Breve análisis
Gobernabilidad y desarrollo político en el país

Los salvadoreños tenemos un vasto horizonte de responsabilidades nuevas que cumplir. El Salvador ha venido cambiando y hoy, más que nunca, el pueblo pide a los políticos mayor madurez de una nueva cultura política

Marcial Vela Ramos*
El Diario de Hoy
editorial@ elsalvador.com

Una de las palabras más utilizadas en el lenguaje de la política en la última década es gobernabilidad, un término derivado de una palabra griega que significa dirección. Aunque el problema de la gobernabilidad empezó a adquirir importancia en la Década de los 70, entre otras cosas por la pérdida de credibilidad de los pueblos en la eficacia de los gobiernos y en la honestidad de los partidos políticos, el uso de ese concepto se generaliza al cerrarse la fase de la Guerra Fría, cuando el mundo se quedó sin la terminología simplista del supuesto enfrentamiento Este-Oeste, capitalismo-socialismo, democracia-dictadura y todas las demás dicotomías que se puedan recordar.

Ahora gobernabilidad es lo que define el objetivo de toda política que se respete, y se usa para describir determinadas situaciones de la política interna y también de la política internacional. De modo general podría definirse como el conjunto de condiciones que hacen posible el funcionamiento efectivo de la sociedad. A ese ingrediente esencial se pueden añadir otros, principalmente los de la justicia.

La gobernabilidad adquiere su particular significado en la democracia y la participación social, y se asume como una constante búsqueda para desactivar y resolver los conflictos que alteren el orden público o afecten la marcha de la sociedad. Los ciudadanos identifican gobernabilidad con la exigencia a su gobierno de conducirse con racionalidad y eficiencia en la administración de los servicios públicos.

El Gobierno de la República ha creado varios cargos de comisionados, entre los cuales se encuentra la comisionada de Gobernabilidad, figura crucial para entender el momento político por el que transita nuestra sociedad. El Estado salvadoreño requiere de contrapesos y balances, de instituciones electorales autónomas, de descentralización política y administrativa, de participación de la sociedad en los asuntos públicos e interés nacional, así como la vigencia plena del derecho.

Un régimen democrático como el nuestro tiene voluntad de diálogo, capacidad para imponer la ley, mecanismos para canalizar las demandas y, sobre todo cuenta con la legitimidad de la Constitución de la República. Una de las causas que generaron el conflicto interno de nuestro país y por las que luchó el FMLN fue la falta de espacio y discusión de los problemas nacionales. Pareciera que la memoria de los dirigentes del Frente se ha estancado en el tiempo y espacio. Su posición al retirarse de las mesas en un escenario totalmente diferente al de la Década de los 70 es irónico.

En este contexto, la sociedad salvadoreña debe entender que el riesgo no está en el incremento inusual de las demandas nuevas o añejas, sino en la acción de los grupos radicales que no aceptan las reglas de la democracia. Sin embrago, el Gobierno ha demostrado capacidad de diálogo y entendimiento a través de un avance sustantivo e indiscutible de la cultura política democrática. En ellos se han apreciado cambios tan trascendentales que autentifican una mayor confianza en las instituciones democráticas del país y en su funcionamiento.

Sin embargo, es de señalar que uno de los grandes peligros para la gobernabilidad y que sufre nuestro país es el embate delictivo y, especialmente, el que representa el crimen organizado, con su capacidad corruptora que pretende minar las bases del Estado salvadoreño. La gobernabilidad que vive nuestro país debe nutrirse de legitimidad de los procesos electorales y las leyes, entre el Gobierno y los distintos actores políticos y los ciudadanos; en el diálogo constante con estos actores, en la defensa de los derechos constitucionales y en la salvaguarda de la seguridad nacional.

En los últimos 20 años, El Salvador sufrió una profunda transformación en sus instituciones políticas. De un sistema autoritario, basado en un presidencialismo con el poder de castigar a sus enemigos y recompensar a su amigos y responsable de la distribución de la mayoría de las posiciones políticas incluyendo a su sucesor —con elecciones amañadas—, se pasó a un sistema más democrático, con un Ejecutivo con mayores límites y con instituciones electorales débiles para asegurar elecciones justas.

El nuevo gobierno afronta muchos retos. El más inmediato, asegurar las condiciones para consolidar la aprobada reforma fiscal. Nuestro país necesita y requiere mayores ingresos tributarios, y la reforma electoral para coadyuvar la equidad, transparencia y certeza de los futuros procesos electorales. Podemos entonces concluir que la gobernabilidad democrática en nuestro país es un proceso estable, resguardado por instituciones, leyes y conductas ciudadanas que naturalmente no depende sólo de una jornada electoral, sino de la madurez de una cultura y desarrollo político arraigado en nuestra historia y nuestra percepción del porvenir.

Los salvadoreños tenemos un vasto horizonte de responsabilidades nuevas que cumplir. El Salvador ha venido cambiando y hoy, más que nunca, el pueblo pide a los políticos mayor madurez de una nueva cultura política, que tiene como signo la gobernabilidad democrática y cuyo fin es El Salvador justo y libre, que todos merecemos.

*Cnel. ® y licenciado en Ciencias Políticas. mvelaramos@yahoo.es