En plenaria. Rodolfo Parker y el resto de legisladores tendrán que exponer sus alegatos. Foto EDH

Rodolfo Parker, del PDC y presidente del equipo legislativo, aseguró que la enmienda no alcanzará a los familiares que entreguen a coyotes a menores de edad.

El argumento del pedecista es que no está tipificado como delito el que un familiar deposite en manos de coyotes a los infantes.

“Aquí estamos hablando de agravantes, pero vamos a lo que es la figura delictiva. En ese caso, el abuelo no está incluido en la figura delictiva”, aseveró.

De acuerdo con el democristiano, la reforma sí se aplicará a las personas que trafiquen con niños prevaleciéndose de su cargo de superioridad originada por “relaciones de confianza”.

Para el pedecista, en la categoría “de confianza” entran el jefe de una oficina, el empleado de una industria o la sirvienta.

Donato Vaquerano, de ARENA, opina igual que Parker. “No podemos agravar algo que no está penado.

Cuando se habla de tráfico ilegal de personas, no estás mencionando a las personas que tienen a cargo los niños, por lo tanto, no podés agravar el delito, ya que no aparece en el Código”, dijo Vaquerano.

Blanca Flor Bonilla, del FMLN, sostiene que la reforma a quien castigaría sería a “terceros” que comercialicen o exploten sexualmente a los infantes.

“Aquí entra el tráfico, pero no entran los parientes. Eso fue lo que estaba en el texto anterior, no porque la Comisión lo haya aprobado, porque la Comisión no lo aprobó así y por eso se retiró el dictamen”, dijo la efemelenista, en alusión al primer texto que sancionaba explícitamente a los parientes que negocien con coyotes.