Rúbrica. El Viejo Lin conversa con Rodolfo Garay, después de firmar los pactos que acabaron con el conflicto. Foto EDH

Carlos Ernesto Mojica Lechuga, (El Viejo Lin), Manuel Joaquín Rivas, Willian Antonio López, Edgard Mauricio Rivas y Manuel Landaverde Flores, todos de la Mara 18, fueron quienes orquestaron la crisis suscitada la tarde del jueves en los penales de Chalatenango y Cojutepeque.

Para salvar el problema, el Gobierno y los mareros firmaron un acta en la que el Gobierno se comprometía a cumplirles varias exigencias y la salida pacífica de decenas de familiares que acuerparon a los presos, así como dos custodios y una empleada carcelaria que quedaron a merced de los mareros cuando se inició el problema.

Los pandilleros, liderados por Mojica Lechuga, arrancaron al Gobierno el compromiso de que no habrá represalias o castigos contra ellos ni los familiares que les apoyaron. El acuerdo establece que ningún marero será trasladado hacia otros presidios.

El Viejo Lin y su camarilla, por el contrario, pidieron que 15 de sus compañeros de pandilla que están recluidos en el penal considerado de máxima seguridad, en Zacatecoluca, fuesen trasladados para Chalatenango o Cojutepeque.

Por su parte, el director de centros penales, Rodolfo Garay Pineda, afirmó que no habrá traslados arbitrarios. “Si alguien es trasladado, será por su misma condición de riesgo y peligrosidad”, aseguró.

La crisis, que comenzó a las 3:25 p.m. del jueves, culminó la madrugada de ayer, pacíficamente. No hubo daños humanos ni materiales, según informaron funcionarios del Ministerio de Gobernación.

En una conferencia , el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Ávila, dijo estar satisfecho de la forma como se solucionaron los problemas, aunque sostuvo que poco faltó para que los internos exigieran que les dejaran en libertad.

Mediante conferencia informativa, Rodrigo Ávila sostuvo que están comprometidos en resolver seriamente los problemas por los que pasa el sistema penitenciario.

Aun así, Ávila aseguró que El Salvador está más avanzado en relación con otros países de la región en cuanto al tema carcelario.

“Sabemos que no podemos hacer milagros, que no podemos de la noche a la mañana resolver una problemática que se da igual que en otros sistemas penitenciarios de muchos países”, indicó el viceministro.

Actuarán

Una de las cosas que Ávila dijo que no podían seguir admitiendo, es que se estuviera jugando con la buena voluntad del Gobierno de realizar mejoras al sistema penitenciario, como lo ha comenzado a hacer el lunes anterior con las mesas de trabajo que buscan soluciones conjuntas a la situación carcelaria.

El viceministro dijo que le preocupaba y le daba tristeza que los mismos reos utilizaran a familiares, amigos de los pandilleros y sobre todo a niños como escudos.

“Anoche pudimos presenciar que los supuestos rehenes no eran rehenes, sino cómplices de una situación que lo que genera es zozobra, problemas”, aseguró Ávila.

Para el funcionario, a excepción de los dos custodios y de la empleada, las demás personas estaban participando en una acción orquestada para generar conmoción y hacerse escuchar de manera improcedente.

Ya lo sabían

El viceministro dejó entrever que por esta vez harían borrón y cuenta nueva, pero que de repetirse incidentes similares, adoptarían cambios drásticos en el régimen de visitas.

Según Ávila, la medida del jueves denotaba que los pandilleros no querían rehabilitarse. Dijo, además, que ya se preveía el conflicto, pero que no podían hacer nada; ni suspender la visita. “No tenemos una bola mágica para saber qué era lo que harían”, aseguró.

El funcionario dijo que de alguna manera van a poner orden en los penales, pues la ciudadanía así se los exige.

“Los impuestos de todos sirven para mantener a ese tipo de gente. No es justo que otras personas les estén ayudando a hacer acciones como las de ayer (jueves)”, sentenció Ávila.