Grupos. El año del golpe varios grupos subversivos operaban de manera descoordinada, pero con métodos violentos similares.Foto EDH

El mandatario Carlos Humberto Romero miró duramente a los ojos del funcionario estadounidense cuando éste, con tono frío y preciso, le dijo: “General, el Presidente Carter considera que la situación en que se encuentra su gobierno es insostenible, por lo que le recomienda deponga su cargo y lo deposite en una junta de gobierno pluralista o en una persona de confianza del pueblo salvadoreño”.

El mayor Adolfo Rubio Melhado, militar en retiro, dio testimonio a este Diario del encuentro que se produjo a principios de septiembre de 1979, en el despacho presidencial, en San Salvador, entre el Gral. Romero y el enviado especial de James Carter, Byron Vaky, también secretario adjunto para Asuntos Latinoamericanos.

El régimen de Carter, explica el mayor Melhado, había perdido el respeto por el Gobierno de El Salvador, ya que cuando Vaky vino al país se saltó todo protocolo y se encaminó directamente a la oficina del presidente Romero.

Visiblemente molesto, el Gral. Romero respondió: “Yo soy el Presidente constitucional de la República y me debo al pueblo que me eligió, no puedo renunciar a mi cargo ni mucho menos depositarlo en otras manos”.

Vaky habría contestado: “Señor, si no dimite, lo va a lamentar. ¿Es que no entiende usted el mensaje...?”

El mensaje era inequívoco. Así de claro se lo habían planteado meses atrás a Anastasio “Tachito” Somoza, antes de que éste fuera depuesto por los sandinistas, también bajo el padrinazgo de Carter.

Existen indicadores documentales y testimoniales de que tanto el golpe de Estado de octubre de 1979 como el programa reformista de las sucesivas juntas de gobierno contaban con el aval del presidente Carter.

Documentos secretos del Departamento de Estado ya desclasificados dan cuenta de que por lo menos el 2 de junio de aquel año, cinco meses antes de la caída de Romero, el gobierno estadounidense conocía de primera mano pormenores de la conspiración, la identidad de los autores y las reformas que éstos se proponían imponer.

De hecho muchísimas personas conocían desde hacía meses que se estaba fraguando un golpe, tantas que resulta imposible pensar que los rumores no hubiesen sido del conocimiento del propio presidente Romero.

Para julio de aquel año, no menos de tres golpes estaban planteados: El de la Juventud Militar, que por entonces ya quería desligarse del Departamento de Estado y la CIA, y buscaba apoyo en países europeos, y el del Grupo Antel, así llamado por estar integrado por ex funcionarios de la entonces autónoma telefónica, encabezado por el Cnel. Nicolás Carranza. Dos de ellos ya redactaban sus respectiva proclamas. El tercer golpista habría sido sido el Gral. Romero, quien comprendió que su administración se tambaleaba por la agitación subversiva, la presión estadounidense y el descontento de los militares jóvenes. Se presume que proyectaba dejar en el poder a alguien de su confianza.

Carter interviene

Como gestor de los objetivos del golpe, Carter había ordenado hacer un estudio de la tenencia de la tierra, en El Salvador, así como un valúo del costo de una reforma agraria.

El cálculo se hizo sobre el valor registrado por los propietarios para efectos impositivos y llegó a la cifra de 2 mil millones de dólares, al cambio de la época, de 2.50 colones por dólar. La intención de Estados Unidos, según los informantes, era comprar las propiedades a los precios en que habían sido declaradas para efectos tributarios.

Por otra parte, los militares jóvenes, de acuerdo con testimonios recientes, no querían una inmediata implementación de la reforma agraria, sino solamente asentar las bases para un proyecto en el cual se pondrían a trabajar sólo las tierras ociosas.

Los autores del golpe, según dicen algunos de ellos, no tenían entre sus planes llevar a cabo las reformas, sino que esto sería responsabilidad del gobierno que surgiera de elecciones libres.

El gobierno del ex presidente Romero no fue muy diferente a los ejercidos en las décadas anteriores por militares pertenecientes al Partido de Conciliación Nacional, PCN.

Algunos militares que seguían carreras en la UCA eran indoctrinados, por lo que se volvieron sospechosos de simpatizar con la subversión. Foto EDH

Sin embargo, la embajada de EE.UU. le consideraba mucho menos dispuesto que el gobierno de su antecesor, el coronel Arturo Armando Molina, a introducir en el país lo que la administración Carter consideraba las “reformas estructurales profundas que garantizaran la equitativa tenencia y posesión de la tierra y la justa distribución de la riqueza”.

Estas últimas palabras que reiteraban en sus incendiarios discursos los agitadores de izquierda que se habían tomado las calles de San Salvador figurarían más tarde, significativamente, en el texto de la Proclama de la Fuerza Armada, pero más lo es el hecho de que la proclama de los sandinistas planteaba las mismas reivindicaciones.

El propósito de los golpistas y del mismo Carter era el de arrebatar bandera a la izquierda beligerante, anticipándose a ésta con las reformas que, supuestamente, evitarían el temido estallido social.

La presión estadounidense y la idea de restarles banderas a los subversivos venía desde tiempos del ex Presidente Arturo Armando Molina, quien en 1978 había dado muestras de que llevaría a cabo la reforma agraria.

El gobierno de Estados Unidos, según nuestros informantes, se aproximó al Gral. Romero con propuestas mucho más apremiantes —más bien amenazadoras— que las que en su momento se le formularon a Molina, pero encontró a un militar que argumentó que los males que seguirían a las reformas —como la historia se encargó de demostrarlo— serían peores que la revolución comunista que se trataba de conjurar con ellas.

Convencidos de que Romero “no iba a ser su hombre”, lo conminaron a que renunciara a su cargo, puesto que la agitación subversiva iba en aumento y se corría el riesgo de un baño de sangre en el país. Las tomas de fábricas, violencia callejera, secuestros, robos a bancos eran atrocidades cada vez mayores y más frecuentes, cometidos por agitadores marxistas-leninistas, entrenados en las aulas de la Universidad de El Salvador e indoctrinados por jesuitas que predicaban la Teología de la Liberación.

Compañeros de armas de Romero consideran que él comprendió que debía evitar no sólo el baño de sangre entre los civiles, sino también un inevitable enfrentamiento entre los militares, lo cual habría debilitado al Ejército y reforzado a los comunistas.

Antecedentes del golpe

Fuentes militares afirman que cuando el presidente Molina estaba a punto de terminar su período, decidió que su sucesor fuese escogido entre la juventud militar. Muchos de ellos estudiaban carreras humanísticas en la UCA, donde eran indoctrinados y se volvieron sospechosos de simpatizar con la subversión.

Molina escogió a los coroneles José Guillermo García y el Cnel. Eugenio Vides Casanova. Les puso en cargos políticos con la idea de que, llegado el momento, les propondría como opciones para la candidatura presidencial. Pero habiéndose enterado de los propósitos de Molina, su ministro de Defensa, el Gral. Romero, se hizo nombrar candidato por un grupo de oficiales de alto rango y comandantes de regimientos. Los militares jóvenes vieron frustrada su iniciativa de introducir cambios.

“Para mí, esto marcó el principio del movimiento del 79”, dice el mayor Rubio Melhado.

Carter quiso rectificar sus errores

El reciente triunfo de los sandinistas en Nicaragua había alentado las esperanzas de los grupos terroristas salvadoreños que en el 79 aún actuaban en forma descoordinada, antes de que Fidel Castro apadrinara la integración del FMLN en La Habana, el 10 de octubre de 1980. Muchos miembros de las facciones subversivas habían militado en las filas sandinistas, después de graduarse de cursos de insurgencia urbana y rural en la Universidad de El Salvador, en La Habana y en la Universidad Patricio Lumumba, en Moscú.

Los sandinistas tenían armas en abundancia procedentes de Cuba, suministradas a través del puente que habían establecido en Costa Rica, los presidentes Rodrigo Carazo Odio y Omar Torrijos, de Panamá, para propiciar la caída de la dinastía Somoza.

La llamada iglesia popular y su teología liberacionista, perifoneada desde los púlpitos y la cátedra jesuita en la UCA, “santificaban” la causa. Los subversivos salvadoreños voceaban la consigna del momento: “¡Hoy Nicaragua, mañana El Salvador!”.

Esperaban, asimismo, que el efecto dominó arrastrara a Honduras y Guatemala. El entusiasmo de Carter por el aparente éxito de la “revolución” nicaragüense comenzó a descender cuando su partido Demócrata le empieza a cuestionar, primero, por el caos que se desata en Irán a la caída del Sha Reza Pavlevi, propiciada por el mismo Carter y por la evidente tendencia comunista del sandinismo.

En ambos casos, en nombre de “los derechos humanos”, Carter había descabezado a dos gobiernos que durante años dieron sobradas muestras de amistad a Estados Unidos, sin ocuparse de sustituirlos por otras “más respetuosas” de tales derechos.

Tanto Irán como Nicaragua cayeron, gracias a Carter, en peores dictaduras. El feroz anti-yanquismo que manifiestan los sandinistas hace ver a los contribuyentes estadounidenses que su dinero se había malgastado en Nicaragua al convertirlo, después de Cuba, en el segundo satélite americano de la Unión Soviética. Ahora le tocaba el turno a El Salvador.

Consciente del enorme costo político de un tercer error Carter intentó rectificar el rumbo de su intervención en Centroamérica.