Ilegal. La Corte Suprema anuló la licitación del parqueo. Foto EDH

El nexo es Víctor Jacinto Colocho quien es el representante legal de Sistemas de Parqueos S.A. de C.V., la empresa que se llevó en 1999 el negocio del estacionamiento en San Salvador, y quien firmó con Cintec, en Miami, a nombre de Inversiones y Servicios del Istmo S.A. (una compañía panameña), la promesa de compra de las acciones de Manejo Integral de Desechos Sólidos (Mides, administradora del relleno sanitario en Nejapa).

Sistemas de Parqueos se quedó con el negocio del estacionamiento gracias a que funcionarios de la alcaldía, dirigida por Héctor Silva, aceptaron corregirle deficiencias presentes en su oferta de licitación.

Por esta anomalía -que consistió en no presentar a tiempo los documentos que certificaban su idoneidad financiera- la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia anuló, en marzo de 2003, la adjudicación del plan de parquímetros en San Salvador.

El proyecto nació con serias dudas legales. Una de ellas es que la comuna entregó el poder sancionador del Estado a los empleados de la empresa.

Además, la alcaldía definió el estacionamiento en las calles como un “servicio público”, una tesis que aún hoy defienden los diputados del CDU, el partido de Silva.

El problema es que un servicio público se define en la medida que los ciudadanos reciben, a cambio de una suma de dinero, una contraprestación, como el caso de la distribución del agua o la electricidad.

Las multas por evadir el pago de los parquímetros volvió a tomar notoriedad hace dos semanas, cuando El Diario de Hoy descubrió que había sido incluido en la Ley de Contravenciones Administrativas.

Nadie ha reclamado la autoría, pero el CDU lo ha defendido reiteradamente.