El Fiscal Especial, Armando Serrano y el Jefe de la Unidad Anticorrupción y Delitos Complejos de la Fiscalía, Aquiles Parada, en la escalinata de la entrada principal del Palacio de Justicia en la capital francesa. Foto EDH

PARÍS.— Carlos Perla lucía pálido y ojeroso ayer, cuando se presentó ante un tribunal de apelaciones que le dio un respiro hasta el 15 de diciembre, tras demandar información complementaria al Gobierno salvadoreño.

La decisión de la corte duró menos de 10 minutos, y el tribunal pidió datos sobre la fecha precisa de los hechos de los que se le acusa a Perla, el hombre que dirigió la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) durante ocho años.

El tribunal solicitó detalles sobre la “fecha y circunstancias” de las transacciones que supuestamente llevaron a los delitos de asociación ilícita, negociaciones ilícitas y peculado.

El abogado de Perla, Eric Amar, calificó la decisión judicial como “una victoria”. “No tienen nada contra mi cliente. El país de los derechos humanos le ha dado una importante lección a una democracia joven: lo que importa son los hechos y no lo que dicen los periódicos”, dijo Amar.

La familia Perla estaba rebosante de optimismo tras el resultado. La esposa de Perla, Ana Coralia Guadalupe Chávez de Perla, y sus hijos, Carlos Gerardo y Carlos Francisco, asistieron a la audiencia.

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Los dos primeros también son acusados de negociaciones ilícitas en grado de complicidad.
“Estoy satisfecha, Francia no ha tomado la decisión ahorita y vamos a poder poner pruebas de descargo.

El Gobierno francés ha pedido más pruebas específicas y eso es bueno para nosotros”, dijo la señora de Perla. “Estoy satisfecha, están pidiendo pruebas y hechos concretos”, agregó.

Tres jueces de instrucción examinarán nuevamente la información el próximo 15 de diciembre. “Es una petición de la defensa. El tribunal ha dado una prórroga y ha solicitado complemento de información. Sobre lo que ha solicitado, no tenemos ningún inconveniente.

Se trata de un delito continuado, para efectos de prescripción, se computa a partir de la fecha del último acto delictivo realizado”, dijo el fiscal especial, Armando Serrano, tras salir de la audiencia en el Palacio de Justicia de París.

La estrategia de la defensa parece ser alegar, como causa para no extraditar a Perla, que algunos de los delitos que se le imputan pudiesen haber prescrito.

“Como dijo (el general francés Charles) de Gaulle, esta batalla la hemos ganado, ellos (los fiscales) quieren ganar la guerra”, argumentó el abogado defensor de Perla, quien describió las acusaciones como “mentiras”.

“Esta es una guerra contra el sistema judicial corrupto de El Salvador”, subrayó Amar.

Belisario Artiga, fiscal general, dijo a El Diario de Hoy que consideraba que la petición de extradición estaba bien fundamentada y que la información que ha sido solicitada por el tribunal parisino es mínima.

“Pienso que habría que revisar la traducción que se hizo de los documentos al francés para confirmar si no hubo omisión de alguna información”, recomendó.

Agregó que la población debe saber que la extradición es un proceso largo, y lo que sucedió sólo es un incidente que será subsanado.

“El proceso penal está congelado”

La Jueza 9o. de Instrucción, Nora Montoya, que enjuicia a Carlos Perla en El Salvador, informó que la ley la obliga a suspender el tiempo de prescripción (plazo legal para sostener una acusación) de los delitos que le son imputados al ex funcionario.

Es decir, que mientras a Perla no se le defina su extradición en Francia y sea repatriado a El Salvador para comparecer ante el tribunal que lo reclama, el proceso penal en su contra se encuentra suspendido.

Montoya indicó que desde que se solicitó formalmente la reclamación de Perla, su proceso fue enviado al archivo judicial a la espera de reanudarlo cuando él esté presente en la sede judicial.

La juzgadora detalló que en la audiencia preliminar se espera que comparezcan 14 imputados en el caso. De los 22 acusados inicialmente, dos han sido ofrecidos como testigos, nueve se encuentran con libertad condicional, seis han sido condenados.