Imputados. La audiencia inicial contra los acusados se realizará el próximo miércoles. Foto EDH

La Fiscalía de Mejicanos presentó ayer ante el Juzgado de Paz de Ayutuxtepeque la acusación formal de complicidad en el homicidio agravado y coautoría en agrupaciones ilícitas contra dos vigilantes penitenciarios arrestados el jueves anterior.

Los acusados son Ángel Antonio Chávez Funes y Luis Alonso Pérez Nerio, sospechosos de complicidad en el asesinato de ocho reclusos de los 31 que murieron el 18 de agosto anterior en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona.

Según la Fiscalía, la acusación es producto de un “replanteamiento de los hechos”, el cual determinó que los imputados tuvieron una participación más activa, según la investigación sobre la matanza.

Además de la ampliación de la prueba testimonial proporcionada por algunos reos que han colaborado en las investigaciones.

El jefe de la Fiscalía de Mejicanos, Juan Francisco Bonifacio, reiteró que los implicados recibieron dinero del líder del cártel de Mariona, José Armando Posada Reyes. “Los custodios cobraban 100 dólares por cada arma que introducían al penal”, y que posteriormente entregaban a los líderes del cártel, entre éstas machetes artesanales, de fábrica, revólveres y droga.

“Cuando los custodios tenían licencia para salir del centro, preguntaban a Posada Reyes con anterioridad qué necesitaban para comprárselo”. Incluso, manifestó que, hasta la fecha, el armamento utilizado el día de la matanza aún no se ha encontrado.

Adversan

Posterior a la presentación del requerimiento, El Diario de Hoy conversó con familiares del inspector Ángel Antonio Chávez Funes, uno de los acusados. Éstos adversan lo que la Fiscalía ha dicho de su pariente.

Aseguran que el 5 de junio anterior, Chávez Funes fue trasladado de Mariona al Centro de Menores de Tonacatepeque. De ello, dicen, debe haber documentos que respalden el cambio de trabajo.

Custodios del resguardo de menores consultados reforzaron la versión de los familiares. Éstos agregaron que, el día de la matanza, el inspector estuvo de servicio según los libros de registro que se llevan en esa dependencia.

Sin embargo, fuentes fiscales indicaron que las acusaciones son porque, con antelación a los hechos, facilitaron el ingreso de armas o toleraron la tenencia de las mismas a los reclusos.