El Diario de Hoy
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La “garganta profunda” fue una mujer que se encargó de comprar una lujosa mansión que una compañía farmacéutica le entregó al ex presidente del Seguro Social de Costa Rica, que ahora está en prisión.

La comisionista de bienes raíces llamó, por teléfono, a unos periodistas, amargada, porque la firma farmacéutica apenas le pagó una parte de la comisión ofrecida.

Después de eso, el periódico La Nación denunció que el médico Eliseo Vargas, miembro prominente del partido en el gobierno, vivía en una lujosa casa que la empresa farmacéutica le entregó.

Las autoridades costarricenses creen que ese fue el pago que recibió Vargas a cambio de que el Seguro Social adquiriera más de $30 millones en equipo médico a una compañía de Finlandia.

Después de la publicación, intervino la Fiscalía General y fue, en ese momento, que aparecieron todas las sorpresas juntas.

Rastro

Al seguirle el rastro al crédito finlandés y a las cuentas de la compañía farmacéutica costarricense que intermedió en la compra del equipo médico, quedaron al descubierto los primeros sobornos.

En la cárcel - Joaquín Fernández, otro ex directivo de la compañía estatal de teléfonos y electricidad de Costa Rica, fue encarcelado ayer. - A él se le acusa de recibir $1.2 millones de un despacho de abogados que usó la empresa francesa Alcatel para entregarle el dinero a Miguel Ángel Rodríguez. - Fernández fue llevado a la junta directiva del ICE por el ex presidente José María Figueres, a pesar de haber sido condenado a seis años de prisión por estafador.

El más importante fue de $540 mil que se depositaron en una cuenta del ex presidente costarricense, Rafael Ángel Calderón Fournier.

Calderón, quien es abogado de oficio, alegó que ese dinero lo recibió por cumplir servicios profesionales. Pero, nadie le creyó.

Atosigado por las críticas, devolvió los $540 mil, aunque, a pesar de eso, sigue en problemas legales.

Como corolario del crédito finlandés, varios funcionarios están en prisión y otro tanto fue destituido.

Sin embargo, lo más importante no estaba ahí. Los fiscales se encontraron, en medio de sus investigaciones, la mata de todos los males.

Es un oscuro despacho de abogados de una ciudad localizada al noroeste de San José que se usó para girar casi $8 millones en sobornos dados en el caso del crédito finlandés.

Pero lo espectacular fue, para las autoridades costarricenses, que esa oficina de abogados también la usó la empresa francesa Alcatel para pagar otras “mordidas” a cambio de recibir jugosos contratos con el Estado costarricense.

Al seguirle la pista a los manejadores de las “coimas”, apareció el Dr. Miguel A. Rodríguez, secretario general de la OEA.

Lobo se confiesa

- José Antonio Lobo, el hombre que hundió a Miguel Ángel Rodríguez, amplió su declaración ante las autoridades costarricenses y dijo que también recibió “premios” de cercanos colaboradores del ex presidente Rafael Ángel Calderón Fournier.
- Los fiscales de Costa Rica rastreaban ayer una cuenta bancaria de Miguel Ángel Rodríguez en Estados Unidos, donde le habrían depositado otras importantes cantidades de dinero.
- De acuerdo con lo declarado por Lobo, Lorena Clare, la esposa de Rodríguez, también podría se encausada judicialmente por recibir cheques que correspondían al pago de los sobornos.
- Costa Rica está más que estremecida, dijeron ayer, telefónicamente, varios periodistas de ese país a EL DIARIO DE HOY.
- Otras cuentas de familiares de Rodríguez están sujetas a una investigación judicial.

Secretario. El ex mandatario afronta su peor crisis. Foto EDH/AP

Hasta piensan en extraditar a Rodríguez

Las autoridades costarricenses examinan todas las posibilidades legales que tienen para obligar al secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, a responder por posibles cargos penales por recibir un soborno de una empresa de telefonía francesa.

Una de las primeras conclusiones que se hacen es que Rodríguez no tendría, en Costa Rica, la inmunidad diplomática que le concede el cargo en la OEA.

Se estima que ese fuero rige, exclusivamente, para funcionarios ajenos a ese país, según lo fija el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA. Costa Rica suscribió ese documento en 1949.

Abogados costarricenses opinan que si Rodríguez se atreve a dejar Washington, donde actualmente reside, y viaja a Costa Rica, el Fiscal General podría integrarle a la causa judicial, porque su inmunidad no tendría validez en ese suelo.

“¿Y si no viene?”, se preguntan los costarricenses.
Si eso ocurre, las autoridades costarricenses tendrían los siguientes caminos:
1. Un juez penal de ese país podría solicitar la extradición del secretario general de la OEA, previa apertura de una causa judicial.

Para que eso ocurra, Rodríguez debe perder su inmunidad.
2. Otros consideran que el propio gobernante Abel Pacheco, quien promovió la candidatura de Rodríguez a la OEA, en todo el continente, debe pedir una Reunión de Consulta de los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de esa organización para que acuerden su destitución.

Ese encuentro podría pedirse con carácter de urgencia y después se elevaría la recomendación al Consejo Permanente de la OEA.
De ahí, la solicitud se elevaría a la asamblea general de organismo hemisférico.
Rodríguez sólo podría ser destituido con dos terceras partes (23 votos), de los 34 países miembros de la OEA.

Es probable que la presión contra Pacheco aumente, en los próximos días, para que sea él quien haga esa solicitud.
3. Otra posibilidad que cabe es que Rodríguez decida declarar, ante las autoridades costarricenses, en el país sede de la OEA (Estados Unidos).

Pero penalistas costarricenses creen que, para hacerlo, Rodríguez debe despojarse de su inmunidad o renunciar, voluntariamente, al cargo de secretario general de la OEA.