Beneficio. Aumentar los niveles de recaudación en teoría debería permitir mejorar las condiciones de vida de la población. Foto EDH

José Luis Henríquez
Agencias/El Diario de Hoy
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Los asalariados y los empresarios decentes no tienen ni que mirar los diarios el día que se publiquen las reformas (fiscales).

Con esa frase el secretario técnico de la Presidencia, Eduardo Zablah, resumió ayer que la nueva normativa que se presentará la próxima semana a la Asamblea Legislativa, no afectará a los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones tributarias.

La declaración dejó clara que no habrá ningún alza de impuestos, pero si se combatirá a los evasores, elusores y contrabandistas. “Esto va con dedicatoria”, aseguró.

El ministro de Hacienda, Guillermo López, detalló que con las reformas se mantiene la meta de recaudación de $70 millones adicionales a las proyecciones de ingresos tributarios (para 2005 se estiman $2,048 millones).

“Los ingresos por las reformas se incrementarán en $167 millones el siguiente año, y más de $200 millones el siguiente”, recalcó.

La estimación se basa en un crecimiento del 3%.
Se prevé que con el endurecimiento de las leyes contra la evasión, con una persona que vaya a prisión la gente lo pensará dos veces antes de evadir.

Intereses

El paquete de reformas contempla eliminar la exención a los intereses de préstamos otorgados por bancos no radicados en el país. A esas transacciones se les aplicará un cargo del 4.95%.

Se calcula que esas financieras han desembolsado más de $1,800 millones en El Salvador.
Otra norma indica que los administradores de tarjetas de crédito y débito se convertirán en agentes de retención del IVA, cuando se realicen pagos con “dinero plástico”.

También se elimina la depreciación acelerada y no se permitirá la devaluación de bienes intangibles. Asimismo, la deducción de la cuota de disminución se realizará en función del tiempo de utilización del bien.

Presión. La economía sumergida se verá obligada a tributar. Foto EDH

Hacienda fiscalizará al sector informal con lupa

El Gobierno está trabajando intensamente para obtener los recursos que le permitan efectuar un diagnóstico del sector informal, de manera que pueda determinar cómo y dónde opera, y de qué manera obtienen los informales sus ingresos y los motivos por lo que eso está sucediendo.

El estudio será encargado al Instituto Libertad y Democracia (del peruano Hernando de Soto), costará alrededor de $900,000 y le servirá a Hacienda como insumo para saber cómo incorporar a estos comerciantes al sector formal de la economía.
Además, ello le reportará buenos ingresos.

“La semana pasada estuvimos en Washington platicando con gente del Fomin, una institución que depende del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ver si por ahí se puede conseguir la plata”, indicó el ministro de Hacienda.

Agregó que normalmente la gente piensa que se irá a fiscalizar a las señoras canasteras o a los vendedores de pan o de chicles en los semáforos, pero acá se está hablando de aplicar la ley a los grandes comerciantes informales.

“Son informales porque no se han querido formalizar o porque así crecieron y no ven otra forma de actuar. De alguna manera se les traerá a este lado de la economía para que se formalicen”.

En el país el sector informal anda entre el 40% a 50%, mientras que en Estados Unidos es el 8% y en México el 50%.