Casi 50 personas tienen un ingreso de 120 dólares asegurado gracias a la iniciativa de esta empresa que se construyó con apoyo de salvadoreños en los Estados Unidos Foto EDH

SAN PEDRO MASAHUAT.—Marta Sonia Ayala se inclina sobre una mesa de metal para recoger e introducir montoncitos de un polvo color castaño claro en bolsas plásticas.

Luego colocará las bolsas de frijolito molido en una máquina selladora, les pegará las etiquetas de colores y las enviará a 22 tiendas del país, donde se venderán a $1.35 la libra. A final de mes, Ayala y otros 47 trabajadores recibirán unos $120 por su trabajo en la planta procesadora de alimentos orgánicos.

“Estoy contenta”, dice Ayala, de 55 años y madre de ocho hijos. “Antes era más duro. Ahora tengo mi salario asegurado”.

En este pueblo salvadoreño pocas personas tienen una paga fija y muchos viven con menos de $1 al día. La pequeña planta procesadora, a una hora al sur de San Salvador, en el departamento de La Paz, es parte de un experimento encabezado por la Pan-American Development Foundation (PADF), una organización internacional con sede en Washington DC y el Cuscatlán Latino Center, una alianza de 10 grupos salvadoreños con sede en Arlington, Virginia.

Ambos grupos están a la vanguardia de un esfuerzo para modificar la manera en que se utilizan los $2 mil millones que anualmente envían los salvadoreños que viven en Estados Unidos.

Tradicionalmente, cuando estos inmigrantes envían dinero a sus hogares, éste se destina directamente a las familias para la compra de alimentos, ropa o mejoras en la vivienda.

Por su parte, las asociaciones comunitarias normalmente envían dinero para llevar a cabo proyectos sociales, como carreteras o clínicas, por lo general en áreas donde viven sus familiares. La preocupación es que estos fondos no están generando empleos, sino comunidades dependientes del dinero del exterior.

“Nuestro país sobrevive porque las familias esperan el dinero y aunque me duele decirlo (muchas) de estas personas no trabajan.

Trabajo conjunto. José Armando García y Marta Sonia Ayala, de una cooperativa en San Pedro Masahuat. Foto EDH

Tenemos que cambiar esto. Quienes envían las remesas son mi generación. La nueva generación no va a hacerlo”, dijo Elmer Arias, presidente del Cuscatlán Latino Center. “Necesitamos invertir este dinero de manera más productiva”.

El Cuscatlán Latino Center ha conseguido $10 mil para invertir aquí. Por medio de fiestas y rifas se recaudaron $5,000 y los otros $5,000 fueron donados por una compañía distribuidora de la Budweiser en el área metropolitana.

Para manejar el proyecto, Arias llamó a una prima suya que vive en El Salvador y que tiene experiencia en este tipo de desarrollos.

Ella puso a Arias en contacto con Confras, una federación de cooperativas agrícolas que representa a 11 mil agricultores. Confras donó las 12 manzanas de tierra y aceptó el manejo diario de las operaciones de la planta sin costo alguno.

J. Francisco Ramos, gerente de Confras, dijo que el grupo aceptó porque pensó que el proyecto demostraría lo que podían hacer los trabajadores si tuvieran dinero para comprar el equipo necesario.

“Pueden procesar los alimentos que producen, pero no es fácil porque se necesita tecnología”, dijo Ramos.

La Pan American Development Foundation, una organización no lucrativa fundada en 1962 por la Organización de Estados Americanos, contribuyó con $50,000 que obtuvo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de EE. UU. Se utilizaron unos $15,000 en la instalación de un sistema de irrigación y $20,000 para comprar máquinas para cocinar, moler y empaquetar el producto, según Dale Crowell, coordinador de PAD.

Otros $20,000 se utilizaron en contratar a personas que enseñaran a los agricultores las técnicas del cultivo orgánico.

La cooperativa gastó unos $5,000 en folletos, mercadeo y encuestas para averiguar qué productos comprarían los salvadoreños de Estados Unidos. El número uno en la lista fue el loroco —ingrediente fundamental de la pupusa—.

Las ventas de la planta en su primer año alcanzarán los $42,400, casi suficiente para cubrir salarios, según Confras.

El Cuscatlán Latino Center tiene previsto recaudar otros $15,000 para la planta con los que se pagarán costos operacionales y nueva maquinaria. La meta es que un día proporcione beneficios por sí misma.

La cooperativa plantó sus primeros cultivos en marzo. Hoy ya se ven 12 manzanas repletas de plátanos, carambolas, hibisco, pepinos, limón, cocoteros y, por supuesto, loroco.

Al final de un camino empedrado, junto al vivero, se encuentra un edificio de concreto con tres estancias. En la más grande se lavan, se cortan y se cocinan los vegetales y la fruta. Hay dos enormes mesas metálicas en el centro del cuarto. Hay un fregadero industrial y un horno contra una de las paredes. En una esquina está la máquina que muele el maíz y el arroz.

La segunda estancia es una oficina con dos mesas y dos teléfonos. La tercera es una tienda para atender a clientes que desean comprar mermeladas hechas de frutas y vegetales cultivados orgánicamente en la granja.

Ayala y otro trabajador se encontraban en la sala de procesamiento, empaquetando el frijolito. Ella expresó con orgullo los paquetes de harina de arroz y de yuca. Ambos a $1.50 la libra.

“Estamos saliendo adelante. Nuestras vidas han cambiado gracias al apoyo de nuestros amigos en Estados Unidos”, comentó Ayala durante su descanso.

Ayala fue seleccionada para trabajar en la granja porque es una líder comunitaria. Trabaja de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., con una hora para el almuerzo. Con tranquilidad en la voz y en el gesto, contó que su esposo había muerto hacía 15 años después de contraer unas fiebres.

Entonces ella trabajó recolectando algodón y vendió chiles, tomates y cebollas para ganar unos cuantos centavos en el mercado local y poder así mantener a su familia.

La mayoría de los días, sus ingresos no superaban el dólar. Cuatro de sus hijos consiguieron trabajos en una maquiladora por $5 al día. Otro trabajó manejando un bus. Los cuatro completaron el 9º grado. Ayala no podía pagar los $30 mensuales que cuesta enviar a sus hijos a la escuela secundaria. Sus hijos más jóvenes —con 15, 16 y 17 años de edad— todavía viven con ella.

El de 17 pronto terminará el 9º grado y ya le ha rogado: “Mamá quiero estudiar”. “Y yo pienso cómo voy a hacerlo. Este trabajo me ha ayudado mucho porque ahora tengo una manera de enviar a mis hijos a la escuela”, dice Ayala.