Esparcidas. En los terrenos denunciados como usurpados, las casas se encuentran diseminadas en toda la extensión. Foto EDH

Enrique carranza
El Diario de Hoy
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La sociedad Viviendas Populares Salvadoreñas (Viposal) denunció ante la Fiscalía Subregional de Apopa la usurpación de terrenos de su propiedad ubicados en el cantón San José Las Flores, en Tonacatepeque, al norte de San Salvador.

El apoderado legal de dicha sociedad, Guillermo Imendia, acusó ante el Ministerio Público que algunos miembros de la junta directiva de la Cooperativa La Muralla han negado el acceso a los terrenos a sus propietarios por lo que les inculpaba el delito de usurpación.

“Solicito se realice la inspección en el lugar de los terrenos usurpados para probar fehacientemente que se han apoderado de una forma abusiva con fines de apoderamiento o ilícito provecho, de los señores denunciados”, se dice en la demanda.

El terreno en cuestión, de 59 manzanas, fue propiedad de una sociedad de nacionalidad holandesa y fue cedida como pago a sus actuales dueños, según dictamen del Juzgado 5o. de lo Mercantil, de San Salvador.

Los terrenos invadidos también son ahora propiedad de la sociedad Multiopciones S.A. de C.V.

Intento frustrado

Según la Ley de Procedimiento Especial para Garantía de la Propiedad Rural, decretada por la Asamblea Legislativa en octubre de 1997, en su artículo tres establece que el propietario solicitará al juez por escrito o verbalmente el lanzamiento, presentando para ello, los títulos que amparen su derecho.

Además indica que el juez del caso, acompañado de la PNC, Fiscalía y Procuraduría de Derechos Humanos, debe de practicar una inspección en los terrenos usurpados para escuchar a los invasores y levantar una acta.

De no acceder a retirarse por palabra, el juez tiene 24 horas para lanzarles.
En 1998, los demandantes fueron autorizados por un Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque para el desalojo de las alrededor de 160 familias.

Pendiente. Una comunidad indígena está en el terreno. Foto EDH

Ante éstos, la juzgadora se hizo acompañar de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), de la Policía Nacional Civil, pero el desalojo se frustró.

Los cooperativistas denunciados presentaron una demanda de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, en la que alegaban que no se les había escuchado a ellos, ni a las familias señaladas.

Los propietarios indicaron que esperan llegar a un acuerdo con los invasores para evitar confrontaciones.

Se intentó conocer la versión de las familias afectadas pero las consultadas no quisieron opinar al respecto.

Ofrecen propiedades gratis a los desalojados

Los propietarios de los terrenos, cuya identidad pidieron se reservara mientras avanza el proceso penal y se dirime la demanda, afirmaron que el 26 de febrero pasado remitieron una carta al Concejo de la Alcaldía de Tonacatepeque para informar de la usurpación y que ellos ofrecían terrenos gratuitos a los invasores.

La propuesta a las familias es que al abandonar el lugar serían reubicadas en otros terrenos cercanos para evitar un lanzamiento de las tierras invadidas.

El apoderado legal de los demandantes expuso a la comuna que para encontrar una solución a la usurpación de los pobladores de la cooperativa La Muralla y de la asociación Maíz, donarían de forma irrevocable una extensión de terreno de cinco manzanas.
Asimismo afirman que apoyarían a la comunidad desalojada para que tramite ante el Instituto Libertad y Progreso o cualquier otra organización no gubernamental para que el terreno sea calificado de interés social.

Con dicha certificación se les entregarían escrituras públicas para que sean propietarios de los terrenos cedidos en donación.
“Lo que se busca es evitar un lanzamiento de las familias”, dijeron los donantes.

La última propuesta
- Los demandantes entregaron una nueva propuesta a la Alcaldía de Tonacatepeque a fin de que colabore en la reubicación de las familias.
- En la misiva indican su disposición de garantizar la legalidad de los títulos de propiedad para los habitantes de la colonia 10 de Octubre.
- Asimismo que se cree una comisión verificadora del censo de las personas que ocupan las tierras.
- Esta comisión deberá estar integrada por representantes de la alcaldía de la localidad, personas que ocupan las tierras, personeros de ONGs, y de los mismos propietarios