Luis Mario Rodríguez R.*
El Diario de Hoy

En 1999, cuando ingresé a la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el tema que ocupaba la agenda de la cúpula empresarial era el de las reformas fiscales, específicamente, al IVA y a la Renta, con lo que se pretendía cerrar espacios para la evasión y la elusión fiscal.

Posteriormente, ya durante la administración de Presidente Flores, se sometió a discusión de los distintos sectores la aprobación del Código Tributario, lo cual nos mantuvo ocupados en las asociaciones gremiales por varios meses, ya que la agresiva iniciativa en materia fiscal preocupaba a muchos, no por los controles que se estaban creando para los evasores, sino por la excesiva discrecionalidad que, detectábamos, tendría la administración una vez aprobado ese cuerpo normativo.

Sin embargo, la aplicación práctica cuando el Código estuvo vigente, en diciembre de 2000, fue otra, ni aplicaciones discrecionales ni abusos por parte del Ministerio de Hacienda, aunque se mantuvieron las quejas por la falta de capacitación al personal de dicha cartera de Estado, para la aplicación de la nueva normativa.

Dos año después, durante 2002, el entonces ministro de Hacienda decidió lanzar el “Plan Cien”, cuyo objetivo estratégico, o por lo menos así se nos informó cuando yo era parte de ANEP, fue el de combatir el contrabando, por lo que hubo controles exhaustivos en todos los contenedores que ingresaban al país por cualquier punto fronterizo. No existieron excepciones.

En la gremial se quejaban por el retraso que esta situación causaba, pero entendían que la finalidad de gobierno no era otra que evitar la competencia desleal que constituye la actividad ilícita del contrabando, así como el perjuicio que esta acción causa al fisco, cuando éste deja de percibir los ingresos debido a la introducción ilegal de mercaderías al país. Observamos, pero siempre apoyamos.

En esa ocasión también fuimos muy críticos en ANEP, solicitándole al Gobierno que continuara ejecutando su plan, pero que evitara retrasos en la revisión de los contenederos, debido a la burocracia con la que se realizaban los mismos. El plan fue acompañado de reformas a la Ley Especial para sancionar infracciones aduaneras, la cual había sido aprobada un año antes, a través de las cuales se aumentaban las penas para los delitos contemplados en dicha ley, y se perseguía con mayor rigor el delito de contrabando.

Todas esas experiencias las viví como director ejecutivo de la gremial; en cada una de ellas siempre la actitud fue de total apego a los principios de libre empresa: no permitir discrecionalidad absoluta en la aplicación de la ley, ni mucho menos arbitrariedad por parte de los funcionarios, colaborar a cerrar “huecos fiscales”, generar instrumentos que le permitieran al fisco obtener más ingresos y no apoyar aquellas reformas que desincentivaran la actividad económica.

En todas recibimos la apertura del Gobierno, así como de la Asamblea Legislativa, para ser escuchados y buena parte de nuestras observaciones siempre fue admitida, excepto aquellas que, de acuerdo con el Ejecutivo, desvirtuaban la reforma e impedían un éxito en la aplicación de la misma. Siempre lo entendimos y agradecimos la apertura.

Hoy, el Ejecutivo está impulsando una nueva reforma fiscal que modifica once cuerpos de ley. Se pretende de nuevo realizar un enorme esfuerzo para obtener más ingresos sin aumentar impuestos. La reforma es agresiva, histórica, como ha dicho el Presidente Saca.

La visión es la misma, el cargo desde donde se analizan las reformas es el cambio: hoy, tenemos nosotros la responsabilidad de cumplir como gobierno, sin sacrificar a nadie, sino aplicando la ley al que no la cumple, y cerrando espacios a la elusión para que el fisco obtenga más ingresos. Eso no elimina el respeto a la libertad empresarial ni la negativa a oponernos a todo aquello que pueda significar un abuso del Ejecutivo hacia los administrados.

Por supuesto que hemos velado para que los excesos de discrecionalidad y aplicación arbitraria de la ley sean castigados con todo el rigor: los días multa con los que se sancionaba a un empleado o funcionario que abusara de las facultades que le otorga la ley han sido sustituidos por años de cárcel e inhabilitación de su cargo por el período que dure la pena.

Pero existe un factor más importante por el que debemos velar ahora que estamos de este lado: El uso transparente de los nuevos ingresos que se obtengan con la aplicación de la reforma. Este es quizás el tema trascendental. El combate a la corrupción se hará en esta administración sin tregua, así lo ha manifestado el Presidente y así estamos los funcionarios convencidos de que debe ser. Esa tendría que constituir la preocupación más grande de todos los sectores.

*Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República.