Aclarando Conceptos
La crisis del sistema político costarricense

La situación de Costa Rica es harto compleja y no es fácil ofrecer recomendaciones de lo que se debería hacer para mejorar su proceso político, puesto que sus fallas son sistémicas

Arturo J. Cruz-Sequeira*
El Diario de Hoy
marvingaleas@ yahoo.com.mx

En las democracias representativas/electorales, los partidos políticos son fundamentales como los intermediarios entre la sociedad y el Estado, con consultas populares limitadas a los períodos electorales, aunque hay espacio para el referéndum como método de consulta directa sobre temas muy concretos y en circunstancias excepcionales. En este sistema de democracia, la soberanía popular es delegada temporalmente a sus representantes, los que por virtud de esta delegación tienen la potestad para tomar decisiones a cuenta de los ciudadanos.

En la democracia directa/participativa, no queda tan claro cuál es la función de los partidos políticos, y más bien se insinúa una función más protagónica en la intermediación entre la gente y la gestión pública para la sociedad civil organizada.

En esta forma de entender la democracia, el referéndum es un mecanismo de utilización frecuente, puesto que en teoría toda “decisión importante” debería ser consultada en forma directa con los ciudadanos. Las decisiones importantes, por ejemplo, pueden ir desde privatizaciones de activos públicos, pasando por revisiones en los aranceles de servicios telefónicos, hasta acuerdos comerciales entre países. En este sistema de democracia, la soberanía popular se ejerce de manera “más directa”.

Los peligros del “poder dual”

Por años Costa Rica ha sido ejemplo de cómo debe funcionar una democracia representativa, con una sociedad política estable y legítima. Sin embargo, en las últimas dos elecciones presidenciales, los índices de abstención llegaron al 30,0% de la franquicia electoral (altos para sus niveles históricos), y sus dos partidos principales han perdido representatividad entre sus clientelas tradicionales. Los casos de corrupción más recientes, que involucran a los ex presidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón, entre otros, han acentuado la tendencia que ya existía entre los costarricenses a no creer en los partidos políticos establecidos, e inclusive, tal como lo señala el destacado columnista de La Nación, Jaime Ordóñez, a mostrar poca satisfacción con la democracia, 48,0% en 2004, comparado con el 75,0% en 2002 y a 90,0% durante los años setenta.

Una sociedad política que carece de legitimidad no es capaz de tomar decisiones que no se prestan a “consensos fáciles”, sobre todo cuando las voces que proponen la democracia directa tienen la ventaja de la ofensiva ideológica, aprovechándose de la preocupación de los costarricenses por la “igualdad ciudadana” y con la preservación de una esfera pública importante que garantice esa igualdad. Los sindicatos y otros grupos que se autodenominan como sociedad civil no le reconocen suficiente representatividad popular a la Asamblea de Costa Rica para efectuar la votación sobre si el país se adhiere o no a lo negociado en el Cafta.

Una “decisión tan importante” en la vida de los costarricenses, según Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la deben tomar de manera compartida la sociedad política y la sociedad civil, y si no es así.
Las organizaciones ciudadanas, advierte Albino Vargas, tendrán que acudir al “referéndum de la calle”, tal como lo hicieron hace varios años con el “combo” del ICE, un proyecto de ley que estaba diseñado para permitir la participación de los empresarios privados, junto con las empresas estatales, en el desarrollo de las telecomunicaciones y en la generación de energía.

Con base en lo dicho, se pudiese alegar que en Costa Rica se están generando las condiciones de “poder dual”, es decir, una situación donde la sociedad política decide una cosa, y la sociedad civil organizada otra, sin que ninguna tenga la fuerza suficiente para imponer su voluntad.

Es una suerte de “empate” entre la sociedad política que posee la legalidad, y la sociedad civil organizada, que dice poseer más legitimidad, por estar “más cerca de la gente”. En semejantes circunstancias, todos los posibles escenarios son indeseables: parálisis gubernamental, caos en las calles, el surgimiento de una figura mesiánica con inclinaciones populistas, o el fortalecimiento de partidos políticos que no comparten la preferencia por el mercado y la iniciativa de los privados.

Una segunda presidencia de Óscar Arias

La situación de Costa Rica es harto compleja y no es fácil ofrecer recomendaciones de lo que se debería hacer para mejorar su proceso político, puesto que sus fallas son sistémicas, asociadas a los partidos tradicionales y a sus líderes más reconocidos. El Presidente Pacheco, cuyo mandato termina en mayo de 2006, da la impresión de no tener el capital político para empujar la reforma fiscal o Cafta. En ocasiones da la impresión de que su ambición mayor es terminar su período en relativa calma, apaciguando la ira de los costarricenses con la condena de los “ángeles caídos”, y entregarle la presidencia a Óscar Arias.

La expectativa del establishment costarricense (una combinación de capitales fuertes pero discretos, medios de comunicación y la tecnocracia/intelectuales asociados a los partidos principales y a la gestión pública), es que Óscar Arias se reelija gracias a su extraordinaria popularidad, y con su liderazgo “probado”, en una segunda presidencia realice, lo que el país para entonces vendría postergando por varios años: la reforma fiscal, la apertura a capitales privados en actividades que han sido de la competencia exclusiva del Estado, la ratificación del Cafta por su Asamblea y que logre “re-inventar” a su partido Liberación Nacional, para que continúe sirviendo como ancla del sistema de partidos costarricense.

Es por lo dicho que el establishment le perdió el miedo a la repetición de un segundo “don Pepe” Figueres Ferrer, y encontraron la manera para permitir la reelección presidencial, aunque no fuese de manera inmediata. Suponiendo que Óscar Arias en 2006 sea la persona indicada para reanimar la democracia de ese país, cuán factible será para su gobierno cumplir exitosamente su agenda, con un ciclo de cuatro años, cuando está claro que los problemas/retos de Costa Rica son sistémicos y se han acumulado a lo largo de los años.

¿En qué condiciones heredará Arias el país en 2006? ¿Cuánto tiempo le tendrá que asignar a lo “inmediato” en los primeros años de su gobierno? ¿Será capaz de preservar su capital político tomando decisiones difíciles? ¿Cómo estará la correlación de fuerzas en un Parlamento cada vez más fragmentado en bancadas que no se someten a ninguna disciplina partidaria?

*Profesor asociado del INCAE.