Marcela Sánchez*
El Diario de Hoy
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El nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez, se encuentra en aprietos. Con apenas dos semanas en el principal cargo de la organización hemisférica de 34 países miembros, el ex presidente costarricense afronta cargos de haber aceptado un soborno con relación a un contrato otorgado por el Instituto Costarricense de Electricidad a una corporación francesa.

El lunes, el mandatario costarricense Abel Pacheco le pidió a Rodríguez, su copartidario, que renunciara “en aras del buen nombre de Costa Rica y de la propia OEA”. Esa noche, 43 de 47 miembros de la Asamblea Legislativa costarricense también le pidieron a Rodríguez la renuncia.

La evidencia parece suficientemente irrefutable: el cercano amigo y ex ministro de Vivienda de Rodríguez, José Antonio Lobo, quien recibió casa por cárcel a cambio de su colaboración, dijo a los fiscales la semana pasada que el entonces presidente Rodríguez demandó un pedazo del lucrativo negocio. Rodríguez asegura que el dinero no fue un soborno, sino un préstamo personal, que terminó en una cuenta de su esposa en Washington. No hay comprobante de la deuda, según Rodríguez, porque fue un acuerdo hecho “con el pelo del bigote” —dicho costarricense para decir que se hizo de palabra.

En muchos aspectos, Costa Rica ha sido la nación modelo en América Latina, con una estabilidad política y prosperidad económica que contrastan con las de sus vecinos. Sus casi cuatro millones de habitantes se benefician de una red de bienestar social y un nivel de educación ejemplares en las Américas, lo que convierte al pequeño país en un gran atractivo para la inversión exterior, los turistas y los jubilados. El cargo en la OEA, nunca ocupado por un centroamericano, había mejorado su carta de presentación.

Pero ahora Costa Rica ha mostrado que es tan vulnerable a la corrupción en los niveles más altos como cualquier otro país en la región. Los escándalos de corrupción presidencial, del tipo que mantienen al ex líder peruano Alberto Fujimori escondido en Japón, a Arnoldo Alemán de Nicaragua entrando y saliendo de la cárcel y a Augusto Pinochet de Chile bajo investigación criminal, se suponía que no ocurrían en Costa Rica —y ciertamente no dos veces en un mismo año—. Otro ex presidente, Rafael Ángel Calderón, está afrontando su propio escándalo por un préstamo y no puede salir del país hasta que concluya la investigación.

No obstante, la forma en que Costa Rica está enfrentando esta crisis de corrupción continúa distinguiendo a la nación centroamericana de sus vecinos. Convertir la crisis en cambios positivos dará la medida de su futuro.

Costa Rica está enfrentándose a sí misma y por sí sola. Tanto Rodríguez como Calderón son miembros del partido de gobierno, Unidad Social Cristiana, pero no han sido perdonados simplemente por dicha afiliación. La investigación, las acusaciones, todo ha salido de Costa Rica. En otras partes, como en Perú, fue la presión internacional, incluida la de la OEA, la que empezó a sacudir al país. En este caso, de hecho, hasta ahora la OEA se ha visto incómodamente silenciosa.

El repudio a Rodríguez en Costa Rica ha sido prácticamente unánime. En general Pacheco ha tenido dificultades en conseguir que el Poder Legislativo esté de acuerdo con él en algo, pero en este caso están unidos. En contraste, el actual gobernante nicaragüense, Enrique Bolaños, ha tenido que combatir la corrupción sin ayuda, mientras la Asamblea Nacional manipula todo tipo de legislación a nombre y por orden del ex presidente nicaragüense condenado.

En muchos aspectos, Costa Rica ha vivido y prosperado por su reputación y fue a nombre de dicha reputación que Rodríguez se benefició hace poco tiempo. Una comisión legislativa especial que investigaba irregularidades en la financiación de campañas en Costa Rica, acordó el año pasado posponer por seis meses la comparecencia de Rodríguez ante ese organismo, es decir, hasta inmediatamente después de la elección en la OEA.

Tal vez Costa Rica había puesto demasiado fijamente la vista en el premio y dejó que sus deseos de un mayor reconocimiento y poder, en la figura de un costarricense como secretaría general de la OEA, pesara más que un justo criterio. Cuando Rodríguez finalmente testificó en junio, diez días después de la elección, los costarricenses aprendieron que Rodríguez había recibido otro “préstamo”, no relacionado con las acusaciones más recientes. También se había depositado en la cuenta de su esposa y también carecía de un comprobante.

El mejor indicio de que Costa Rica saldrá fortalecida de todo esto tal vez sea que el país centroamericano ya no está dispuesto a arriesgar el Estado de Derecho por proteger su imagen. “Si en este proceso sufriera la imagen internacional de Costa Rica, sería una pena”, dijo Armando González, jefe de redacción del diario La Nación, que ha estado al frente de la investigación de los sobornos, “pero sería un precio relativamente barato” a pagar para acabar con la corrupción.

*Columnista del Washington Post.