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El coraje y el rechazo de los costarricenses contra su ex gobernante y actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Ángel Rodríguez, se elevaron ayer al conocerse que la empresa acusada de entregarle un cuantioso soborno a cambio de contratos estatales le pagó hasta su tarjeta de crédito personal.

Ese hecho trascendió, en San José, en momentos en que todos los sectores políticos y sociales le piden a Rodríguez que renuncie a su cargo y hasta adelantan la posibilidad de plantearle a los cancilleres de América que le destituyan de la secretaría.

A Rodríguez, quien llegó a la OEA el 23 de septiembre pasado, se le acusa de recibir el 60 por ciento de $2 millones que la empresa francesa Alcatel entregó a un viejo colaborador y amigo suyo, como un “premio” al hecho de obtener contratos por más de $200 millones en el instituto estatal de telefonía.

A todas las pruebas sobre esos hechos que tienen en su poder las autoridades, se les sumó ayer otra: apenas dos meses después de dejar la presidencia de Costa Rica en mayo de 2002, los representantes de quienes entregaron el dinero de Alcatel pagaron $14.750 que adeudaba Rodríguez en una de sus tarjetas de crédito.

Para hacer todo eso, la firma Alcatel usó un desteñido despacho de abogados de San Ramón, una ciudad localizada al noroeste de San José. Con un cheque de gerencia pagaron la tarjeta que el ex gobernante mantenía con el banco Interfin.

“Esto es el colmo de la vergüenza”, dijeron ayer representantes del partido demócrata cristiano, que llevó a Rodríguez al poder (1998-2002), después de anunciar que le separaban de esa agrupación política.

A Rodríguez le llegó ayer el agua hasta el cuello cuando todos los partidos políticos costarricenses, fracciones legislativas, sindicatos y dos precandidatos presidenciales le exigieron que renuncie a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Los hechos de corrupción revelados en las últimas horas merecen nuestra más absoluta condena y repudio, porque dañan los cimientos de nuestra democracia”, sostuvo ayer, en un comunicado, el partido político de Rodríguez.

Esa agrupación también llevó a la presidencia al actual gobernante, Abel Pacheco.
Este último expresó a los periodistas que espera una pronta y buena explicación de Rodríguez sobre el alegado soborno que recibió.

A esto se sumó la declaración del jefe de la bancada legislativa del partido de Rodríguez, Federico Vargas, quien estimó que el ex mandatario costarricense debe dejar la OEA y encarar las responsabilidades penales en su país.

Encerrado

El actual secretario general de la OEA se mantenía, en Washington, en su casa de habitación, al lado de uno de sus principales consejeros en ese organismo, el abogado Jaime Daremblun, quien renunció a su cargo de embajador en Washington para trabajar con Rodríguez en el organismo latinoamericano.

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Las percepciones públicas contra Rodríguez se profundizaron al condenar la Unión Costarricense de Cámaras y las asociaciones de la empresa privada su conducta y advertir que “los inadmisibles acontecimientos socavan la confianza en el régimen democrático y la credibilidad de los políticos”.

Otro tanto hizo el poderoso Sindicato de Empleados Públicos, lo que deja a Rodríguez sin ningún respaldo.