Pendiente. Los dirigentes de la gremial, Ricardo Monge y Javier Ayala (centro), gozan de una absolución parcial. Foto EDH

El Juzgado 8o. de Instrucción impuso la prohibición de concurrir a manifestaciones durante al menos dos años a 18 confesos de participar en actos vandálicos callejeros el pasado 28 de abril.

Tampoco pueden visitar lupanares ni ingerir licor.

Los acusados, varios sindicalistas del Seguro Social, admitieron su participación en los desmanes y se comprometieron a respetar tales reglas de conducta a cambio de no ir a prisión.

La jueza Gloria de la Paz Lizama dijo que impuso un año de prisión al mecapalero Kevin Osiris Paiz García, por haber participado en la quema de un microbús de la ruta 42, propiedad de la cooperativa Acostes de R.L.

Sin embargo, explicó que la pena será modificada por trabajo de utilidad comunitaria, que será establecido por el Departamento de Prueba y Libertad Asistida (Depla), de la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria.

Aunque la Fiscalía había pedido dos años de prisión para el indiciado, tomó en cuenta que Paíz García tiene un trabajo de pocos ingresos y que necesita tiempo para su familia.
“Rebelde”

Lizama informó que un imputado más, José Leonel Gómez Pérez, no pudo ser localizado en su domicilio para que compareciera a la audiencia preliminar efectuada el martes, por lo que en los próximos días lo convocará mediante un edicto en los rotativos de mayor circulación del país.

Si el encausado no se presenta al tribunal, lo declarará en “rebeldía” y ordenará su captura.
Con respecto a Ricardo Monge y Javier Ayala, directivos del Sindicato del Seguro Social (STISSS), la juzgadora explicó que la Fiscalía cuenta con un año para presentar nuevas pruebas y reabrir el proceso penal contra ellos.

La funcionaria judicial informó que para hoy los dirigentes del sindicato del Seguro Social se comprometieron a pagar $2,000 por un microbús que fue incendiado durante los incidentes.
“Ellos (los sindicalistas) se comprometieron a venir al tribunal para pagar”, dijo Lizama.

Inicialmente la cooperativa Acostes de R.L., propietaria de la unidad, exigía el pago de $42,000 por el costo total de las pérdidas al microbús, pero la póliza del seguro cubrió la mayor parte del reclamo.

Los ahora favorecidos fueron capturados tras tomarse la Catedral y promover desórdenes callejeros en los alrededores a finales del pasado abril.