El Diario de Hoy
internacionales@elsalvador.com

El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en cuatro poblados convulsionados por una protesta de campesinos cocaleros, opuestos a la erradicación de sus cultivos, que dejó tres muertos y al menos una decena de heridos.

Las autoridades informaron que buscaban restablecer la calma en los distritos de San Gabán, Antauta, Ollachea y Ayapata, en el departamento de Puno, los que fueron declarados en estado de emergencia por 30 días el martes en la noche.

Richard Díaz, viceministro del Interior, confirmó ayer la muerte de un tercer campesino, a raíz de un enfrentamiento el martes entre policías y unos 800 cocaleros. Entonces se informó que los muertos eran dos.

El choque se registró cuando los campesinos atacaron una comisaría y tomaron la central hidroeléctrica de San Gabán.

“Esta protesta es contra la erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca. Coca ilegal, que ha sido cultivada hace poco tiempo, fuera del marco de la ley”, expresó Díaz.

Según información proporcionada por Devida, la entidad estatal antidrogas, hace una semana, había detectado la existencia de 3,000 hectáreas nuevas de cocales en la zona. (AP)

Turbas con dinamita

Mientras, en Bolivia, miles de mineros bloquearon ayer importantes calles de esta ciudad e hicieron detonar cartuchos de dinamita exigiendo al Gobierno que atienda pedidos para reactivar la minería.

Otros cientos de mineros cortaron la vital carretera La Paz-Oruro-Cochabamba a la altura de la población de Caracollo, 190 kilómetros al sur de La Paz. Unos 100 vehículos habían quedado varados en la zona desde el martes, cuando empezó el bloqueo.

Los manifestantes son socios de pequeñas cooperativas, a las que el Estado les ha otorgado concesiones en el occidente boliviano, aunque por falta de capital y maquinaria su producción minera es baja.

El viceministro de Minería, Eduardo Gutiérrez, dijo que un fondo de tres millones de dólares que reclaman los mineros comenzará a desembolsarse en noviembre.

La policía impuso el miércoles un fuerte dispositivo de seguridad en la Plaza Murillo donde están el Palacio Presidencial y el Congreso. (AP)