Mario Rosenthal*
El Diario de Hoy
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En Latinoamérica la falta de seguridad personal es la primera preocupación de la población, excedida únicamente por los problemas económicos, según datos de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el BID y la Interpol, estudio recopilado y publicado por el Instituto Independiente CIDAC, de México.

La situación es tan grave que ha habido protestas públicas masivas contra la criminalidad en Colombia, México, Perú y Brasil.

Ciertamente El Salvador sufre una crisis de criminalidad, pero no se puede comparar con la situación en otros países, donde la seguridad pública se ha degenerado, al grado de que los desesperados habitantes han organizado demostraciones de protesta contra los gobiernos, por el caos resultante del descuido y mal manejo de la seguridad pública; el desorden y corrupción en los juzgados y tribunales.

Cientos de miles de personas se manifestaron en Buenos Aires durante el mes de marzo, con marchas por el centro de la ciudad y cerca de los edificios públicos, incluyendo la Casa Rosada.

En junio pasado una enorme manifestación contra el crimen y la impunidad se llevó a cabo en la Ciudad de México, y en los meses que siguieron otras marchas nutridas se realizaron.

En Río de Janeiro y otros centros importantes de Brasil, manifestaciones de menor cuantía se llevaron a cabo, pero dieron como resultado que el Presidente Lula aprobara una ley drástica contra la portación de toda clase de armas de fuego, que tuvo buena acogida en el país.

La frustración de sentirse desvalido y sin recursos para la defensa propia es general en toda Latinoamérica, debido a la incompetencia de las fuerzas de seguridad y lo obsoleto de los códigos penales, la falta de ética que reina en todos los sistemas de justicia y a la mala preparación e incompetencia de las organizaciones de seguridad pública.

Sin ver más allá de nuestras fronteras, podemos justificar el desprecio para nuestro sistema de seguridad pública y el deficiente sistema de justicia criminal.

La encuesta que citamos revela que los secuestros para extorsionar las víctimas están aumentando en México y Argentina.

En Guatemala 350 mujeres fueron violadas, robadas o asesinadas durante los primeos nueve meses de este año, sin una sola captura de los responsables. Se informa que en Cali, Colombia, el 42% de los ciudadanos ha sido víctima de asaltos y robos, y que menos del 1%, de miles de encuestados, siente más seguridad personal que el año pasado.

Algunos sociólogos atribuyen el aumento de la criminalidad a condiciones adversas socio-económicas, a la pobreza, la desigualdad en la distribución de los ingresos familiares, al creciente desempleo y subempleo entre los jóvenes, y las nefastas influencias del crimen organizado, especialmente entre los poderosos narcotraficantes.

Pero sin restar importancia a las pandillas que se dedican a la piratería terrestre, asaltando los vehículos de carga, muchas veces con el contenido vendido a comerciantes sin escrúpulos, que les han contratado de antemano.

El estudio que citamos habla de que la mayoría de países latinoamericanos ha reaccionado a la crisis de criminalidad con intentos de reformar los códigos penales y organizaciones de seguridad pública, y en especial cita a El Salvador por sus esfuerzos y la importancia que el régimen del nuevo Presidente Antonio Saca ha dado a las reformas del Código Penal y la reorganización de los cuerpos de seguridad.

Pero también comenta los obstáculos que todos afrontan. El primero es que la Policía Nacional es un solo eslabón en la cadena, y que las reformas son inútiles si no afectan todo el sistema desde la captura, la condena y el castigo. Las capturas masivas, en vez de reducir la criminalidad, lo aumentan.

En El Salvador el 60% de la criminalidad se atribuye a las maras, por lo que se necesitan medidas preventivas educativas, control estricto de armas y trabajo.

*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.