó toda una odisea para María H., una joven originaria de la zona rural de San Vicente.

Después de no poder conciliar en la Procuraduría General de la República, presentó la demanda en el Juzgado de Familia de esa localidad.

Esa entidad judicial tardó exactamente 198 días para darle una resolución.

El caso de María no es aislado de la realidad que viven muchas mujeres que ventilan demandas por cuotas de alimentos o reconocimiento paterno. Así lo refleja el diagnóstico realizado por la Organización Empresarial Femenina (OEF), que trabaja en la prevención de la paternidad irresponsable.

El estudio, que se presenta hoy, fue realizado en el Juzgado Cuarto de Familia de San Salvador, y en el Juzgado de Familia de San Vicente, entre julio y agosto del presente año a 31 demandantes que pedían una tarifa mensual por alimentos para sus hijos.

Según los resultados del sondeo, en esos dos tribunales, el tiempo en que se deben desarrollar los procesos son muy largos, y no están acordes a lo que dicta la ley.

De acuerdo con Daysi Ábrego, del Área de Incidencia de OEF, el artículo 36 del Código de Familia apunta que el juzgado tiene entre 10 y 30 días, después de aceptada la demanda, para establecer la fecha de la audiencia preliminar. No obstante, la investigación detalla que se tardan un promedio de 134.

Mientras que para celebrar la audiencia de sentencia pasan, en promedio, 58 días más. En total para que un caso obtenga la resolución final transcurren 192 días, poco más de seis meses.

“Esto desmotiva a las demandantes a continuar con los procesos en los tribunales; y están en juego las necesidades de los niños”, expresó Ábrego.

Entre algunas de las causas a las que atribuye la miembro de OEF el retraso de los procesos está la falta de equipo y la sobrecarga en los tribunales. La jueza del Juzgado de Familia de San Vicente, Ana Lilian Quintanilla, confirmó que la carga laboral que tienen es exagerada.

Por su parte, la jueza del Juzgado Cuarto de Familia de San Salvador, Guadalupe Zeledón, identifica la información incompleta que presentan las demandantes como un factor que dificulta este tipo de procesos.


Reformas son difíciles de aplicar

Pese a que el año pasado se hicieron modificaciones a los artículos 42 y 43 de la Ley Procesal de Familia, que obligan a los demandantes y demandados a presentar una declaración jurada de ingresos y gastos, en la realidad resulta difícil el cumplimiento de ese requisito.

De hecho, el diagnóstico que realizó OEF indica que, de los casos analizados después de la reforma, el 27 % no presentó la declaración.

Entre las razones que se mencionan está que el documento es difícil de llenar, y que contempla indicadores económicos de los últimos cinco años.

Muchos contendientes no tienen respaldo para presentar la declaración.

“A veces los plazos legales no toman en cuenta la carga laboral que tienen los tribunales, por eso algunos casos se tardan un poco”
Guadalupe Zeledón
Jueza de Familia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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